Pacto PSOE-Junts para ahogar a Ayuso y Moreno
En privado y de espaldas al resto de comunidades, el Gobierno ha vuelto a apoyarse en la formación de Carles Puigdemont para desbloquear una cuestión muy sensible, que afecta a la migración y en la que hay involucrados menores desarraigados, no acompañados en suelo español. El acuerdo rubricado con Junts impone una distribución territorial al resto de regiones, el grueso de ellas gobernadas por el PP, que serán, a su vez, las que mayor esfuerzo de acogida tendrán que hacer.
Como suele ser habitual en este tipo de negociaciones, el Ejecutivo le ha permitido a Junts capitalizar políticamente el pacto, rentabilizando el mensaje de que «Cataluña recibirá entre 20 y 30, mientras Madrid tendrá que acoger a más de 700». Sin embargo, esta vez el titular que querían colocar los de Puigdemont no es propaganda, se compadece a la perfección con las proyecciones con las que trabaja el Gobierno.
Según sus números, los cinco territorios que tendrán que asumir el grueso de la redistribución autonómica serán bastiones gobernados por el PP con Ayuso y Moreno a la cabeza. De los 4.400 menores que hay registrados como no acompañados, la Comunidad de Madrid asumirá el mayor esfuerzo: 806; seguida de Andalucía, 795; la Comunidad Valenciana, 478; Galicia, 325, y Castilla y León, 310. Cataluña se sitúa a la cola y, efectivamente, le corresponderían 27.
Falta de financiación
Estos menores no son una cifra, pese a que políticamente se reduzcan a un cómputo y su acogida genere recelos entre alcaldes de todos los colores, también socialistas, como es el caso del de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala, que reniega de ellos. El interés del menor exige una atención y un cuidado digno que, fuentes de la Comunidad de Madrid, cifran en 5.610 euros mensuales por estancia en los centros. Este sería solo el coste de la plaza, al que habría que añadir todos los servicios sociales que reciben.
Estas son las previsiones con las que trabaja el Gobierno, que, no obstante, ha dado un plazo de apenas 12 días, hasta el 31 de marzo, para que las diferentes regiones certifiquen, dando fe pública, el número de menores migrantes no acompañados que acogen actualmente en sus territorios. Esta cifra actualizada es requerida para aplicar los cocientes y establecer los baremos de acogida de cada una de ellas y si tienen o no la condición de «saturadas» para proceder a la reorganización.
Si las comunidades se negaran a dar estos datos, fuentes gubernamentales confirman que recurrirían a sus propias estimaciones para establecer los umbrales. La lista la completarían Castilla-La Mancha, con 291; Murcia, 189; Aragón, 186; Cantabria, 171; Extremadura, 168; Navarra, 164; La Rioja, 157; Asturias, 150; País Vasco, 88; Baleares, 59 y Melilla, 34.
Los criterios –si no se pacta algo diferente por unanimidad en la conferencia sectorial– se establecerán en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo previo (6 %), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10 %), ciudad fronteriza (2 %), insularidad (2 %) y dispersión (2 %). Desde Junts insistieron ayer en que, si bien el «peso poblacional» será uno de los criterios a tener en cuenta, también lo será «el esfuerzo realizado por Cataluña a lo largo de los últimos años».
Sin embargo, fuentes de la Comunidad de Madrid desmontan este argumento y aseguran que, en términos relativos, Cataluña atendió a 33 menores por cada 100.000 habitantes –2.646 con 8 millones de habitantes– y Madrid a un 34,8 por cada 100.000 habitantes (2.442 con 7 millones de habitantes). En este sentido, según estas mismas fuentes, el año pasado la Comunidad invirtió en los menores extranjeros más de 40 millones, mientras que el Gobierno solo aportó 1,6 millones.
Ante el pacto PSOE-Junts, las comunidades del PP se levantaron ayer en pie de guerra, a pesar de que finalmente se verán obligadas a cumplir con el acuerdo una vez se apruebe en el Congreso. Fue Génova quien anunció primero que sus territorios se opondrían. Y después, la mayoría de ellas, abrieron la puerta a recurrir a los tribunales cuando el Decreto ley quede aprobado. Y es que, los datos aportados por las propias comunidades avalan sus quejas por la falta de financiación nacional.
Desde la Comunidad de Madrid, la propia Isabel Díaz Ayuso advirtió de la vía europea y denunció que Sánchez usa la política migratoria como «arma política». El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, criticó que Sánchez envía menores a su comunidad «como los paquetes de Amazon».
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se negó a «aceptar imposiciones de Puigdemont». Su homólogo en Aragón, Jorge Azcón, avisó de que no colaborará con Moncloa en una «política basada en la desigualdad y la xenofobia».
A pesar de las quejas, el PP nacional quiso precisar que sus comunidades «cumplirán» la ley. Un mensaje con el que Génova tranquilizaba al presidente de Canarias. Esto, a su vez, volverá a tensar la relación entre el PP y Vox a nivel autonómico. El portavoz en el Congreso, Miguel Tellado criticó que Sánchez "mercadea" con los menores. "Lo que ha pactado el Gobierno es que le da igual cómo estén esos menores con tal de que no estén en Cataluña, que es lo único que les preocupa, al parecer. El Gobierno de Sánchez ha pasado de mercadear con leyes a hacerlo con menores de edad y eso es cruel", advirtió.