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Sánchez allana la legislatura tras cerrar la crisis con Junts y cumplir un gran acuerdo con ERC

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El Gobierno logra en un solo día cerrar la crisis con Puigdemont, que retira su cuestión de confianza tras atar un acuerdo inminente en inmigración, y materializa con la condonación del FLA el primer gran acuerdo con Esquerra

Junts retira la cuestión de confianza a Sánchez a la espera de llegar a acuerdos con el Gobierno

El Gobierno ha allanado el camino para una legislatura larga y con mayoría en el Congreso tras ser capaz de alinear a ERC y Junts, uno para que se mantenga como socio y, el otro, para que rebaje su beligerancia. Tras largas negociaciones mantenidas a ambas bandas durante semanas, este lunes el Ejecutivo de Pedro Sánchez logró poner fin a la última crisis con Carles Puigdemont y el cumplimiento de una de las grandes promesas a Oriol Junqueras, como es la condonación de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Nada es para siempre y menos con los partidos independentistas, que tienen una especial necesidad de escenificar conquistas en Madrid. Pero haber sido capaz de capear el enfado de Junts en los últimos meses, así como contentar a un Junqueras que ha aumentado su grado de exigencia desde su reelección como líder republicano, hace que el Gobierno pueda pensar hoy en una estabilidad parlamentaria que a finales del año pasado era imposible, e incluso soñar con unos presupuestos.

En el Gobierno evitan, por ahora, cualquier exhibición pública de euforia por el indudable espaldarazo a la legislatura que supone haber conseguido desbloquear de un plumazo acuerdos tan trascendentes con ERC y Junts, dos de los grupos parlamentarios sobre los que descansa la capacidad de acción del Ejecutivo en el Congreso. En privado, todas las fuentes socialistas consultadas sí admiten que el paso dado este lunes supone una bocanada de aire para Sánchez y para sus planes de proyectar su mandato hasta el año electoral de 2027. Porque creen que, por encima incluso del contenido de los acuerdos, lo que prevalece es la voluntad explícita de una mayoría parlamentaria otra vez engrasada de no hacer caer al inquilino de la Moncloa. 

La puesta en escena y la comunicación de esos pactos se produjo de una manera completamente calculada, coordinada y pactada por todas las partes, como ya ocurrió en su día con los acuerdos de investidura entre el PSOE y las fuerzas independentistas catalanes. Aunque el principal escollo, como siempre, estaba en Junts, el Gobierno trabajaba desde hacía semanas el impulso a parte de los grandes acuerdos pendientes con Esquerra, un aliado estratégico ya para los socialistas desde 2018 en Madrid y ahora también en la estabilidad del Govern de Salvador Illa, a quien en Moncloa no quieren descuidar frente al continuo afán de foco de Puigdemont.

Inmigración y Protocolo 16 por la retirada de la PNL

La cuestión más complicada ha sido la carpeta de Junts que, aunque está lejos de solventarse del todo, ya no quema. El expresident comparecío en Bélgica en diciembre cargando contra el Gobierno por una falta de cumplimiento de sus compromisos que le llevaban a, en teoría, pausar toda colaboración parlamentaria, a la vez que le reclamaba una cuestión de confianza en forma de Proposición No de Ley.

Una fórmula políticamente original y dudosa jurídicamente puesto que la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno. Pero, mientras la Mesa dormía el asunto, Junts mostró su capacidad pirotécnica tumbando decretos importantes para el Ejecutivo.

A lo largo del último mes, PSOE y Junts han ido rebajando el nivel de beligerancia en diversos contactos. Pero fue el último de ellos, 72 horas antes de la comparecencia de Turull, donde todo quedó cerrado, durante una nueva cumbre en Bruselas entre Puigdemont y los negociadores del PSOE, el pasado viernes Tras dos meses de vaivenes, con la implicación de un mediador internacional, de un expresidente del Gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero y con varias crisis parlamentarias entre medias, los socialistas consiguieron dar con el cable exacto para la desactivación de la Proposición No de Ley más famosa de la historia del Congreso, la de la cuestión de confianza a Pedro Sánchez.

El Gobierno ya consiguió hace justo un mes que los independentistas catalanes reformularan esa PNL que debía ser debatida y votada en Pleno este martes. Después se volcaron en conseguir su completa retirada para evitar una imagen de debilidad del Ejecutivo y a cambio de acelerar gran parte de los acuerdos pendientes. El primero cristalizará ya este mismo martes, porque el Consejo de Ministros ratificará el denominado ‘Protocolo 16’, que permite a los Altos Tribunales, como el TSJ de Catalunya, solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que emita opiniones consultivas sobre cuestiones de principio relativas a la interpretación o a la aplicación de los derechos y libertades definidos en el Convenio o sus Protocolos, una demanda de Junts. 

Pero habrá más. Según todas las fuentes consultadas, el siguiente anuncio en hacerse público será el de las competencias en inmigración, muy avanzado en las dos últimas semanas tras superarse los escollos surgidos. El Gobierno ultima un anteproyecto de ley orgánica que permita a las comunidades gestionar la acogida migratoria y que introduzca fórmulas legales para que policías autonómicas como los Mossos puedan acompañar a la Guardia Civil en trabajos fronterizos y proponer expulsiones, sin que la competencia deje de ser en ningún caso exclusiva del Estado. 

Una puesta en escena que premia a ERC

Se pactó que la ofensiva política del PSOE por agasajar a Junts y recuperar su apoyo parlamentario iría acompañada de un ‘trofeo’ político para ERC que se encargó de anunciar en primera persona Oriol Junqueras. El líder republicano adelantó el acuerdo para la condonación a Catalunya de 17.000 millones de euros de deuda. Minutos más tarde, María Jesús Montero compareció en el Ministerio de Hacienda para explicar que el paso dado implica un beneficio global para todas las comunidades autónomas porque el Estado está dispuesto a asumir 83.252 millones de deuda del conjunto de administraciones autonómicas.

La propuesta, que estaba encarrilada desde hace tiempo con ERC a la espera de acompasar su implementación con los pasos de Junts, será trasladada al conjunto de ejecutivos autonómicos este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y están convencidos en el Gobierno de que, al contrario que la financiación singular, se trata de un debate público que tienen ganado y que deja al PP atrapado entre su estrategia de oposición a Sánchez y las necesidades de las comunidades autónomas. 

Aunque nadie en la Moncloa se atreve aún a poner la mirada en los Presupuestos, sí hay en el Gobierno la sensación de que este lunes se pasó un nuevo Rubicón político que permite afrontar con razonable optimismo la segunda mitad de la legislatura. Con la receta de siempre de Pedro Sánchez: exhibir estabilidad en medio de la tormenta mientras todo el mundo pregunta por el naufragio. 




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