No tienen papeles, perdieron todo tras la DANA y son excluidos de la regularización por no tener padrón: "Parece que no existimos"

La noticia de la regularización para los afectados por la DANA hizo pensar a Diana en sus hijos. La mujer celebró que por fin podría conseguir los papeles, encontrar un trabajo regular y traer a sus niños de Colombia. Ella y su marido fueron arrastrados por la corriente y permanecieron durante más de una hora agarrados a los barrotes de una ventana. Desde aquel 29 de octubre extrañan aún más a sus hijos y viven en una situación aún más precaria, pensó que podía salir adelante de nuevo, pero sus ilusiones se interrumpieron cuando conoció la letra pequeña de la medida.

Diana es colombiana, vive sin papeles en Benetússer, uno de los municipios valencianos más castigados por las inundaciones, perdió la casa en la que vivía junto a su marido y aún siente terror en su cuerpo cuando se levanta un poco de viento. Pero no podrá solicitar la regularización: el Gobierno ha impuesto como requisito estar empadronado en uno de los pueblos azotados por la DANA o contar con cita para hacerlo antes del 4 de noviembre, como único método para demostrar la residencia de los solicitantes en la zona. Y ella, como muchos otros migrantes en su situación, no está empadronada. 

“No te alcanzas a imaginar lo contenta que estaba porque había salido la regularización y mi anhelo siempre ha sido tener papeles para tener un trabajo digno para estar con mis hijos. Y no. Me salieron con las sorpresas: si no hay un padrón no me sirven los testigos, los vecinos, no me sirve nada de todo lo que me pasó. Porque es como si no me hubiese pasado absolutamente nada”, responde enrabiada por teléfono. “Los sueños despertados por esa noticia se me vinieron abajo”, añade la colombiana, que desde la gota fría vive en una habitación que le han dejado unos conocidos. 

Es una de las cientos de personas que, según las ONG que atienden a personas migrantes en la zona, se verán excluidas de la regularización aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes. En la misma situación se encuentran Hicham y Ali, dos hombres marroquíes que llegaron en patera a Canarias y malviven en una fábrica abandonada en el municipio de Aldaia, donde no pueden empadronarse. 

Desde el anuncio de la medida, las organizaciones especialistas en inmigración dieron la voz de alarma. La exigencia del empadronamiento para poder acceder a dichas ayudas puede dejar atrás a cientos de afectados de la DANA que vivían o trabajaban en los municipios inundados pero que no lograron registrarse en el padrón debido a las trabas con las que habitualmente se encuentran para ello. 

Diana llegó a estar empadronada en otro de los municipios afectados, en Mislata, pero después de la riada se dio cuenta de que la anterior casera la había echado del padrón. La precariedad que suele caracterizar las condiciones de vida de las personas sin papeles, sumado a la falta de información y las trabas con las que se choca obstaculiza a muchas de estas personas su registro en el padrón.  

“El bajo donde vivía actualmente en Benetússer no tenía permiso de habitabilidad”, cuenta la colombiana. “Trabajaba todo el día cuidando a una señora y es muy difícil sacar tiempo para empadronarse. Cuando trabajas para una abuelita, te necesitan 24/7, fines de semana. Tenía que elegir: o pelearme para hacer el padrón o mandar el dinero a mis hijos”, lamenta la mujer, quien aún ve su vida paralizada tras las inundaciones. Ella y su marido perdieron sus empleos pero, sin contrato y sin papeles, no pudieron acceder a ningún tipo de ayuda. Tampoco tenían derecho a solicitar ningún tipo de indemnización en relación a los enseres arruinados en el garaje donde residían. 

Después de la riada, Diana no pudo desplazarse al municipio donde trabajaba cuidando a una señora mayor y la despidieron. “Al ver que no pude asistir en esos días consiguieron reemplazo. Fue imposible por la cuestión del transporte”, detalla la colombiana. “Son personas muy lindas, pero solo me liquidaron los días que había trabajado, nada más”. Había cobrado el mes el día 25 de octubre pero el agua se llevó todo su sueldo. Obtener los papeles le permitiría, dice, buscar un trabajo regular y empezar de cero con los derechos básicos de cualquier ciudadano.

“No te terminas de recuperar. En estos días que estaba haciendo tanto viento, volvía a pensar: ¿igual va a volver a pasar? Con todo el trauma y con todo el problema que nos ha dejado las inundaciones: sin ropa propia, sin nada de lo conseguido en estos dos años”, lamenta Diana.

Vivir en una nave sin agua ni luz tras la DANA

Hicham tiene 46 años y es experto en la construcción. A su lado se encuentra Ali, de 27 años y con conocimientos en peluquería y en soldadura. Los dos llegaron en patera a Canarias y se conocieron en un albergue en Aldaia, uno de los municipios en el que la gota fría dejó seis víctimas mortales. Ambos aseguran que, durante su estancia en este centro, se les denegó el empadronamiento en este centro: “Nos decía que nos teníamos que ir para que nos lo diesen y era todo mentira. Nos mandaban a hablar con muchas personas y al final nada. El ayuntamiento no nos deja”, confiesa Ali.

“Es difícil conseguirlo”, se suma Hicham sobre un derecho al que pueden acceder todas las personas residentes en España, sin importar su situación legal, tal y como marca la legislación vigente de la Ley de Extranjería y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ahora viven en una fábrica abandonada donde aseguran estar conviviendo cerca de 30 personas sin agua y sin luz. “Buscamos chatarra para conseguir algo de dinero”, cuenta Hicham. Durante la riada, el Ayuntamiento de Aldaia, junto al de Alaquàs, les proporcionó un autobús para acoger a varios de estos migrantes en un hotel en Castellón durante dos semanas. Después, les devolvieron a la casa en ruinas donde continúan intentando sobrevivir sin recursos mínimos a los estragos de la DANA y a su situación de vulnerabilidad anterior a esta catástrofe. “Tuvimos miedo pero gracias a Dios no nos afectó mucho. Hubo agua, pero no fue grave. Hay gente que vive en la planta baja que lo perdió todo, pero nadie murió”, detallan.

Según explican, han podido recibir tarjetas para comprar alimentos a través de organizaciones como Jovesolides, Cepaim y Cruz Roja. “El Ayuntamiento de Aldaia vino las primeras semanas a traernos comida, pero ahora se han olvidado de nosotros”, se quejan.

Durante la DANA, cuenta Ali, tuvieron que hacer frente a distintos cacheos y tratos discriminatorios por parte de las fuerzas policiales: “La policía siempre viene y nos pregunta cómo te llamas y la documentación. Nos decían que volviéramos a nuestros países y qué hacíamos aquí”, explica el joven.

Cuando acuden al centro de salud, cuenta, tampoco es sencillo sin estar registrados en el padrón. Hicham también reprocha el trato que recibe: “Nos dan una tarjeta sanitaria provisional que caduca a los dos meses y luego no la quieren renovar porque no tenemos el empadronamiento”, aclara. “Muchas veces pienso en por qué tuve que irme y qué hago en España. Es complicado dormir en la calle”.

Tanto Hicham como Ali piden que se tenga en cuenta su condición de desprotección y el escenario de incertidumbre al que deben enfrentarse cada mañana cuando tienen que buscarse la vida para poder comer, especialmente tras la riada, e instan al Gobierno que se les tenga en cuenta a pesar de no tener el empadronamiento por las trabas burocráticas.

Desde Valencia Acull, llevan años denunciando los obstáculos que sufren las personas sin papeles para registrarse en el padrón en los municipios de la provincia. “Muchas personas sin papeles viven en habitaciones subarrendadas, bajos sin cédula de habitabilidad. Viven donde pueden y muchas veces no pueden demostrar que viven allí al no tener contrato de alquiler o no contar con el permiso del dueño. Deberían ser empadronados de oficio pero muchos ayuntamientos ni contemplan la posibilidad de registrarlos en el padrón en estos casos”, señala Paco Simón, miembro de la organización. Algunos ayuntamientos donde si contemplan lo que llaman empadronamientos “especiales”, como el de Valencia, utilizan protocolos que también se convierten en un impedimento para formalizar el trámite: “Mandan a policías locales a verificar que viven allí, pero a veces el dueño toma represalias y los echa a la calle. Demostrar el padrón es muy difícil”.

Fuentes del Ministerio de Inclusión sostienen que el empadronamiento es una vía “objetiva” para demostrar la residencia y “acotar” la regularización para evitar situaciones de posibles fraudes ligadas a la medida.

Para no dejar atrás de la regularización a gente como Diana, Hicham, Ali y tantos otros, organizaciones como Valencia Acull, Oxfam Intermón o JoveSolides piden al Gobierno que flexibilice los requisitos y añadan otras fórmulas para que los solicitantes puedan probar de otra manera su residencia en los municipios afectados por la DANA. Ponen como ejemplo la presentación de informes sociales, el pago de suministros, la matrícula de escolarización de sus hijos o la tarjeta sanitaria.

“Tendría muchas maneras de demostrar que vivía en Benetússer. Mis vecinos nos salvaron de ser arrastrados por la riada tirándonos una cuerda y una manguera. Tengo vídeos del bajo donde vivía destrozado. Mis visitas al médico, a los servicios sociales... Pero parece que todo eso no importa. Siento que si no nos hubiesen salvado, a nadie le importaría. Es como si no existiésemos”, dice Diana, ya rota en lágrimas, mientras trata de reclamar su derecho a ser regularizados.