Los contratos de emergencia de la DANA inflan los precios de la obra pública: Mazón dispara el hormigón un 180%

Los precios de los materiales de la obra pública de todas las administraciones se han disparado con los contratos de emergencia de la DANA. La subida ha sido generalizada por parte de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que han creado tablas de Presupuestos de Ejecución Material (PEM) específicos para la emergencia derivada de la destrucción del pasado 29 de octubre.

Después de la tragedia de la DANA, que arrasó con numerosas infraestructuras de titularidad estatal, autonómica y provincial, tales como puentes o carreteras, los contratos de emergencia, adjudicados a dedo, han engordado la cifra de negocio de constructoras e ingenierías. La contratación urgente ha supuesto una buena oportunidad de negocio para las constructoras, algunas implicadas en la financiación ilegal de diversas 'cajas B' del PP en tramas de corrupción como los casos 'Gürtel' y 'Taula', que han recibido más de 60 millones de euros.

Al reparto del pastel también han sido invitadas empresas como la que empleaba al actual jefe de gabinete de Carlos Mazón (cuyo contrato inicial para limpiar polígonos se multiplicó por ocho posteriormente) o una firma de la familia del empresario Enrique Ortiz, condenado por financiar ilegalmente al PP valenciano.

Con ese trasfondo, el Consell de Mazón ha aprovechado para actualizar los precios de rellenos, mezclas bituminosas y hormigones, entre otros materiales, para reconstruir carreteras y otras infraestructuras dañadas por la barrancada. También lo ha hecho el Gobierno de España, según han confirmado a elDiario.es fuentes del Ministerio de Transportes.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que dirige Vicente Martínez Mus y que ha adjudicado gran parte de la obra pública de reconstrucción tras la DANA, ha disparado el precio del hormigón un 180,1%: de 80,35 euros por metro cúbico en los precios vigentes hasta ahora en sus PEM del periodo 2021-2025 para la obra pública a 150,97 euros en la nueva lista de precios de los contratos de emergencia, según indica la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

No es el material que más se ha disparado: el aglomerado asfáltico (la sustancia que se utiliza para pavimentar carreteras o calzadas) ha aumentado un 241%: de 45,70 euros la tonelada a 104,65 en los contratos de emergencia. También la mezcla bituminosa crece un 208,2% (de 75.1 a 155,25 euros la tonelada). El acero pasa de 1,06 a 1,73 euros el kilo.

Fuentes del departamento autonómico de Infraestructuras consultadas por este diario consideran que existen varios factores que explican el aumento de los precios. “En los últimos años, se ha vivido un incremento de costes general que ha llevado, entre otros, a que haya empresas que no hayan materializado diferentes obras. Una situación que ha llevado a actualizar precios a las diferentes administraciones para ejecutar los trabajos”, aseguran las mismas fuentes.

La administración autonómica, en el caso de los contratos de emergencia, “ha buscado adecuarlo al mercado actual en un contexto más tensionado. Actualmente, existe una oferta limitada y mucha demanda, lo que lleva al contratista a reponer rápidamente los materiales con un menor margen para optimizar precios”.

También sube el precio del betún

La Diputación de València también ha disparado sus precios, según revela la documentación de los contratos de emergencia licitados después de la DANA. El precio del betún asfáltico (el material encargado de aglomerar y dar cohesión en las mezclas bituminosas usadas para asfaltar) ha pasado de 440 a 711,96 euros por tonelada. El ministerio lo tenía en su relación de precios previa a la DANA a 650 euros por tonelada.

El Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, también reconoce la subida de los precios al calor de los contratos de emergencia adjudicados tras la DANA, según un portavoz oficial. Por otro lado, fuentes conocedoras de la licitación de la obra pública estatal explican que la demanda “se ha disparado” y los suministros “han duplicado precios”.

“También hay que tener en cuenta que muchos precios de las bases de datos estaban ya bajos, por lo que no todo el incremento es debido a la DANA. Para una emergencia como esta, no puedes pagar lo mismo que en una obra licitada con un contrato abierto”, advierten las mismas fuentes. El Gobierno de España fue la primera institución en licitar y acabar las obras en la A7, que se pudieron finalizar antes de que finalizara noviembre.

En este sentido, la obras de emergencia han permitido a la Generalitat tres meses después de la tragedia la posibilidad de seguir dando grandes contratos a dedo. El hecho de adjudicarlos sin concurrencia pública permite que no haya competencia para que se produzcan bajas, que habitualmente rondan el 30%. Es más, con el nuevo catálogo del PEM, la Generalitat permite incrementos considerables de precios que benefician a las empresas que acometen las obras.

ElDiario.es ha analizado 20 contratos de emergencia por parte del departamento de Martínez Mus para obras en carreteras. En total, 99,5 millones euros (IVA incluido). Este montante habría sido inferior en caso de utilizar el PEM vigente en 2025 o de haber hecho expediente con concurrencia de otras empresas. Finalmente, y tres meses después de la DANA, se sigue usando el procedimiento de emergencia.

La patronal: “Debemos aparcar otras obras en las que trabajamos”

El presidente de la Federación de Empresas Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval), José Luis Santa Isabel, explica que los precios de los materiales y los presupuestos de ejecución material se deben incrementar en los casos de emergencia para compensar los gastos de las constructoras. “Los horarios son dilatados y hay que trabajar 24 horas. Hay un incremento de costes evidente, porque debemos tener disponibilidad y aparcar otras obras en las que trabajamos”, explica Santa Isabel.

José Luis Santa Isabel cifra en 1.000 las máquinas y en 5.000 los operarios que las empresas contratistas desplegaron ya el día 30 de octubre. “Eso tiene un coste que se debe compensar”, asegura.

Por el contrario, otras fuentes con experiencia en el sector público sostienen que se trata de una “oportunidad de oro para forrarse” camuflada en un escenario de crisis y en la baja disposición de recursos.