Trump recurre a Corte Suprema para despedir a un alto funcionario
La administración de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que despida al jefe de una agencia estadounidense que protege al personal federal y a los denunciantes de irregularidades, según una solicitud vista por la AFP.
Es la primera vez que Trump recurre al máximo tribunal, dominado por los conservadores, en defensa de sus primeras medidas.
Varias de sus decisiones para recortar el gasto público y desmantelar las agencias federales se enfrentan a desafíos legales y algunas han sido bloqueadas por la justicia.
La Casa Blanca despidió a Hampton Dellinger el 7 de febrero, un abogado jefe de la Oficina del Asesor Especial. Pero Dellinger demandó al presidente y un tribunal de distrito ordenó que se lo restituyera.
El sábado, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos rechazó la solicitud de la administración Trump de anular la decisión.
El recurso de urgencia presentado el domingo ante la Corte Suprema calificó esto como un "ataque sin precedentes a la separación de poderes", según una presentación vista por la AFP.
Agregó que "hasta ahora, hasta donde sabemos, ningún tribunal en la historia estadounidense ha emitido una orden judicial para obligar al presidente a mantener a un jefe de agencia a quien el presidente cree que no se le debe confiar poder ejecutivo y para evitar que el presidente pueda depositar su confianza en un reemplazante de su preferencia".
Advirtió que la intervención del tribunal de Nueva York "ejemplifica una tendencia más amplia, que dura semanas", y agregó que la Corte Suprema "no debería permitir que el poder judicial gobierne mediante órdenes de restricción temporales y suplante la responsabilidad política que ordena la Constitución".
Trump, que comenzó su segundo mandato el mes pasado, lanzó una campaña liderada por su principal donante, el multimillonario Elon Musk, para reducir o desmantelar sectores del gobierno estadounidense.
Pero se ha enfrentado a un creciente rechazo por parte de los tribunales, con cerca de una docena de órdenes judiciales emitidas contra la administración a partir de unas 40 demandas.
Esto incluye un intento de congelar 3 billones de dólares en subvenciones y préstamos federales, un programa de dimisión diferida para los trabajadores del gobierno y un plan para trasladar a las reclusas transexuales a cárceles de hombres.
También ha chocado con los jueces por su plan para abolir la ciudadanía por derecho de nacimiento, el envío de inmigrantes venezolanos a Guantánamo, los recortes de fondos a los Institutos Nacionales de Salud y los despidos en la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID).
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