El Pleno del Ayuntamiento de Valencia ha rechazado este martes la pretensión de PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos de evitar los juicios rápidos en delitos de allanamiento de morada y usurpación . Como ha desvelado ABC , estos grupos parlamentarios habían presentado una enmienda de tapadillo - ahora retirada - a la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación que se tramita en el Congreso de los Diputados para revertir la modificación del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En una moción presentada por el PP, el consistorio que lidera la alcaldesa María José Catalá rechaza la «contrarreforma» propuesta por la izquierda y «manifiesta su respaldo» a la entrada en vigor en abril del nuevo texto aprobado en la Cámara Baja el 14 de noviembre a propuesta del PNV, «que permite tramitar mediante juicios rápidos los delitos de allanamiento de morada y usurpación». «Esta medida supone un avance significativo en la protección de los derechos de los propietarios y en la agilización de los procedimientos judiciales, contribuyendo a una respuesta más eficaz frente a la ocupación ilegal de viviendas », señala el texto, que ha salido adelante con los votos de los grupos del Gobierno local, PP y Vox, así como de los ediles no adscritos, Cecilia Herrero -concejal de Emprendimiento- y Juanma Badenas. Compromís y PSPV han votado en contra. En la misma moción, se acuerda «seguir impulsando por parte del Ayuntamiento de Valencia el plan + Vivienda para aumentar la oferta y el parque público de vivienda». Precisamente, se ha presentado como alternativa al texto propuesto por el PSPV, que reclamaba «que se declare con urgencia la ciudad de Valencia como zona tensionada para limitar los precios del alquiler ». Durante el debate, la edil socialista Elisa Valía ha urgido al Gobierno de Catalá a «tomar partido» ante la «emergencia habitacional» provocada por «un mercado totalmente desbocado y una inflación galopante». Por ello, Valía ha instado a la corporación a «elegir entre dos modelos distintos: defender los intereses de las familias o defender los intereses del sector de promotores y especuladores inmobiliarios». En la misma línea, el concejal de Compromís Ferran Puchades ha acusado al Gobierno de «hacer uso de las recetas de siempre: ponen a los promotores en el centro de la acción; y a los constructores, los ponen a diseñar los servicios de nuestros barrios». Puchades ha hecho referencia a los datos de los barómetros municipales para advertir de que, para los ciudadanos, el problema de la vivienda ha ido escalando del puesto 14 al primero entre 2020 y 2024. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Giner (PP), ha calificado de «fracaso total» el modelo de 'zona tensionada' propuesto por los socialistas. Al respecto, se ha referido al caso de Cataluña o el País Vasco, donde «se ha perdido o ha desaparecido completamente la oferta de alquiler de viviendas». Además, Giner ha criticado que no proyectos, ni licencias, ni licitaciones en marcha para las viviendas planeadas por el Ejecutivo central en el Cuartel de Ingenieros.
