Estoy siendo testigo directo de un curioso experimento urbanístico y social: la transformación de una residencia de monjas jubiladas de La Asunción , en terrenos que eran una dote de una hermana –ay, si esos padres de la hermana Julia levantaran la cabeza–, a centro de internamiento de menores infractores (CIMI), gestionado por una entidad privada por 21 millones de euros por cuatro años, a pagar por los contribuyentes. En el pliego va una previsión de 1.400.000 euros en alquiler del edificio, que cobrará el que se lo tiene ya alquilado a las monjas. Queda así totalmente privatizado el sistema de centros de internamiento o cárceles de menores –me ponen un poco enferma los eufemismos– de la Junta de Andalucía....
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