SMI: tributar o no tributar
Como se dice que dijo Benjamin Franklin, “en este mundo no hay nada seguro excepto la muerte y los impuestos”. Pues ya que los tenemos, y yo los quiero seguir teniendo porque son no un mal sino un bien necesario, hagamos que sean realmente justos por arriba, por abajo y por el centro
Por fin, después de idas y venidas, se ha aprobado, con el acuerdo de las organizaciones sindicales CCOO y UGT en la Mesa del Diálogo Social, el Salario Mínimo Interprofesional para 2025, plasmado en el Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero. Un SMI que genera amplia satisfacción porque afecta todavía a muchas personas.
Queda, sin embargo, como es bien sabido, un fleco no menor. Es el referido a la tributación del SMI. Fleco no menor por la repercusión en la renta realmente disponible de quienes perciben el SMI y por ser la primera vez en que así se determinaría. Y no menor, también, por suponer, todavía hoy, un conflicto político de órdago en el seno del propio Gobierno, en relación con dicha tributación, con dos posiciones nítidamente diferenciadas: la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contraria a tal tributación, y la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, favorable a que el SMI tribute en el IRPF.
Las dos posturas tienen su lema en este debate.
El de la ministra Díaz se plasma con claridad en sus frases “la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo” o “lo que no es de izquierdas es bajar los impuestos a las energéticas… o permitir a los rentistas… que se olviden del 100% del IRPF” –obviando que esos “regalos” los ha hecho el Gobierno del que forman parte ella y su partido–.
El lema de la ministra Montero es, básicamente, que “ya no se trata de una renta de subsistencia sino de un salario digno” y que “ello implica derechos y deberes”, “que Hacienda no recaude menos”, así como que la pérdida de recaudación sería de “casi 2.000 millones de euros” y que “hace falta recaudar más para dar igualdad de oportunidades”. El resto del ala socialista del Gobierno entiende que se trata de hacer “pedagogía fiscal”, insistiendo esencialmente en las ideas ya transmitidas por Montero.
Más allá del lío político dentro del Gobierno y de lo que se decida parlamentariamente, más allá de si la ministra Díaz conocía o no las intenciones de Hacienda y de cómo las conoció, y más allá de los lemas, consignas y eslóganes, parece absolutamente necesario abordar la cuestión con sosiego y tratar de incorporar al debate algunos de los elementos que afectan a la tributación.
No soy yo ni de lejos experta, ni siquiera conocedora técnica de la materia. Pero sí tengo la curiosidad intelectual de este apasionante debate. La tengo como ciudadana contribuyente y, en consecuencia, exigente de que el Estado ponga todos los medios –incluido el del pago de los impuestos precisos, que es hoy la mayor fuente de los recursos públicos– a fin de que cada persona reciba lo que realmente necesita para garantizar una vida diga en libertad y en igualdad.
Comenzando por el principio, hay que recordar que el artículo 31.1 de la Constitución prevé que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Ese “todos” es, sin duda, un elemento determinante para la reflexión. Desde luego, quiere implicar a toda la ciudadanía en el deber de aportar los recursos necesarios para financiar los servicios que el Estado debe brindar para asegurar el bienestar general.
No crean que este debate es nuevo o reciente, en absoluto. Ha habido al respecto aportaciones muy interesantes desde Platón y Aristóteles en relación con la justicia y la equidad y con la necesidad de fijar impuestos justos. Se atribuye al primero la frase “cuando hay impuesto sobre la renta, el justo pagará más y el injusto menos sobre la misma renta” y al segundo la de que “es justo que el que tiene mucho pague mucho en impuestos, y el que tiene poco pague poco”. O sea, lo que hoy está asumido más o menos –aunque ya ven que ni siquiera dentro del Gobierno se entiende lo mismo al respecto–. Pero la idea está claramente asumida constitucionalmente, como se ha dicho, siendo cuestión distinta su aplicación concreta, como también se ve.
Ciertamente, siempre ha existido, con más o menos variantes, un dilema entre “necesidad de recaudación” y “justicia fiscal”. Dilema que, hoy, en nuestro entorno sociopolítico, se resuelve en la noción de “igualdad y progresividad” que plasma la Constitución. O lo que es lo mismo: la capacidad y obligación contributivas exigen incorporar las ideas de igualdad, equidad y proporcionalidad.
Es en este terreno en el que ha de plantearse la reflexión. Una reflexión que ha de ser mucho más amplia que la que afecta al SMI o la que se refiere a las rentas y beneficios de las grandes corporaciones de todo tipo –de donde los Estados han de nutrirse fundamentalmente, en mi opinión–. No es nada original, pero sí genera controversias importantes que vemos con mucha frecuencia como, por ejemplo, en los casos de las empresas energéticas o los rentistas a los que se refiere la ministra Díaz.
Ahora bien, ello no debiera impedir que toda la ciudadanía contribuya. Y “toda” es toda, sin paliativos. Lo que no tiene por qué resultar injusto ni afectar a la renta de quienes menos tienen. Prevéanse, por qué no, nuevos tipos impositivos en el IRPF que sean “testimoniales” para las rentas más bajas, de manera que su contribución sea cierta pero sin real repercusión negativa. Determínese también que “todos”, sin excepción, realicen su declaración del IRPF, lo que facilitaría, además, en gran medida tener un mapa real de la situación económica de todas las personas y permitiría tomar muchas decisiones al respecto.
Ya sé que se puede objetar que ello puede suponer un gasto excesivo en relación con la recaudación que se obtendría, esto es, que podría salir “más cara la salsa que los caracoles”. Pero, en todo caso, entiendo que sería un gasto extraordinariamente útil, tanto para el Estado como para cada persona contribuyente. Contribuir a sostener el gasto público es un deber, pero también debe entenderse como un auténtico derecho de ciudadanía.
Y por ello el debate ha de ser amplio. No solamente “por arriba”, sino también “por abajo”. La justicia fiscal debe darse en todos los niveles al mismo tiempo. Y, por comenzar por algún lado, lo hago “por abajo”, dado que lo de “por arriba” me resulta mucho más sencillo de expresar e infinitamente menos comprometido.
Así, yo, personalmente, todavía no acierto a comprender, más allá de inercias que habría que replantearse, la razón de que, por ejemplo, estén exentas de tributación en el IRPF, entre otras muchas rentas, las prestaciones de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, las pensiones por actos de terrorismo o las de quienes sufrieron lesiones y mutilaciones como consecuencia de la Guerra Civil, como digo, entre otras, con independencia de su cuantía, a diferencia de rentas asimilables que sí están sometidas a tributación, como las pensiones de jubilación o, incluso, la prestación por desempleo, salvo la abonada en pago único. Podrán decirme que esto es el “chocolate del loro”, y lo es, sin duda, desde el punto de vista cuantitativo, aunque quizá no tanto, pero la idea va mucho más allá de la cuantía a recaudar. Recuerden: “igualdad y progresividad” y atención a la “capacidad económica”.
No tiene ya sentido alguno distinguir a efectos impositivos entre categorías de personas y de grupos y de tipos de rentas o prestaciones por razón de su origen porque esto también supone una desigualdad no justificada que olvida el criterio de la “capacidad económica”, con independencia del origen de dichas rentas.
Hay una tarea muy importante que hacer, más allá del concreto debate actual, tarea que considero insoslayable. Será extraordinariamente útil reflexionar honestamente al respecto de cara a cumplir con rectitud y justicia el mandato constitucional sobre la contribución al sostenimiento del gasto público.
Máxime porque, como se dice que dijo Benjamin Franklin, “en este mundo no hay nada seguro excepto la muerte y los impuestos”. Pues ya que los tenemos, y yo los quiero seguir teniendo porque son, no un mal sino un bien necesario, hagamos que sean realmente justos por arriba, por abajo y por el centro.