El Gobierno improvisa otra vez…
El Gobierno de Guatemala ha dado un nuevo ejemplo de su recurrente improvisación al aprobar los reglamentos de la Ley de Tránsito imponiendo un seguro contra terceros que, lejos de resolver problemas, genera más incertidumbre. La medida, que debiese —entre otros— reducir la carga del Estado ante accidentes viales, se pretendió implementar sin un consenso previo con las aseguradoras, dejando en evidencia una falta de planificación y diálogo que ya es el santo y seña de la administración.
El seguro obligatorio es un paso en la dirección correcta, sí. Sin embargo, su diseño resultó tan deficiente que parece más una ocurrencia que una solución. No contempla daños materiales ni hospitalización, dos de los aspectos más críticos en cualquier accidente de tránsito. ¿De qué sirve un seguro que deja desprotegidas a las víctimas en los rubros más costosos y urgentes? Esta omisión no solo frustra el propósito de la ley, sino que impone una carga económica adicional a los ciudadanos, quienes deben pagar por algo que no les ofrece seguridad real.
La ausencia de coordinación con las aseguradoras es una pifia imperdonable. Sin su respaldo, la implementación carece —cuando menos por ahora— de viabilidad técnica y financiera; peor aún, la existencia de pólizas inadecuadas. El gobierno, una vez más, ha puesto el carro delante de los bueyes, priorizando la apariencia de acción sobre la eficacia.
Al fin, el Gobierno derogará la medida y aprobará otra; se esperó durante 29 años, y unos meses más no harán mayor diferencia. En esta administración, las buenas intenciones se ahogan en la falta de correcta ejecución.
… Pero la oposición a la medida es ridícula
La oposición a la implementación de un seguro alcanzó niveles que rayan en lo irracional. Si bien toda medida pública merece escrutinio, los bloqueos de vías en la capital y de carreteras atentan contra el derecho básico de libre locomoción de miles de ciudadanos.
Insistimos: más allá de las falencias ya indicadas, el seguro busca un objetivo sensato: garantizar que las víctimas de accidentes de tránsito estén protegidas frente a los daños causados por terceros. En un país donde los accidentes son frecuentes y el Estado carece de recursos para asumir todas las consecuencias, esta normativa podría aliviar una carga social y económica evidente. Sin embargo, los detractores optaron por el rechazo visceral. ¿Acaso prefieren que sigamos con un sistema donde las víctimas quedan desamparadas y los causantes evaden toda responsabilidad?
Más absurdo aún es el método; bloquear carreteras no es protesta pacífica; es un violento acto de egoísmo que perjudica a trabajadores, estudiantes y familias que dependen de la movilidad diaria. La Constitución protege la libre locomoción como un derecho fundamental, y los bloqueos lo pisotean sin miramientos, afectando a quienes no tienen voz en este debate.
Es hora de madurar como sociedad. El seguro obligatorio no es perfecto, pero oponerse a él con tácticas que dañan a la mayoría —y sin respaldo técnico, se insiste— refleja una mentalidad cortoplacista y desordenada.
A las cosas hay que llamarlas como son.