Cuatro niños afroecuatorianos fueron detenidos por militares en Guayaquil y posteriormente hallados calcinados cerca de una base militar en Naranjal. Pese a la evidencia de desaparición forzada, el gobierno de Daniel Noboa evade responsabilidades y despliega una narrativa racista para justificar el crimen. La justicia declaró la desaparición forzada y ordenó medidas reparativas, pero el Ministerio de Defensa incumplió con el reconocimiento público de los hechos. Mientras organizaciones de derechos humanos denuncian la militarización y el uso de la violencia estatal, Ecuador enfrenta su mes más violento registrado.
