La jueza de la DANA desmonta a Feijóo: para salvar vidas, "no era preciso instar la declaración de emergencia nacional"

PP y Vox, pero sobre todo el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo han defendido “desde el primer día” que el Gobierno de Pedro Sánchez debería haber decretado la emergencia nacional, entre otras cosas, para el mismo día 29 de octubre el Ejército o las fuerzas de seguridad del Estado se hubieran desplegado supuestamente más rápido sin necesidad de coordinación de la noqueada administración valenciana. Pero la jueza que investiga la causa no comparte esta opinión y considera que, “al objeto de alertar a la población”, y por lo tanto de salvar alguno de los 227 “fallecimientos imprudentes”, “no era preciso instar la declaración de emergencia nacional”.

En un auto emitido este lunes, en el que exime a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, de cualquier responsabilidad penal en las muertes provocadas por la falta de Aviso en la DANA, la jueza explica detalladamente que las competencias de alertar a la población son exclusivamente autonómicas. “Se podía realizar perfectamente [el aviso a la población] desde el ámbito autonómico que estaba asumiendo las competencias en materia de emergencias. No era preciso trasladar dicha actuación, que se adoptaran medidas de autoprotección, a la administración central a través del Ministerio de Interior”, argumenta claramente la magistrada. Además, la juez deja en evidencia otra vez a Feijóo porque relata que si no se declaró la emergencia nacional es porque “existió consenso a nivel autonómico y central en que no procedía” hacerlo.

“La cercanía de la Comunidad autónoma a los ciudadanos, al lugar donde se estaba produciendo la emergencia, constituye un elemento esencial en el ámbito de la protección civil, permite conocer la gravedad de la emergencia y acordar lo procedente con la máxima celeridad, uno de los principios por los que se rige la protección civil. Una de las medidas procedentes en materia de protección civil es la comunicación a la población de medidas de autoprotección”, argumenta la magistrada que, básicamente, lo que hace es poner encima de la mesa la ley de Emergencia autonómica y el Plan de Inundaciones.

La jueza limita su investigación penal a las muertes que considera podrían haber sido “imprudentes” y no entra en si la emergencia nacional debería haberse decretado en los días posteriores, lo que hubiera significado apartar a Carlos Mazón de la gestión de la DANA. Una especie de 155 por incompetencia. “Ha de recalcarse igualmente que ni se acordó de oficio por la administración central ni tampoco se solicitó por ninguna de las partes legitimadas, Delegación del Gobierno o la Comunidad Autónoma, ni el 29 de octubre ni los días siguientes, la declaración de emergencia a nivel nacional”, asegura.

Para la jueza, sobre la declaración de emergencia, “cuestión distinta fue la situación que se desencadenó a posteriori, cuando ya se había constatado un altísimo número de fallecidos, las poblaciones estaban devastadas, faltaban recursos esenciales como luz, agua, teléfono, las calles de algunas poblaciones acumulaban tal número de coches que las personas no podían circular por ellas, el barro lo inundaba todo, las carreteras estaban impracticables, puentes derribados, no había servicio de tren ni metro, se producían pillajes y los voluntarios suplían la tardanza en la ayuda”. Pero eso se tendrá que derivar en otros procedimientos en caso de petición de indemnizaciones y otras, pero no por los 227 fallecidos.