Oposición respalda a Fiscalía en pulso con tribunales: oficialismo defiende la autonomía judicial

La apelación presentada por la Fiscalía ante la Corte Suprema agitó el debate político. La UDI celebró la acción del Ministerio Público, mientras el oficialismo advirtió que están “jugando con fuego” al desafiar un fallo “contundente”.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que el Ministerio Público apelaría ante la Corte Suprema tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las interceptaciones telefónicas realizadas en la arista ProCultura del caso Convenios, específicamente en contra de Josefina Huneeus Lagos, exesposa del fundador de la fundación investigada.

Así, durante la jornada de este jueves, se dio a conocer la apelación del Ministerio Público en la que acusan que “la resolución judicial de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta contiene determinadas menciones que, sin fundamento o consideración alguna, se apartan de toda base orgánica referida al principio de legalidad“.

Recordemos que en su fallo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta cuestionó a la Policía de Investigaciones por no percatarse que el teléfono “pinchado” era de una mujer y no de Alberto Larraín: “Resulta chocante aceptar que los funcionarios policiales fueran incapaces de descubrir que se trataba de una voz femenina y no masculina. Las explicaciones dadas subestiman la inteligencia, no solo de los juzgadores, sino de cualquier ciudadano de la República y no pueden, desde luego, validar las actuaciones en referencia”.

De la misma manera, el fallo resaltó que se habían violado derechos fundamentales de Huneeus e incluso realizó una comparación que trajo un impacto político y judicial al señalar que la intervención del celular de la expareja de Larraín eran “propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado”.

Al respecto, el fiscal Juan Castro Bekios cuestionó los argumentos en el fallo que invalidó la intercepción telefónica: “Son manifestaciones que encuentran sintonía con opiniones personales o consideraciones de orden político; o bien, y en caso que se discrepe de la naturaleza de las mismas, resulta necesario consensuar que, a lo menos, son menciones que se alejan notoriamente de todo espectro jurídico”.

“La emisión de apreciaciones sobre las aptitudes de los funcionarios que forman parte de la Policía de Investigaciones o la analogía entre el desarrollo de una diligencia y un período histórico de nuestro país es susceptible de ser calificado como impertinente, atendido que la potestad ejercida por todo tribunal de nuestro país no contempla una prerrogativa de tal índole“, puntualizó.

El fiscal de Antofagasta pidió a la Corte Suprema acoger a trámite la apelación y que “revoque la resolución recurrida y declare la legalidad de las resoluciones judiciales cuestionadas, así como también la de todas las diligencias y resoluciones que de ellas derivaron, en lo concerniente a la amparada”.

Además, en caso de que el máximo tribunal del país no acoja el recurso de apelación, Castro pidió que se “haga uso de sus facultades disciplinarias y, en su mérito, invalide la resolución dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, de fecha 16 de mayo de 2025, referente a los considerandos o parte de aquellos que aducen o contienen opiniones personales o consideraciones de orden político y que no guardan relación con el asunto sometido a su conocimiento”.

La politización de la Justicia

Desde el 16 de mayo, día en que la Fiscalía Nacional informó la remoción del fiscal Patricio Cooper del caso ProCultura, la oposición ha presionado al Ministerio Público para que Cooper sea reintegrado a la causa.

Este lunes la Unión Demócrata Independiente (UDI) endureció el tono en contra del Ministerio Público y el Ejecutivo. El diputado y presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, sostuvo que la decisión del fiscal nacional “representa un triunfo para el gobierno y un debilitamiento para la Fiscalía“.

En esa línea, desde la oposición cuestionaron y presionaron al Ministerio Público para que apelara al fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

El diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, valoró la decisión de la Fiscalía de apelar: “Nosotros como Unión Demócrata Independiente el día de ayer ya habíamos presentado una apelación y valoramos que la Fiscalía lo haga porque es evidente que de la sola lectura del fallo de la Corte de Apelaciones se puede ver un sesgo político”.

En esa línea, Coloma aseveró que “es evidente que (el fallo) hace alusiones políticas que no corresponden a un tribunal y es por eso que nosotros desde el primer minuto dijimos no solamente que íbamos a apelar, sino que encontrábamos apresurada la salida del fiscal Cooper hasta la espera del resultado de la apelación”.

“Esperamos y confiamos, tal como lo dijo el fiscal nacional, en que la resolución que excluyó la prueba de esta causa pueda ser incorporada nuevamente a la causa de Procultura“, puntualizó el parlamentario.

En un tono similar, el diputado de Renovación Nacional (RN), Miguel Mellado, señaló que “las instituciones tienen todo el derecho de actuar dentro del marco de la ley y si no están de acuerdo con algún fallo recurrir a la Suprema”.

“Acá nosotros debemos respetar lo que la ley mandata y como parlamentarios quiero que se investigue a fondo todo lo que sea necesario para esclarecer estos hechos, si son constituidos de delito pero también esclarecer en el fondo en lo que sucede con las platas públicas”, cerró el parlamentario de RN.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador de la Federación Regionalista Verde Social,  Esteban Velásquez, señaló que si bien el Ministerio Público está ocupando la prerrogativa que tiene, están “jugando con fuego“.

“La Corte de Apelaciones fue tremendamente contundente en sus argumentos para demostrar lo ilícito e ilegal de las actuaciones, tanto del Ministerio Público, de los propios funcionarios de la Policía de Investigaciones y los llamados de atención a la jueza de garantía. Allí el tribunal, con sendos argumentos, fue capaz de fundar su fallo”, detalló.

“Me da la impresión que el Ministerio Público, ocupando la facultad que tiene de apelar, juega con fuego y está al límite de probablemente perder mucha consistencia en esta investigación si la Corte Suprema no acoge esta apelación“, complementó el senador.

Asimismo, para Velásquez aseguró que “no se observa ningún componente de orden personal ni político en el fallo. Hay situaciones históricas de la cual los tribunales, las cortes, los estudiosos del ámbito jurídico, más bien lo que hacen es hacer referencia para avanzar en estándares en términos de salvaguardar el derecho de los ciudadanos, desde el derecho a la vida hasta el derecho de todas las libertades. De ahí entiendo la interpretación o mención que hace el fallo”.

En diálogo con el panel de conversación de la primera edición de Radioanálisis, el secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro Kemp, sostuvo que “lo único que le quedaba al Ministerio Público era apelar a pesar del riesgo de que la Suprema le diga ‘entienda esta unanimidad’ porque el fallo para el Ministerio Público es completamente desastroso”.

Para Toro, el fallo de la Corte de Apelaciones expuso argumentos que en democracia “uno no hubiese esperado”. En esa línea, profundizó en la crítica del tribunal a lo realizado por el fiscal Cooper: “Esto de que se recuerdan tiempos pretéritos de la República es clara alusión a la dictadura”.

El secretario general del PPD tachó de “lamentable” la situación y cuestionó la intromisión y utilización de la Justicia por parte de Chile Vamos: “Nada de lo que hagan ni los tribunales ni el Ministerio Público para Chile Vamos está bien (…) reclama de que hay interferencia del gobierno en la investigación y ahora va contra los tribunales de justicia también para aducir situación política frente a un hecho de la mayor gravedad en tiempos de democracia, entonces creo que aquí al único partido que no le gusta cómo funciona la institucionalidad pareciera ser a Chile Vamos, que lo critica por A, por B o por C”.