La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha tachado de «discriminatorio e inadmisible» el acuerdo firmado entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco, que permite a esta comunidad recibir el 50% de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y ha exigido el mismo trato para el resto de comunidades autónomas. Se suma así a la petición que comenzó Andalucía. Como ya informó ABC , la Junta pidió al Gobierno que abone el mismo porcentaje en Andalucía que en País Vasco, ya que en la región está entorno al 30%. Desde la FED avisan de que este pacto «ahonda en la brecha de financiación» que afecta «gravemente» a la sostenibilidad del sistema de cuidados en otras comunidades autónomas, donde los servicios se están prestando, «literalmente, a pérdidas». «Estamos ante una vulneración flagrante del principio de igualdad entre territorios. No se puede premiar a una comunidad con la financiación que por derecho nos corresponde a todos mientras se condena a otras a sostener el sistema sin los recursos necesarios«, ha afirmado el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid. Según recuerda la patronal, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece que la financiación del SAAD debe realizarse al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, esta financiación nunca se ha cumplido. «Las CCAA apenas reciben un 27% de aportación estatal , muy lejos del porcentaje legalmente establecido«, sostiene. Este «déficit», según advierte, «repercute directamente en la calidad del servicio, en la viabilidad económica de los centros y servicios y, en última instancia, en la dignidad y bienestar de las personas mayores dependientes«. Por ello, la FED pide al Gobierno «que aclare públicamente» los términos del acuerdo bilateral con el País Vasco; que garantice el mismo nivel de financiación (50%) al conjunto de CCAA; que refuerce el nivel mínimo de protección , y que abra un proceso de diálogo estructural con el sector para resolver los problemas de «infrafinanciación, falta de personal, rigidez normativa y ausencia de un modelo de concertación sostenible». La dependencia protagonizó un profundo debate en la última sesión del Parlamento Andaluz, después de que la consejera Loles López reprochara a la bancada socialista que no exija los mismo para los dependientes andaluces, que lo que su partido, desde el Gobierno, da a los vascos. «A unos los trata como ciudadanos de primera y otros con la punta del pie», afirmó la consejera. Andalucía presupuestó para 2025 un montante de 2.331 millones de euros para los cuidados de dependencia a casi 300.000 usuarios. La propia Junta se achacó superior a los 1.500 millones, basándose en la transferencia estatal de 2024, que no llegó a alcanzar los 800 millones de euros. Por eso, con el documento firmado por María Jesús Montero en la mano, la consejera pidió el mismo trato para Andalucía y denunció que se abone la dependencia vasca «por la puerta de atrás».
