El juez que investiga a García Ortiz le reprocha que haya hecho "desaparecer pruebas"
El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos -por la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso- ha reprochado a Álvaro García Ortiz que haya hecho "desaparecer pruebas" de sus móviles, tras constatar la Unidad Central Operativa (UCO) que eliminó sus mensajes en los días claves de la divulgación de esa información confidencial sobre la investigación al empresario por fraude tributario.
Así lo pone de manifiesto el magistrado Ángel Hurtado en la resolución en la que -tras la queja del fiscal general sobre la incorporación de datos reservados a los informes de la UCO- acuerda que acusaciones y defensas puedan consultar los anexos de esos dictámenes en la propia secretaría del tribunal, para reducir así el riesgo de filtraciones.
El instructor señala que "es una evidencia" que García Ortiz "ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles" a lo largo de la instrucción. Y "aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo", añade, "de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición" y "no aprovechar" para llevar a cabo ese borrado masivo el mismo 16 de octubre del pasado año, "cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre".
Ante esa eliminación de datos, asegura, se han acordado diversas diligencias "para tratar de recuperar pruebas", para lo que "ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos".
Y aunque deja claro que "no desconoce" que "carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desparecer pruebas", añade que "tampoco se debe ignorar" que ese borrado de mensajes de su móvil (y también de las copias de seguridad, según ha constatado la UCO) "no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal".