Jueces y fiscales arremeten contra la reforma del Gobierno por el "riesgo de control ideológico" del acceso a la carrera

Cinco asociaciones de jueces y fiscales -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- se han posicionado en contra de la reforma impulsada por el Gobierno -que implica la modificación del sistema de acceso a ambas carreras- al considerar que supone "un evidente riesgo de control ideológico del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del Ejecutivo", algo que entienden "inasumible en un Estado de Derecho con separación de poderes".

En un comunicado conjunto, señalan que las reformas anunciadas "suponen un serio retroceso en Estado de Derecho" al propiciar "un acceso arbitrario a la judicatura, restringir la participación democrática en órganos de gobierno y someter instancias clave a criterios partidistas". Poniendo así en riesgo, subrayan, la independencia judicial. "Esta deriva compromete directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, imparcial e independiente, tal como exige el respeto a los estándares constitucionales", denuncian.

Las asociaciones profesionales firmantes avisan que adoptarán si es necesario "las medidas que resulten precisas" en "defensa de la carrera judicial y fiscal y de los valores constitucionales".

Para las agrupaciones contestatarias -entre ellas las dos mayoritarias en ambas carreras- "el panorama que implica esta reforma" -sin tener en cuenta, se quejan, la mayoría de sus alegaciones al anteproyecto de ley- es "desolador". "Supone una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial", lamentan.

No en balde, consideran que se produce una "desnaturalización del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal" al modificarse "profundamente" los procesos de selección sin respetar "los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir, en todo tiempo y lugar, el acceso a la función pública".