El Ministerio de Seguridad acusó a la jueza porteña por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento. Andrade había ponderado el derecho a la protesta para disponer la liberación de los detenidos en la violenta represión del miércoles frente al Congreso. La demanda quedó en manos de la jueza federal María Servini.
