De despotismo y nepotismo
En México, la sombra del nepotismo se extiende a través de generaciones de políticos, tejiendo redes de influencia que desafían los principios de la democracia.
La idea de cortar con el nepotismo de tajo y, por ende, con la corrupción que trae consigo es excelente y necesaria. Casi desde la creación de México como nación independiente podemos mencionar ejemplos de políticos y servidores públicos que, al acceder a posiciones de poder, se valieron de estas para favorecer y colocar a sus familiares, creando dinastías políticas que se enquistan en el poder.
En el colmo del cinismo, el expresidente José López Portillo incluso se enorgulleció cuando su hijo José Ramón quedó al frente de la Subsecretaría de Programación y Presupuesto. “El orgullo de mi nepotismo”, dijo. Y de paso inscribió esas palabras como un mal irremediable de nuestros políticos, tan acostumbrados a servirse en lugar de servir.
Pero ese no es el único ejemplo. También están los finados Rafael Moreno Valle, exmandatario de Puebla, quien cabildeó al interior de su partido para que su esposa Martha Érika Alonso fuera postulada para relevarlo en la gubernatura de ese estado.
O Narciso Agúndez Montaño, exgobernador de Baja California Sur que “heredó” el poder a su primo, Leonel Cota Montaño.
Se suman los Moreira, en el estado de Coahuila, Enrique Vargas, en el Estado de México, e incluso el junior Alejandro Murat, quien llegó a ser gobernador de Oaxaca solo por el apoyo de su padre y su paso por el Infonavit.
En todos estos casos, los políticos y políticas pueden argumentar que llegaron al poder gracias al voto popular. Sin embargo, es innegable que ayuda mucho cuando un familiar cercano es el gobernador o el alcalde y puede movilizar la maquinaria política necesaria para pavimentar el camino a la victoria.
La distinción entre influencia familiar y nepotismo se vuelve borrosa, un área gris donde la percepción pública se ve influenciada por la competencia percibida de los familiares y la transparencia en la asignación de cargos.
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para acabar con estas prácticas que lesionan gravemente a la democracia tiene la mejor de las intenciones, pues busca reforzar las leyes vigentes en este sentido, como lo son la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Sin embargo, la reforma se queda corta. Un análisis de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señala que del año 2000 al 2024 ha habido 193 gobernadores y gobernadoras, y esta ley solamente habría aplicado en 3 casos: Puebla, Coahuila y Baja California.
Tristemente, la iniciativa de la doctora Sheinbaum fue modificada en el Senado para que estos cambios entren en vigor hasta 2030, con una clara dedicatoria al gobernador de San Luis Potosí, Jorge Ricardo Gallardo, cuya esposa, la senadora Ruth González, quiere relevarlo en las elecciones de 2027, aunque ella lo niega.
Es imperativo acotar las ambiciones de los políticos y políticas que convierten los recursos y puestos públicos en un patrimonio personal y luego hasta buscan heredar cargos a sus hermanos, primos, esposos o esposas.
Para ello se necesitan cambios de fondo en la cultura y la estructura política mexicana y verdaderos castigos para quienes se valen de sus posiciones para favorecer a sus familias y evitar que el nepotismo deje de ser un motivo de orgullo.
Sotto voce
Atinadísima, inteligente, oportuna e inédita la decisión de la presidenta Sheinbaum de enviar nada más y nada menos que a los más altos mandos de su Gabinete de Seguridad para entrevistarse con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio. Lo anterior confirma un cambio radical en la estrategia del gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada a través de aprehensiones de los principales líderes de grupos criminales y la extradición masiva de 29 narcotraficantes, entre ellos el señor Caro Quintero. Esto podría ser el blindaje más oportuno y sólido para evitar finalmente la imposición de aranceles de 25% a la mayoría de los productos que exporta México a la Unión Americana y evitar la desintegración del T-MEC…
Lamentable que al interior de la bancada de Morena y aliados no hayan apoyado con todo a la presidenta Claudia Sheinbaum en su iniciativa para que entre en vigor la nueva reforma contra el nepotismo a partir del 2027…
Y hablando de influyentismo, en Chihuahua hay indignación por la detención arbitraria de Ignacio Javier Fernández Valles, quien a pesar de contar con un amparo definitivo, fue aprehendido por agentes de la Fiscalía del estado. La detención se da luego que el hombre fue despojado de un seguro de vida por 3 millones de dólares por parte de la viuda de su hermano, Priscila Armendáriz Miramontes, quien con el apoyo de la Fiscalía estatal cobró ese dinero indebidamente con documentos expedidos a su favor por el gobierno de Chihuahua.