¿Alquiler indefinido? Una vuelta a la "renta antigua" de Franco que sería el hachazo definitivo al mercado

En lo que pretende ser una vuelta de tuerca más a las políticas intervencionistas que la coalición de Gobierno formada por PSOE y Sumar ha aplicado al mercado de la vivienda, Más Madrid ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Asamblea de Madrid para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) e introducir una nueva modalidad: el contrato de alquiler indefinido. Se trata de acabar con las limitaciones temporales que hay ahora mismo en los contratos (cinco años en el caso de los pequeños propietarios y siete en el de los grandes tenedores) para, según la formación, acabar con la imparable subida de los precios del alquiler que, en su opinión, provocan «desahucios invisibles» de familias que no pueden renovar sus contratos.

La medida supondría en la práctica volver a una suerte de «renta antigua» como la que había durante el periodo franquista. Y según todos los expertos, al contrario de lo propugnado por la formación de izquierdas, más que una mejora, tensionaría todavía más el ya de por sí muy complicado mercado del alquiler y acarrearía, además, otros efectos colaterales en otros sectores de actividad.

«Las prórrogas indefinidas ofrecen mayor estabilidad a los inquilinos, pero inseguridad a los propietarios a la hora de poder recuperar su vivienda», afirma María Matos, jefa de Estudios y portavoz de Fotocasa. «Para que este tipo de medidas funcionasen, tendrían que incluir una contrapartida que compensase a los propietarios», añade.

La propuesta de Más Madrid es un tanto vaga a este respecto pues apenas ha trascendido que el contrato se podría terminar bajo una serie de condiciones como, por ejemplo, que el casero necesite su propiedad como vivienda habitual para sí mismo o para un familiar próximo.

En cualquier caso, Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, considera que un alquiler indefinido haría poco atractivo el mercado para los pequeños propietarios, que cree que sacarían los pisos de este mercado. «Limitaría la liquidez de su inversión. En caso de que quisieran vender el inmueble, tendrían que hacerlo con un 30 o un 40% de descuento sobre su precio real porque tendrían que cerrar la operación con un inquilino dentro», explica. Tampoco sería un buen negocio para grandes tenedores, según Robin Decaux, consejero delegado y cofundador de Equito, ya que «podría provocar más incertidumbre entre los inversores, afectando directamente en el desarrollo de nuevos proyectos de alquiler».

«Si se obliga a los propietarios a alquilar de forma indefinida y por el mismo precio, no hay ningún beneficio para ellos», asegura Arantxa Goenaga, abogada y socia de AF LEGIS. «La renta con un alquiler indefinido no se actualiza conforme se incrementa el coste de la vida y, por tanto, cada vez se saca menor rentabilidad por ese inmueble», añade.

Ello, según Goenaga, conduciría a que no se invirtiera en dichas propiedades y que quedaran obsoletas. «De hecho, esta propuesta es volver a la normativa que teníamos antes de la Constitución y que tuvo que ser reformada, precisamente, para que el parque inmobiliario mejorase, dado que los edificios quedaban obsoletos porque no se realizaba ninguna inversión», argumenta.

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«Al existir un contrato indefinido, ninguna de las partes estaría motivada en mantener la propiedad en buen estado, lo que podría llevar a un deterioro de la vivienda», apostilla Ramón Riera, presidente de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias.

La reducción del mercado del alquiler tradicional, con una más que previsible fuga hacia el de temporada para esquivar la limitación de los precios, según apunta Iñaki Unsain, uno de los «personal shopper» inmobiliarios de referencia en España; sería «el hachazo definitivo para todas las familias que optan por vivir de alquiler en España», según Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. «Una caída añadida de la oferta solo conseguiría aumentar el número de familias expulsadas del mercado, haciendo del alquiler algo todavía más elitista de lo que ya lo es hoy», advierte.

Otra posible derivada negativa de los alquileres indefinidos sería su impacto en el mercado laboral. Carroza asegura que la medida iría contra la movilidad geográfica dado que «la gente no abandonaría su trabajo por miedo a no encontrar otro piso en similares condiciones».

Ramón Riera también advierte de que la transición a contratos indefinidos «podría generar un aumento en disputas legales entre propietarios e inquilinos, sobre todo en casos de impago o en incumplimiento de contrato».

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Frente a recetas que huelen al pasado, el sector inmobiliario sigue defendiendo que la única fórmula para domar los precios del alquiler es incrementando la oferta. «Hay que tomar medidas para fomentar el mercado del alquiler y no para que retroceda», dice Mercedes Blanco, consejera delegada de Vecinos Felices Administración de Fincas.

«El problema en España es que no hay vivienda suficientes. Y las administraciones deben promoverlas», añade Antonio Carroza. «Se necesita consenso para construirlas en aquellos puntos donde hay problemas, como las grandes ciudades», reflexiona Carroza.

O, en todo caso, reenfocar el alquiler indefinido. «La medida que se deberían plantear sería este alquiler indefinido para los pisos con alquiler social. Que sea la administración la que asuma ese descenso en el mercado inmobiliario. Pero para eso sería necesaria una inversión pública en vivienda y no es precisamente lo que se está realizando», finaliza Arantxa Goenaga.