El Gobierno de Aragón considera que premiar a las comunidades autónomas que se someten al dictado de la «nefasta ley de vivienda del Gobierno de Sánchez, en detrimento de las que no lo hacen, por la ineficacia constatada de esta ley, es un castigo absurdo y difícil de explicar«. Ha incidido que resulta «absurdo porque ni la propia ley obliga a la declaración de zonas tensionadas y es difícil de explicar porque discrimina en función de una ley de claro sesgo ideológico«. El Ejecutivo autonómico ha respondido así a las manifestaciones realizadas por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y a la nota de prensa publicada por la Delegación del Gobierno sobre la concesión de ayudas a las comunidades que declaren las denominadas zonas tensionadas. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está ultimando la habilitación de 35 millones de euros que se traspasarán a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas tensionadas, o estén en proceso de hacerlo, para que dispongan de más recursos para adoptar medidas adicionales en aras de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. «La medida en sí resulta irrisoria si se compara lo que a Aragón le correspondería en función de su población -el 3% aproximadamente- de esos 35 millones, que apenas alcanza el millón «, han señalado desde el Gobierno de Aragón, con el programa 'Más Vivienda, Mejor Turismo' para impulsar vivienda pública en los 43 municipios aragoneses más turísticos donde hay cierta presión en relación a la vivienda habitual para trabajadores del sector está dotado de 65 millones. «Un millón frente a 65 millones, esa es la comparativa, dicen fuentes de la Consejería de Vivienda. Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha protestado por el hecho de que «el Gobierno de Aragón tiene la oportunidad de ayudar a la gente para acceder a la vivienda aplicando en Aragón la Ley de Vivienda del Gobierno de España, que permite declarar zonas tensionadas y controlar los precios. La Ley se aplica o no se aplica, y el Gobierno de Aragón por motivos ideológicos y por beneficiar al mercado ha preferido que suban los precios del alquiler a ayudar a la gente. El Gobierno de Aragón, con esta decisión, castiga a todos esos jóvenes y familias que, en pueblos turísticos o zonas en expansión, no se pueden beneficiar de una Ley que está en el BOE desde 2023«. Beltrán ha recordado que «la Ley de Vivienda funciona allí donde se aplica está dando resultados, en Cataluña en un año el precio alquiler ha bajado 3,7% en zonas tensionadas y en Barcelona el descenso ha sido del 6,4%, a la vez que se han sumado nuevos contratos de alquiler al mercado, lo que hace que haya precios más bajos y contratos más estables».
