La quita de la deuda costará 15.600 millones en intereses

El Gobierno de Pedro Sánchez, con su «vice» y candidata andaluza María Jesús Montero a la cabeza, pretende «condonar» 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas.

Una decisión que, al margen de consideraciones políticas, tiene un coste añadido para las cuentas públicas y está muy lejos de ser algo neutro. En el mejor de los casos supondrá abonar unos 15.600 millones de euros, que pagarán todos los españoles, según cálculos realizados por expertos fiscales independientes, pero también al alcance de cualquiera con un mínimo conocimiento de las finanzas públicas y de los mercados.

La ministra de Hacienda informará hoy a las CC AA de los detalles de su plan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en donde todo indica que las autonomías gobernadas por el PP, como han anunciado, se opondrán.

Para el Gobierno no será un problema, ya que el ministerio de Hacienda tiene el 50% de los votos en el CPFF y solo necesita que una comunidad apoye su propuesta para que salga adelante. No obstante, como también ha recalcado la propia Montero, la decisión final depende del Congreso, donde Sánchez sí necesita apoyos.

Los datos son bastante concluyentes, por no decir inapelables. La operación política para contentar a los «indepes», sobre todo de ERC con Oriol Junqueras al frente, pero también a los de Junts y Puigdemont, tiene costes añadidos, incluso para los catalanes y, por supuesto, para el resto de españoles.

Las cuentas tampoco son tan complicadas ni enrevesadas, más bien aritmética simple. La vida media de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) –a la que hay que añadir 8.400 millones de la Madrid pedida en los mercados–, que es lo que se perdona, es de 8,5 años, es decir, el tiempo en que debería ser devuelta, liquidada o como se quiera denominar.

El tipo de interés al que el Tesoro tuvo que emitir deuda en febrero de 2022 para financiar a las comunidades autónomas fue del 3,5%. En aquel momento también se estableció que las condiciones eran que las CC AA, además de devolver lo que les prestaba el Estado, deberían abonar el mismo tipo de interés (un 3,5%) que pagaba el Tesoro.

Era inevitable para que la operación tuviera un efecto neutro para las cuentas públicas, como se planteó en un inicio.

Al «condonar» –perdonar– los 83.252 millones a las CC AA, el Estado tiene que hacerse cargo del importe total, pero también de los intereses de su financiación, ya que tendrá que volver a endeudarse para asumir esa cantidad, que en ningún caso se evapora, sino que se traslada de las cuentas autonómicas a las estatales, algo que por supuesto no parece importarle a los «indepes», a pesar de que los catalanes tampoco dejarán de pagar una parte importante y también los intereses, presentes y futuros.

Nadie espera que los líderes separatistas lo reconozcan ni lo expliquen a su clientela, pero los números cantan.

El coste medio de la deuda que emite el Tesoro ronda el 2,21% de interés, con ligeras oscilaciones. Eso significa que financiar los 83.252 millones perdonados a las administraciones autonómicas –no a los ciudadanos– supone 1.840 millones.

Sin embargo, es solo el principio. Las cuentas, no terminan ahí. Como la vida media de la deuda del FLA es de 8,5 años, hay que multiplicar por ese número los 1.840 millones de coste anual, lo que da como resultado 15.600 millones que deberán pagar todos los españoles.

¿Cómo? Como siempre, vía impuestos. Y esa cantidad todavía puede ser superior, ya que las CC AA traspasarán al Tesoro su deuda a unos tipos más altos, lo que elevará la cifra total a pagar.

Todo irá también al capítulo de intereses que paga España por el total de su deuda pública –superior a los 1,6 billones de euros, según los últimos datos publicados por el Banco de España–, que cuestan más de 30.000 millones al año.

La ministra Montero explicó el lunes que el perdón de esa deuda significaría un ahorro para las CC AA de entre 5.000 y 7.000 millones en intereses, según estimaciones del ministerio de Hacienda. Puede ser.

Sin embargo, para el Estado supondrá un gasto financiero de esos 1.840 millones anuales, que se convertirán en 15.600, salvo sorpresas, si se computa el periodo total de vida teórica de ese endeudamiento.

En resumen, el Gobierno pretende –y sin duda lo conseguirá– perdonar esos 83.252 millones de euros a las CC AA, pero ese alivio no llegará a los ciudadanos de esos territorios, ni tampoco al resto de españoles, que serán los que lo pagarán en última instancia.

Eso sí, como ya ha sido denunciado, hay comunidades más favorecidas que otras, que son aquellas en las que el Gobierno tiene más interés: Cataluña, por la dependencia de los «indepes», Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, aunque sea por el a veces díscolo García-Page, y Andalucía, donde María Jesús Montero, candidata socialista, aspira a vencer en las elecciones al actual presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP.

El plan del Gobierno, no obstante, más allá de que sea más costoso y discrimine, deja pendiente el fleco de los territorios forales y ajenos al régimen común de financiación autonómica: es decir, al País Vasco y a Navarra.

El PNV y Bildu, cuyos votos también necesita Pedro Sánchez para cualquier iniciativa parlamentaria, también querrán decir algo y participar del reparto de la tarta. La primera idea, lanzada desde la órbita del PNV, es que habría reducir el importe del llamado «cupo vasco». Es decir, la cantidad que la comunidad autónoma paga al Estado por el desempeño de algunos servicios de competencia exclusiva estatal.

Nadie piensa, desde luego, que los «nacional-indepes» vascos no obtendrán algún rédito económico –y sustancial– antes de dar también sus votos para que el perdón de la deuda tenga vía libre parlamentaria.

La decisión del Gobierno de asumir la deuda autonómica del FLA, para unos aberrante y para casi todos una trampa, puede abrir un tiempo nuevo en el que, por la puerta de atrás, se conceda la misma financiación autonómica a Cataluña que al País Vasco y a Navarra, lo que significaría, entre otras cosas, el final de la autonomía financiera de todas las comunidades autónomas, como establece la Constitución.

El traspaso de la deuda autonómica al Estado, por otra parte, no aumenta la deuda total del Reino de España, como dice la ministra Montero, pero no será inocuo, como también defiende ella misma. De momento, costará unos 15.600 millones a todos los españoles –catalanes, no hay que olvidarlo, incluidos–. No es una broma.