Carmen Pano confirmará la presunta financiación irregular del PSOE en su nueva cita judicial

Carmen Pano, la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros a la sede de Ferraz, confirmará este miércoles en sede judicial todos los extremos de su confesión. Pano, que esta vez comparece como investigada en la conocida como "trama del fuel" se referirá de nuevo a este episodio que habría tenido lugar en octubre de 2020 y, además, arrojará luz sobre la presunta mediación del Ministerio de Industria para la obtención de una licencia.

Así lo confirman fuentes de su entorno a LA RAZÓN de cara a esta nueva comparecencia en sede judicial. En concreto, el magistrado Santiago Pedraz le citó junto con su hija Leonor González Pano, para que declaren como investigadas por su presunta implicación en este fraude de hidrocarburos que superaría los 200 millones de euros y en cuya cúspide se sitúan el conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, y su socio Claudio Rivas.

Pano se ha convertido en una pieza clave en ambos procedimientos a tenor de las confesiones protagonizadas ante la Guardia Civil y el Tribunal Supremo. La primera de ellas tuvo lugar en diciembre, tras su detención por su implicación en esta trama que defraudó el IVA con la compra venta de petróleo. Ya entonces dijo que fue quien puso en contacto a Aldama con Rivas y que ambos impulsaron esta operativa con la que desviaron al extranjero de 74 millones de euros.

Pano, la pieza clave

Tras ello, el magistrado del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, la citó como testigo. Lo hizo para preguntarle por sus supuestos vínculos con Ábalos, toda vez que la empresa Have got time, que administraba su hija, fue la que se empleó para comprar una vivienda en La Alcaidesa (Cádiz) para uso y disfrute del exministro de Transportes.

Pano confirmó todos los extremos declarados en diciembre ante la Guardia Civil en lo relativo a esta gestión y confirmó, igualmente, que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, por orden de Aldama. En este caso, la empresaria madrileña dijo que se efectuaron dos entregas de 45.000 euros y que en una de ellas le llevó Álvaro Gallego. Se trata de un empresario que aparece en el sumario de esta trama de corrupción por haber trabajado para Claudio Rivas, el cabecilla que controlaba la empresa Villafuel.

Del mismo modo, explicó también los pormenores de la reunión que celebraron en enero de 2021 en el Ministerio de Industria gracias a la mediación de Koldo García asesor del entonces ministro Ábalos- y de Víctor de Aldama. La empresaria confirmó lo plasmado en los informes de la Guardia Civil y dijo que se reunieron en la sede del departamento que dirigía Reyes Maroto con su entonces jefe de gabinete, Juan Ignacio Díaz Bidart.

El objetivo de dicho encuentro, según los investigadores, fue agilizar la concesión de una licencia para que Villafuel pudiera operar en el sector de los hidrocarburos. "Se nos dijo que la documentación se la hiciésemos llegar a través del señor Koldo", reza el acta de su declaración el pasado 25 de febrero en el Tribunal Supremo. El abogado de Ábalos le preguntó por la gestión en este asunto del exdirigente socialista, a lo que la empresaria dijo que "ninguna". "¿Quién era el ministro de Industria? Lo recuerda?", le interrogó: "Sí, Reyes Maroto", respondió Pano.

Las facturas de la trama

Su comparecencia se produce, después de que aportara al procedimiento miles de albaranes sobre las empresas de la trama que probarían la dinámica delictiva de la misma. Dicha documental, que desveló este diario, afectaba a mercantiles de la red y reflejó, en su mayoría, que las transacciones de venta del petróleo se hicieron sin aplicar el IVA correspondiente. Al respecto, Anticorrupción expuso en su querella inicial que las empresas superpuestas que utilizó el entramado, se emplearon para simular la venta de petróleo pero, en realidad, este se vendía a clientes finales.

Este ahorro del IVA les permitía vender el fuel a un precio mucho menor que la competencia y, cuando tocaba regularizar el pago del impuesto, muchas de estas sociedades cerraban sin dejar ni rastro. La UCO analiza ya el contenido de esta prueba clave que podría ser determinante para el devenir del procedimiento.