El PSOE andaluz reconduce su estrategia judicial con los contratos de salud tras su fiasco al querer abrir una "causa general"

Los parlamentarios socialistas de Andalucía que llevaron a un juzgado de Sevilla los contratos del Servicio Andaluz de Salud tramitados por procedimiento de emergencia que prorrogó entre el año 2020 y 2024 han renunciado a llevar ante la Audiencia Provincial la doble negativa de ampliar la investigación al resto de las provincias. Eso significa que, de momento, la estrategia judicial de la acusación se centrará en el sistema de contratación surgido desde los servicios centrales del SAS al no haber accedido el juzgado a abrir una “causa general” (de la que hablan en idénticos términos el nuevo juez y el propio presidente Moreno) por los contratos provinciales de emergencia, como pretendía la acusación socialista, que aspiraba a que todas las contrataciones detectadas en esa línea fueran unitariamente investigados en un solo procedimiento, el que ya está abierto en Sevilla.

Las fuentes consultadas, en todo caso, dejan la puerta abierta a llevar a cada provincia los correspondientes contratos susceptibles de ser denunciados. José Antonio Gómez Díez, magistrado del Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, confirmó recientemente lo que su antecesor había determinado: que no le compete conocer esas “posibles irregularidades provinciales”. Hay que tener en cuenta además que el partido socialista está inmerso en este tiempo en definir un nuevo equipo que, también desde el punto de vista judicial, ha de considerar su posicionamiento en esta cuestión.

Recientemente el PSOE había rescatado determinadas normativas del propio SAS para tratar de hacer ver al juzgado que la administración autonómica viene funcionando de una manera en la que las plataformas provinciales no pueden trabajar por sí solas y que esas contrataciones deben pasar por los servicios centrales sanitarios para su “preceptiva autorización”. Ese escrito de ampliación del recurso de reforma coincidió en el tiempo con el segundo rechazo a las pretensiones socialistas en un contundente auto judicial, por lo que es de suponer que aquellas alegaciones no habrán sido siquiera tenidas en cuenta al no haber llegado a tiempo al juzgado. El hecho de haber renunciado al recurso a apelación a la Audiencia evidencia que la acusación se centrará en la investigación ya abierta.

Lo que aquí investiga el juzgado de Sevilla es una denuncia por parte del PSOE que ha puesto en manos de los tribunales un modus operandi del SAS en los contratos de emergencia -a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva- que prorrogó entre el año 2020 y 2024 amparándose en el marco legal excepcional de la pandemia cuando el Gobierno ya lo había derogado. Por otra parte, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha abierto diligencias por la “posible existencia de un delito de malversación” en la adjudicación de contratos menores por parte del SAS en la provincia de Cádiz por valor de 235,4 millones.

Posible malversación en Cádiz

En ese segundo caso, Podemos ha pretendido en su denuncia ejercer de acusación popular. El proceso aquí ha sido distinto: la formación de izquierdas denunció hechos relativos a cuatro provincias en un juzgado de Sevilla que, en atención a los mismos, derivó la denuncia a otras tantas provincias. El juzgado de Cádiz ha admitido el escrito y ha decidido practicar diligencias, si bien en las otras ha corrido una suerte desigual: de Huelva aún no han obtenido respuesta mientras que juzgados de Córdoba y Jaén han instado a la formación a presentar sendas querellas criminales, que Podemos ha descartado al entender que no es la fórmula adecuada para este proceso.

El nuevo juez ha sido bastante duro contra la tesis planteada por los parlamentarios porque “ni siquiera” aportaron “documento alguno que permita afirmar mínimamente que han existido directrices o instrucciones de los servicios centrales”. Y abunda: “El recurrente [el PSOE] viene a reconocer que no dispone de indicio alguno que le permita conclusión contraria, esto es, que hayan existido directrices o instrucciones de los servicios centrales, pese a lo cual pretende que, por este tribunal se lleve a cabo una investigación prospectiva para investigar toda la contratación de los Servicios Centrales del SAS y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, basándose simplemente en lo que llama,”por pura lógica“... ”muy plausible y probabilísima realidad“, sin ni siquiera exponer los argumentos por los que concluye semejante afirmación”.

El nuevo juez Gómez Díaz, en la misma fecha que ha cargado contra las intenciones socialistas, también ha emitido una providencia en la que acepta una petición de la Fiscalía Anticorrupción, consistente en librar un oficio a la Cámara de Cuentas para que remita “toda la documentación derivada del Manual de procedimiento de auditoria pública de fecha 15 de julio de 2024”.

El Ministerio Fiscal quiere tenerlo en cuenta “como complemento” a la documentación ya remitida por la Cámara de Cuentas en relación con el 'Informe de Fiscalización de cumplimiento de los contratos tramitados por la administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, ejercicio 2020'.

En particular se requiere las directrices técnicas de objetivos, medios y calendario; elaboración del borrador del informe; elaboración del anteproyecto del informe; elaboración del informe provisional; trámite de alegaciones; tratamiento de los distintos supuestos de falta de colaboración y de incumplimiento de normas del régimen presupuestario y de contabilidad.

El juez Santamaría reclamó al Gobierno andaluz el expediente aprobado por el Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, en el que se sustituyó la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios sanitarios -incluidos los polémicos contratos de emergencia- por el control financiero permanente, esto es, auditorías a posteriori. La Junta, como ha informado este medio, retiró el control previo a los contratos a dedo apelando a la “madurez” de los gestores de Salud hoy imputados. Recordemos que la causa judicial ahora en curso reproduce la investigación iniciada en la primavera de 2023 por elDiario.es Andalucía sobre los contratos a dedo de la Junta a clínicas privadas.