Montero vuelve a negarse a revisar los contratos públicos para compensar la subida del SMI y el IPC pese al clamor político y empresarial
Nueva bofetada con la mano abierta a las pequeñas y medianas empresas por parte de María Jesús Montero, que ha vuelto a rechazar que se revisen los precios de los contratos públicos al nivel de la subida del SMI o del IPC, con la excusa de que quiere evitar una "espiral inflacionista". De esta forma rechaza cualquier posibilidad de que se realice una revisión de precios generalizada, abocando a las pymes a asumir de forma unidireccional la subida de costes laborales, empresariales y de los insumos sin compensación pública. "No compartimos que se produzca una desindexación de estos contratos públicos". Así ha zanjado la ministra de Hacienda cualquier posibilidad tras contestar a la pregunta de la diputada del PNV Idoia Sagastizabal en la sesión de control al Gobierno.
Sagastizabal le ha reclamado que se permita la revisión de contratos ya cerrados con la Administración ante la subida del coste de las cotizaciones sociales por el incremento del salario mínimo, ya que las empresas no pudieron prever en el momento de presentarse a las ofertas. "Esto perjudica la calidad de los servicios públicos y pone en riesgo el empleo", sobre todo entres los autónomos, las pymes y las empresas con plantillas "mayoritariamente femeninas, empresas de inserción o centros de empleo", ha recalcado la diputada del PNV, quien ha señalado que la mayoría de estos contratos son de sectores como limpieza o atención domiciliaria, en los que la mano de obra es el coste principal.
Estos costes sobrevenidos para las empresas no han podido ser contabilizados en sus balances ya que cuando se presentaron las ofertas no estaban previstos y, "por tanto, los adjudicatarios no van a poder asumir", ha indicado Sagastizabal, a lo que Montero ha respondido de forma tajante que las empresas acuden a esos concursos "sabiendo de antemano" que estos se van a desarrollar durante un tiempo y que puede haber "fluctuaciones" en relación con el coste que pueden tener esos servicios, tanto en materia de personal como de materias primas. Por ello, rechaza que se aplique una indexación automática de los contratos públicos un movimiento hiperinflacionista que genera "efectos de segunda vuelta". Según ha defendido, la mejora de las condiciones de vida tiene que ser una política "asumida por todos los sectores", tanto públicos como privados.
La Ley de Contratos Públicos no permite a la Administración actualizar los precios originales de forma automática, aunque sí podría hacerlo de manera individual, lo que ha provocado que infinidad de licitaciones de contratación pública hayan quedado desiertas o muchas pymes hayan decidido la resolución anticipada de contratos de mutuo acuerdo para evitar incumplimientos, que hubieran generado además sanciones económicas. Por tanto, Montero se acoge a pies juntillas a que la ley de desindexación limita la revisión de precios en los contratos con la administración pública para la prestación de servicios. Sin embargo, aunque fuentes ministeriales consultadas por LA RAZÓN sí reconocen que los contratos que podrían indexarse dentro de la legalidad serían los plurianuales de servicios intensivos en mano de obra –a los que afecta el SMI– o en determinados casos excepcionales, como en contratos de suministro de equipamientos para las Administraciones Públicas, suministro de energía o contratos de más de cinco años. Para el resto, deberían reformarse las leyes de Desindexación y la de Contratos del Sector Público.
Fuentes empresariales sitúan el importe que supone la no indexación de los contratos públicos de entre 500 y 700 millones de euros, solo respecto a la subida del SMI, sin contar otros costes anexos. Una cantidad que al no actualizarse impedirá que "empresarios y autónomos con estos contratos puedan repercutir la subida del salario mínimo en sus contratos y tengan que asumirla ellos mismos, al igual que ocurre con la subida de otros costes", explicaron a este periódico. El volumen total de contratación del sector público bascula sobre un montante anual de unos 100.000 millones de euros, de los cuales el 40% correspondería a contrataciones de servicios y un 7% a concesiones de servicios. La propia Hacienda reconocía en su Informe Anual de Supervisión 2023 una estimación de la OCDE sobre el volumen de licitaciones públicas del 11,52% del PIB.
En este sentido, el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, recuerda que una pyme que presta servicio a un ayuntamiento "ha visto cómo en los últimos cinco años los SMI de sus trabajadores han subido un 54%, pero lo que le paga una Administración lo ha hecho un 0% y muchos van a pérdidas", con el agravante de que no se pueden romper estos contratos "porque estarían obligados a indemnizar". En su opinión, el Gobierno "debería haber puesto en marcha una mesa de negociación".
Y los empresarios no están solos en esta lucha, ya que la mayoría de partidos, incluidos los socios habituales del Ejecutivo e incluso la parte de Sumar se han posicionado a favor de los empresarios. La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apoya la indexación "porque es de justicia" e incluso su asociación empresarial cercana, Conpymes, ha mostrado su rechazo a que se ignore esta demanda.
En el Congreso, Sagastizabal le ha recordado que el Gobierno sí lo ha hecho cuando ha querido, como en el caso de Muface, contratación que ha elevado un 40% el presupuesto para la licitación de la asistencia sanitaria de los funcionarios. Montero ha respondido que en este caso se trata de un nuevo contrato que se licita y "puede llevar un incremento que incluso a mí me parece excesivamente alto". La ministra ha explicado que, en este caso, directamente se había acabado el contrato y había que volver a licitarlo, por lo que la oferta a las aseguradoras era nueva.