Taller 3R estima finalizar proceso concursal en año y medio o dos años: esta es la ruta que planean seguir
El Grupo Corporativo Tres Erres S. A. estima finalizar el proceso concursal que solicitó en marzo pasado en un plazo de entre año y medio y dos años, mediante una estrategia que permitiría aliviar la situación financiera de la compañía.
Adrián Valverde, director ejecutivo (CEO) del Taller 3R, manifestó a La Nación que proyectan flujos de recursos bajo varios escenarios y que el objetivo es salir de esta situación lo antes posible.
Si bien algunas de las estimaciones permitirían salir del proceso en un año, Valverde afirmó que el plazo más probable para superar esta crisis es un poco mayor. Enfatizó que no hay intención de dejar de pagar a los acreedores y que ya han sostenido acercamientos para continuar cancelando sus obligaciones.
“Estimo que vamos a estar afuera (del proceso concursal), completamente, entre año y medio y dos años”, comentó Valverde, agregando que este plazo implica el cumplimiento paralelo de la reestructuración de obligaciones financieras.
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El propietario del Taller 3R explicó que alrededor del 70% de sus facturas corresponde al costo de repuestos, y añadió que por la mano de obra reciben insuficiente para generar utilidades.
“Parte del negocio nuestro es el descuento que nos ofrecen en la compra del repuesto. Y ahí, solo ahí, es donde está el remedio para nosotros, porque el volumen de compra es muy alto”, indicó Valverde.
Como parte del plan, el director ejecutivo del Taller 3R señaló que esta semana llegó a un acuerdo con dos aseguradoras privadas, que les darán adelanto de dinero para la compra de los repuestos y usarlos en las reparaciones, un aspecto que considera clave en su negocio.
Valverde añadió que también planean solicitar al Instituto Nacional de Seguros (INS) que, al menos, les adelante el pago de los repuestos. “Usted me paga cuando esté satisfecho con la reparación, pero los repuestos, por favor. Yo tengo ahorita más de un millón de dólares en adelantos en agencias, que no voy a ver en meses, y es plata que le estoy financiando a la aseguradora y al cliente. Y son ingresos que dejo de percibir”, afirmó.
El empresario añadió que algunas agencias grandes les extendieron el límite de crédito. “Yo les estoy ofreciendo garantías de pago. Eso también contribuirá significativamente a que podamos salir adelante”, expresó.
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Nuevos negocios
Una de las variables del plan remedial de la empresa es incursionar en nuevas líneas de negocio, dentro de su giro de trabajo, y que les generen ingresos adicionales.
Una de esas alternativas es la importación de repuestos para vehículos chinos. Según Valverde, insumos que usualmente tardan entre tres y cuatro meses en llegar, ahora los están entregando en torno a tres semanas.
El director ejecutivo de 3R señaló que ello les genera un margen de utilidad “razonable”, en torno al 30%, y que usualmente el costo del repuesto puesto en el país representa un 60% de lo cotizado.
También crearon una compañía, junto a socios, orientada a la reparación de piezas como aros que, según él, genera un ahorro importante para las aseguradoras, pues les permite arreglar la pieza y no comprarla.
El proceso
Taller 3R solicitó la apertura de un proceso concursal el pasado 14 de marzo. El Grupo Corporativo Tres Erres Holding Sociedad Anónima presentó la petición ante el Juzgado Concursal de San José.
Dentro del requerimiento judicial también se encuentran Tres Erres Sociedad Anónima, Reyva Sociedad Anónima y REM Sociedad Anónima, según el documento presentado al Juzgado.
La empresa de reparación continúa operando, pues actualmente tiene 175 trabajadores. Entre los acreedores hay entidades públicas, personas y empresas, entre las cuales se encuentran la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda.
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También figura el fondo inmobiliario no diversificado de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), que reclama a Reyva S. A. el pago de $4,1 millones.
Los procesos concursales tienen como objetivo restablecer la operación de las empresas y organizar el pago de sus deudas. Si esto no es posible, la autoridad judicial establece un plan de liquidación.