Grandes municipios catalanes piden asumir la distribución eléctrica como en Francia, Dinamarca o Países Bajos

Más de un centenar de municipios de Catalunya, entre ellos algunas de las mayores ciudades catalanas, como Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona, Terrassa, Manresa, Rubí, el Prat de Llobregat o Sant Cugat del Vallés, han reclamado en el Congreso de los Diputados poder asumir la distribución de electricidad, al igual que ya ocurre en otros países europeos como Francia, Dinamarca o Países Bajos.

La Associació de Municipis i Entitats per l´Energía Pública (Amep), que en diciembre acordó una declaración en Girona en favor de una red pública de distribución de electricidad, entregó el pasado 10 de febrero a varios grupos políticos en el Congreso de los Diputados, en el marco de una jornada sobre autoconsumo, una propuesta de modificación del marco jurídico de titularidad y gestión de esta actividad.

Se trata de un estudio elaborado el pasado diciembre por la consultora Samso, que dirige Joan Herrera, exdiputado de ICV en el Congreso y en el Parlament de Catalunya y ex director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).

El informe señala que “en la mayoría de países de nuestro entorno la norma es el carácter público en la titularidad de la red” de distribución, que es un monopolio natural, lo que “hace imperativo el carácter neutro del titular y del gestor de la red”. Expone los casos de varios países europeos para ilustrar “la necesidad de diferenciar entre la titularidad y la gestión de la red”, algo que España no hace. 

Aquí la red de media y baja tensión está en manos de empresas privadas (la de alta tensión es de Redeia, cuyo mayor accionista es el Estado con un 20%). Las cuatro grandes distribuidoras tienen 26,3 millones de los 29,5 millones puntos de suministro y “se llevan el 90% de la retribución”. 

El informe recuerda “diferentes denuncias” contra las grandes distribuidoras ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que afectan “a modelos vinculados tanto a la generación, al autoconsumo o a otros aspectos”. Y afirma que “la titularidad privada de la red de distribución es actualmente el principal talón de Aquiles para la transición energética decidida y participada que las directivas europeas encomiendan a los estados miembros”.

“Tanto en la generación, la comercialización, como también en los nuevos servicios como el autoconsumo, la agregación y la flexibilidad, el riesgo de la colisión de intereses con quien ostenta la titularidad y la gestión de la red de distribución, es un lastre para garantizar que estas actividades y dichos mercados se desarrollen en un marco efectivo de competencia”, afirma.

El estudio expone que en Dinamarca, estas infraestructuras son de ámbito municipal y las distribuidoras que las gestionan “son mayoritariamente propiedad, o bien de los consumidores o bien de los municipios” donde se ubican; en Francia, las redes de media y baja tensión pertenecen también a los municipios y las gestiona Enedis (filial de la estatal EdF). En Países Bajos por ley su propiedad es del Estado, sus provincias, los municipios u otros organismos públicos; y en Irlanda, esta actividad está en manos de una empresa pública (ESB). 

En Alemania, la desarrollan indistintamente operadores públicos o privados. Y en Portugal, el activo pertenece a la Administración y lo explotan empresas mediante concesiones de hasta 20 años.

Las redes, dice el informe, “proporcionan una gran cantidad de información sensible, datos sobre los consumidores y puntos débiles del sistema, lo que hace que sean consideradas infraestructuras críticas”.

“Muy ambiciosa”

El documento señala que “la reivindicación de la titularidad y gestión pública” es una meta “sin duda muy ambiciosa”, que requiere “poner de manifiesto los problemas y contradicciones de la actual situación” y adoptar “acciones reales, útiles y viables”.

Los retos que cita son “la transparencia en la información, la participación en la planificación de las inversiones, el control y la mejora de la calidad del servicio, la eliminación de las barreras administrativas y técnicas que imponen las distribuidoras, la modificación de la regulación y la normativa, construyendo así una base sólida y creíble por la futura titularidad pública de esta infraestructura clave para el desarrollo del país y el bienestar de la ciudadanía”.

Amep plantea cambiar la Ley del Sector Eléctrico para que recoja que “la titularidad de las redes de distribución y transporte de electricidad es pública”, y que los municipios puedan ser titulares de las redes que operen en su ámbito territorial y “concesionar” estos servicios “no más tarde del 31 de diciembre de 2026”. 

Pero, como “propuesta de mínimo”, plantean que en los nuevos desarrollos urbanísticos, y para evitar un “enriquecimiento ilícito” de las distribuidoras, las nuevas redes que se pongan en marcha y den servicio a más de 500 puntos de suministro o tengan más de 5 megavatios (MW) de potencia contratada se cedan a los municipios. Y que las distribuidoras solo reciban las de menor tamaño, cediendo el 50% del beneficio de explotación de las instalaciones a los municipios.

Actualmente, en los desarrollos urbanísticos se incluyen las redes de distribución eléctrica entre las cargas que debe soportar el promotor y la ley dice que “todas las instalaciones destinadas a más de un consumidor tendrán la consideración de red de distribución y deberán ser cedidas a la empresa distribuidora de la zona, la cual responderá de la seguridad y calidad del suministro”.

Para “que se garantice como mínimo la competencia”, Amep propone obligar a las eléctricas a vender sus activos de distribución en las regiones en las que también tengan activos de “comercialización o distribución”. Se trata “de garantizar la competencia, en términos liberales, haciendo que la no efectiva separación de actividades no suponga un lastre para la economía, en el ejercicio de determinadas posiciones de dominio”, dice el documento, que también plantea que las comunidades energéticas puedan ser dueñas de redes de distribución y puedan adquirirlas o alquilarlas.

De ámbito catalán, Amep se constituyó en 2021, promueve la titularidad y la propiedad pública de las redes de energía eléctrica y apoya a los entes locales para acelerar la transición energética. Integrada en la Alianza por el Autoconsumo, cuenta ya con 119 asociados, 114 municipios, tres entidades y la Diputación de Girona, “que conforman una representación muy transversal por todo el territorio catalán”. 

Sus asociados agrupan a territorios que concentran una población de unos 3,5 millones de personas, cerca del 43% del total de Catalunya. Su coordinador, Arnau Comas, que fue candidato en las listas de la CUP al Ayuntamiento de Barcelona, lo resumió así en el Congreso: los municipios están “en primera línea” y “por nuestras manos pasa la transición energética, pero no tenemos competencias”.