“Nos sentimos abandonados”: Comunidades en Arica claman por justicia tras más de 30 años enfrentados a contaminación por polimetales

Causado por toneladas de desechos tóxicos traídos desde Suecia en los años 80, comunidades en Arica, específicamente en el Cerro Chuño, claman por justicia medioambiental tras miles de casos de contaminación por polimetales. Un caso que en 1999 llevó a más de 900 personas del sector a demandar al Estado Chileno, proceso que terminó con una solución amistosa sin ofrecer alternativas.

“Nos sentimos abandonados, vulnerables”, cuenta en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile Elena Vallejos, pobladora de uno de los barrios afectados por la contaminación de polimetales. Por más de 30 años viviendo en la zona, narra cómo llegaron a construir viviendas allí sin que hubiera una advertencia de autoridades por la toxicidad del lugar.

A mediados de 1980, la empresa minera sueca Boliden trasladó casi 20 mil toneladas de residuos tóxicos hasta la ciudad de Arica. Relave recibido por la extinta empresa Promel, que iba a encargarse de su procesamiento. No obstante, el trabajo nunca se realizó y el material quedó abandonado en un lugar conocido como “sitio F”, sin medidas de protección. Años después, se autorizó la construcción de viviendas sociales a pocos metros del lugar donde quedó abandonado el material tóxico. El suelo sobre el que se construyeron las casas y donde hasta el día de hoy habita gente estaba contaminado.

“Eran cerritos de contaminación, a nosotros nos construyeron nuestra vivienda, lote y con servicio, con baño y una cocina en ese sector y no teníamos idea. Nosotros nos fuimos a esas tierras, esos montes, porque el sitio que nos dieron como vivienda era desnivelado. Nosotros mismos, sin querer, nos contaminamos porque no sabíamos”, denuncia Vallejos.

En su testimonio, Elena Vallejos expuso que “la problemática ambiental no ha sido gestionada de manera correcta por las instituciones ni por el Estado”. “La mayor demostración es la mala salud y la vida de todas las personas que vivieron y que viven en este sector. Es relevante para nosotros tener justicia, no solo social, es muy relevante en término ambiental”, sostuvo.

La muestra del impacto negativo de los polimetales en las comunidades que viven en la zona está en las múltiples afectaciones a la salud de las personas. “Mucha gente murió, mucha gente enferma de los pulmones, de cáncer, de anemia. Muchas mamitas tuvieron guiaguitas enfermas, perdieron embarazos”, relató Elena Vallejos.

La situación es crítica según Vallejos. “Es triste que a usted le toquen la puerta o la llamen y le digan ‘señora Elena, usted sabe que la vecina está super mal’ o cuando vaya a verla ya no esté y esté muerta. Acá todos los vecinos de Arica, de Cerro Chuño, Los Industriales, tienen entre pena, rencor, tristeza, porque nosotros queríamos vivir tranquilamente, la ilusión de nuestra vivienda, y que después nos digan que estos sectores estaban contaminados”, cuenta con pesar.

“El Estado de Chile aceptó esta contaminación, este tóxico, nosotros queríamos vivir en un lugar seguro y nos llevaron a la contaminación que todavía sigue en el ambiente”, lamentó.

A nivel nacional, durante el año 2024 se inició un nuevo proceso judicial, que busca determinar el daño ambiental que se generó a propósito del caso y que está siendo discutido por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

“Lo que se intenta establecer es el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a un medioambiente sano. Son los derechos que de alguna manera se van a discutir durante este proceso”, aseguró al ser consultada por nuestro medio la encargada de procesos territoriales de ONG FIMA, Karla Vargas.

Para Elena Vallejos, espera que esta nueva acción judicial permita “sostener y discutir sobre un problema que contamina a la ciudad de Arica”. “¿Por qué el Estado de Chile no nos ha tendido la mano? ¿Cuántos años han pasado y no nos han dado una solución concreta? ¿Acaso en Arica no empieza Chile?”, insiste con tristeza.

A pesar del paso de los años, el problema persiste y con gente que aún vive en dichos sectores. “Como erradicaron a parte de las personas que vivían cercano al sitio F, quedaron las casas deshabitadas, entonces llegó gente, principalmente inmigrantes, que ocuparon este lugar”, afirmó Karla Vargas.

“Cuando intentaron desalojarlos, la manera en que iban a hacerlo, también era una manera irregular. Eso se detuvo y es un lugar habitado por un montón de personas que no tienen servicios básicos”, complementó, recalcando que en los otros barrios el resto de la población original sigue viviendo ahí.

Caso en la CIDH y plan de búsqueda de víctimas

El caso ha escalado en los últimos años a sede internacional, con una demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se busca asegurar la representación de las víctimas y visibilizar su lucha por la justicia ambiental.

Consultados en 2021 por el sitio BBC Mundo, la empresa sueca Boliden, acusada por el traslado de los desechos tóxicos a Arica, se defendió insistiendo en que actuaron con la autorización de las autoridades pertinentes en Chile en aquella época. “Boliden actuó muy por encima del estándar de ese momento, debemos recordar que Chile es uno de los países mineros más grandes y ellos tienen conocimientos experto en todas las áreas”, consignaron.

Karla Vargas apunta a las omisiones del Estado de Chile en todos estos años en la zona. “Aún teniendo una normativa específica, que se dictó en el año 2012, para poder dar algún tipo de respuesta a esta problemática, la forma en la que se ha ejecutado ha sido deficiente. Incluso, han terminado generando problemáticas aún más complejas a propósito. Nos encontramos con escenario en el cual el terreno donde se depositó originalmente estos desechos está siendo ocupado como estacionamiento de camiones, hay ciertas irregularidades”, indicó.

Para insistir con la demanda en sede internacional, habiendo pasado más de 17 años de la presentación ante la CIDH, el grupo de abogados de ONG Fima que lleva a cabo el proceso judicial, se encuentra realizando un plan de búsqueda de todas las personas afectadas, para lograr identidicar también a quienes en ese entonces fueran menores de edad o cambiaran su domilicio. Desde la agrupación, consignan en más de 15 mil el número de personas afectadas.

“Lo que se espera es que haya un reconocimiento de responsabilidad sobre algo que era lo mínimo que se esperaba del Estado, de que pudiese responder de manera correcta ante una situación de emergencia, ante una situación que finalmente afectó el proyecto de vida de miles de personas”, remarcó la abogada.

“Hoy nos encontramos ante la Comisión Interamericana, la cual se tiene que pronunciar sobre la admisibilidad de esta denuncia, además hacer un examen de fondo sobre si es que este proceso o hechos son constitutivos de una vulneración de derechos humanos. Estamos a la espera de ese pronunciamiento”, cerró Vargas.