Extrabajadores demandan a la Municipalidad de Santiago por despido injustificado y acusan persecución política

La semana pasada, se presentó una nueva demanda contra la Municipalidad de Santiago, realizada en esta oportunidad por 16 ex trabajadores de la anterior administración de Irací Hassler.

Los demandantes acusan al alcalde Mario Desbordes, al igual que la primera acción deducida por otro grupo de funcionarios, de haber sido despedidos sólo por motivos políticos, vulnerando sus garantías fundamentales establecidas en la Constitución Política, y también demandan al referido municipio por despidos injustificados.

Respecto a esto, Desbordes, en exclusiva con Diario Radio Universidad de Chile señaló escuetamente su postura.

“Que hagan las demandas. En tribunales vamos a ver quién tiene razón, los contratos se vencen el 31 diciembre, ésa es la ley”.

Esta nueva denuncia, como ya se indicó, se suma a la anteriormente presentada por 19 trabajadores a contrata, los que se encuentran en un conflicto judicial con el municipio capitalino, reclamando despidos discriminatorios por razones políticas.

Estas acciones son llevadas a cabo por el abogado Gustavo Mendoza, quien también fue apartado de sus funciones por el alcalde Desbordes y que en conversación con radio Universidad de Chile, señaló que “yo estaba contratado como abogado de la Dirección de Asesoría Jurídica y cumplía funciones propias y habituales como cualquier otro abogado de la dirección. Mis funciones eran técnicas y no políticas. Ingresé al municipio el 15 de febrero del 2023 y fui despedido el 31 de diciembre del 2024”.

Mendoza, militante del Frente Amplio reconoció haber colaborado en la campaña de la reelección de la ex alcaldesa Hassler, sin embargo, expuso que su despido del municipio se basó, al igual que como en el caso de los otros trabajadores demandantes, en razones políticas.

“Mi caso es similar al del resto de los compañeros despedidos por el municipio, ya que somos militantes de partidos políticos de izquierda, participamos activamente en la campaña de la reelección de Irací Hassler y fuimos contratados durante su administración”.

Así el letrado, puso como prueba de sus argumentos el video subido por el entonces candidato Desbordes a sus redes sociales, en el que criticó duramente a la administración de la ex edil por contratar a miles de trabajadores solo por su filiación con partidos de izquierda, Comunista y Frente Amplio y en el que prometió sacarlos del municipio para ahorrar costos y disminuir el creciente gasto político.

De igual manera, la demanda refutó los números de Desbordes, basándose en un estudio del diario La Tercera, llamado “Radiografía Municipal: Juicio a los alcaldes que buscan la reelección (o dejar un heredero), publicado el 15 de septiembre de 2024, en el que se menciona en que el personal municipal aumentó en cuatro años, solo en 209 personas, muy por debajo de la cifra referida por el actual edil, en su alocución de campaña.

Asimismo, el jurista, puntualizó que “en todas las direcciones municipales fueron contratados trabajadores en reemplazo de aquellos que fueron despedidos”.

Lo anterior en opinión del abogado, reafirmó el carácter ilegal de las desvinculaciones, basadas únicamente en consideraciones políticas. Y emplazó a Desbordes por sus afirmaciones.

“El alcalde como abogado sabe que todo lo que diga debe ser probado y no existe ningún elemento que pueda servirle para demostrar que los funcionarios separados son operadores políticos. Todos fueron notificados con posterioridad al 6 de diciembre del 2024 que a partir del 31 del mismo mes dejaban de prestar servicios para el municipio”.

En consecuencia, el abogado Gustavo Mendoza solicitó en las demandas que “el Tribunal declare que los despidos constituyen un acto discriminatorio por opinión política y conceda las indemnizaciones que se han solicitado en las demandas presentadas a la fecha y que seguiremos presentando en representación de otros trabajadores”.

Cabe consignar que los montos y prestaciones reclamados en ambos escritos judiciales suman alrededor de mil cuatrocientos millones de pesos, cifra que podría aumentar si se suman otros demandantes, lo que sin duda golpearía aún más las alicaídas arcas municipales si los tribunales del trabajo dan la razón a los trabajadores despedidos por la administración de Desbordes.