El pasado 18 de marzo, el Ministerio para la Transición Ecológica acogió la presentación del informe anual de Red Eléctrica sobre la situación del sistema en 2024. En el evento participó la presidenta del operador, Beatriz Corredor , y estaba prevista la presencia de la ministra, Sara Aagesen , aunque finalmente no pudo asistir por motivos de agenda. Ese día, la compañía celebraba —además— su 40 aniversario. Existía gran complicidad. En los documentos presentados se ponía especial énfasis en el gran éxito de las energías renovables . Todo eso ha cambiado tras el gran apagón del 28 de abril. La relación entre el Gobierno y Grupo Redeia, al que pertenece Red Eléctrica —y del que posee un 20% del capital—, ha entrado en una fase de frialdad. Por un lado, la investigación sobre el apagón la está capitaneando Sara Aagesen y el gestor del sistema ha quedado al margen de estas pesquisas y no está en el comité creado. Su función es la de suministrar los datos. De esta forma se ha creado un cortafuegos entre el Ejecutivo y el operador del sistema, aunque desde Transición Ecológica no quieren cerrar todas las puertas. De hecho, ayer, en el Senado, Aagesen hizo un pequeño guiño a las compañías eléctricas al asumir que está abierta a investigar si hubo problemas en la red los días previos al 28 de abril. No obstante, en su intervención en la Cámara Baja lanzó la idea de que no hubo un problema de inercia, cuestión que ha dejado en duda la tipología de mix eléctrico que tiene España y, por tanto, lanza un mensaje a las eléctricas de que su estrategia es la correcta y el problema tuvo que ser en la producción. Esta circunstancia llega después de que Aelec , la patronal que representa los intereses de Iberdrola , Endesa y EDP , asegurase esta semana en un comunicado público que «ya en los días 22 y 24 de abril, se habían observado variaciones que provocaron la desconexión automática de instalaciones de generación y de clientes». Esta reacción de la patronal eléctrica se produce tras las continuas insinuaciones por parte del Gobierno de que las causas del apagón se debieron a un problema de generación . Además, en el goteo de informaciones que trascienden del comité de investigación, también explicaron desde Transición Ecológica que la zona cero del suceso tuvo lugar en Badajoz, Granada y Sevilla. Regiones donde Iberdrola y Endesa tienen importantes activos de producción eléctrica. En este contexto se han revuelto las eléctricas, y aseguran que «el apagón que se desencadenó a las 12:33 horas del pasado 28 de abril estuvo precedido por importantes oscilaciones de tensión en toda la red ibérica, durante la mañana del evento y durante la semana previa». De esta forma, Iberdrola y Endesa ponen el foco en la infraestructura ajena a sus activos. «En los nudos de interconexión con la red de transporte se empezó a advertir en todo el territorio peninsular un incremento en la inestabilidad de la tensión a partir de las 10:00h de la mañana, incrementándose a partir de entonces. Estas tensiones elevadas y oscilantes pudieron medirse en diversos nudos de la red de transporte cuyas medidas son observables por las empresas de Aelec», sostienen desde la organización. La respuesta de Red Eléctrica no se ha hecho esperar . Aseguran que «es constatable que cuando se desencadena el incidente no había oscilaciones y las variables del sistema estaban en valores admisibles. Por lo tanto, el análisis del incidente ha de centrarse en la búsqueda de los eventos que han podido llevar al sistema a la evolución que finalmente se produjo». Es decir, el operador del sistema pone el foco, al igual que el Gobierno, en un supuesto problema de producción como detonante de la situación. La compañía presidida por Beatriz Corredor, en otro dardo envenenado, dice estar «convencida de que se están investigando todas las circunstancias en torno al incidente del pasado 28 de abril, incluidas las variables eléctricas en otras redes e infraestructuras que no gestiona Red Eléctrica». Este mensaje tiene un doble destinatario. Por un lado vuelve a señalar que todo lo sucedido no tiene por qué haber sido en su infraestructura, y, además, mete presión al Gobierno para que prosiga con su labor de señalar a las empresas eléctricas. Desde el Gobierno se han dado tres meses para tener un informe que puedan presentar a la opinión pública. No obstante, se prevé que seguirán saliendo informaciones a cuentagotas que tendrán una dirección concreta: las empresas.
