Sentencia millonaria en Florida: jueza falla contra exfuncionario mexicano García Luna por esquema de contrataciones ilegales y lavado de dinero
García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México, enfrenta una nueva condena. Una corte del condado de Miami-Dade, Florida, resolvió un juicio civil por corrupción en su contra, sentenciándolo a pagar junto con su esposa, Cristina Pereyra, una multa de 2,488 millones de dólares. El fallo responde a una demanda promovida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, que documentó un esquema de desvío multimillonario.
La jueza Lisa Walsh dictó sentencia tras la incomparecencia de los acusados, quienes no se presentaron al juicio ni enviaron representación legal. La UIF acusó a García Luna de beneficiarse, junto con su círculo cercano, de una red de empresas fachada que operó con total impunidad para obtener contratos públicos del sector seguridad. Los fondos desviados fueron transferidos a paraísos fiscales y utilizados para adquirir bienes y propiedades en Estados Unidos.
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Red de corrupción: contratos inflados y empresas fantasma
El gobierno mexicano presentó pruebas que demostraron cómo, bajo el mando de Genaro García Luna, un conglomerado empresarial controlado por socios y familiares obtuvo al menos 30 contratos con entidades públicas de seguridad en México. Las adjudicaciones, que sumaron más de 634 millones de dólares, se otorgaron de manera irregular, sin licitaciones públicas y con sobrecostos evidentes.
El mecanismo fue sofisticado: las empresas involucradas transferían los recursos a cuentas en paraísos fiscales como Barbados, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Luego, los fondos se redireccionaban hacia sociedades en Estados Unidos controladas por García Luna y su esposa. Con ese dinero, adquirieron residencias de lujo, vehículos de alta gama y otros activos.
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Florida, el destino de los recursos desviados
Los fondos malversados llegaron principalmente al sur de Florida, donde la familia García Luna-Pereyra construyó una vida de lujo. Compraron al menos cinco propiedades valoradas en millones de dólares, incluyendo residencias en Golden Beach y Aventura. También realizaron inversiones en negocios locales y adquirieron vehículos de colección, según documentos presentados ante la corte.
En su sentencia, la jueza Lisa Walsh subrayó que los demandados actuaron con total desprecio por la legalidad y se beneficiaron personalmente de fondos públicos destinados a la seguridad nacional. La decisión civil no solo impone una sanción económica histórica, también abre la puerta para la incautación de los bienes adquiridos con recursos ilícitos. México ya inició gestiones para recuperar esos activos como parte de su estrategia de combate a la corrupción transnacional.
Extradición y condena penal agravan la situación de García Luna
Esta condena se suma a la sentencia penal que recibió en octubre de 2024 en una corte federal de Nueva York, donde fue hallado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada. En ese proceso, el jurado lo declaró responsable de colaborar con el Cártel de Sinaloa, facilitando su operación desde el aparato del Estado mexicano. Fue condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos.
Ante este nuevo fallo civil, el gobierno mexicano reforzó su solicitud de extradición para que García Luna enfrente cargos por corrupción y lavado de dinero en México. La Fiscalía General de la República y la UIF trabajan en conjunto para recuperar el dinero robado y llevar ante la justicia a todos los involucrados. La sentencia de Miami marca un hito en el combate al uso ilícito del poder público y confirma la estrecha cooperación jurídica entre ambos países.