Tras un extenso debate en la Cámara Alta, con 36 votos positivos y 35 negativos -se necesitaban 37 adhesiones para aprobarlo-, se cayó la iniciativa que proponía modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir que personas condenadas en segunda instancia por fraude contra la administración pública puedan ser candidatas a una elección.
