Organizaciones de EEUU exigen intervención de la CIDH para liberar a venezolanos detenidos en El Salvador
Más de una docena de familias venezolanas cuyos integrantes fueron detenidos en El Salvador tras ser expulsados por Estados Unidos, presentaron este viernes una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar su liberación. El escrito fue entregado por una coalición de cuatro organizaciones estadounidenses, que piden a la CIDH tomar medidas urgentes contra el gobierno de Nayib Bukele por la “detención ilegal de cientos de individuos transferidos de manera forzosa e irregular” al país.
A mediados de marzo, Estados Unidos trasladó a más de 230 migrantes, la mayoría venezolanos, a la megacárcel salvadoreña CECOT, que ha sido señalada por múltiples denuncias de violaciones de los derechos humanos.
Situación de los venezolanos detenidos en El Salvador
En solicitud también se señala que los detenidos llevan más de dos meses sin comunicación. Por ello, exigen que la CIDH obligue a El Salvador a “cumplir con sus obligaciones legales internacionales” y colaborar con Estados Unidos para lograr su liberación. “Esto es un fracaso moral y legal de dos gobiernos y una emergencia de derechos humanos que exige atención global,” declaró Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigio Estratégico (GSLC), una de las organizaciones firmantes.
Mosselmans también responsabilizó a Estados Unidos de colaborar en una estrategia para “despojar” a cientos de personas de “sus derechos y su libertad”: “Estados Unidos y El Salvador han coludido para despojar a cientos de personas, incluyendo a muchos individuos con solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos, de sus derechos y su libertad”, dijo. “Estas son desapariciones forzadas aprobadas por el Estado y deben terminar ahora”, añadió.
Acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador: deportaciones, violaciones y derechos humanos
El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para transferir migrantes a la CECOT ha sido muy controversial. Bajo este acuerdo, el gobierno de EEUU paga anualmente 6 millones de dólares a El Salvador para mantener el sistema penitenciario y asegurar que estos migrantes sean detenidos en territorio salvadoreño. Sin embargo, este acuerdo ha sido severamente criticado por organizaciones de derechos humanos, que argumentan que se está utilizando a migrantes como parte de una estrategia de deportación masiva que infringe los derechos humanos.
Aunque el gobierno estadounidense justificó estas deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, un mecanismo que históricamente se ha utilizado en tiempos de guerra, expertos legales y miembros de la oposición demócrata han señalado que este uso de la ley es inapropiado y podría derivar en una crisis constitucional. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, por su parte, ordenó una suspensión temporal de las deportaciones mientras se resuelven las demandas legales contra esta práctica. Esta medida subraya las crecientes preocupaciones sobre la legalidad y la moralidad de las deportaciones de venezolanos a El Salvador.