Cada vez son más los propietarios en España que viven atrapados en una pesadilla de la que no saben cómo salir. La okupación ilegal se ha convertido en un fenómeno que trasciende lo anecdótico para convertirse en un drama cotidiano que erosiona derechos fundamentales . Personas que, tras años de trabajo y esfuerzo, han invertido en una vivienda con la esperanza de asegurar el bienestar de sus familias, ven cómo sus casas son tomadas por desconocidos mientras el sistema legal apenas reacciona. Aunque en 2023 las okupaciones descendieron un 8,8% respecto al año anterior, las 15.289 infracciones penales registradas dejan claro que el problema sigue muy presente y que el impacto emocional, económico y físico para quienes lo sufren es devastador. Carlos, un vecino de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, lo sabe mejor que nadie. Desde enero de 2024, su vivienda está okupada . Todo comenzó cuando el inquilino al que Carlos había alquilado la casa se marchó sin pagar , dejando tras de sí a un grupo de personas en el inmueble . «Formalizaron un contrato y ellos dicen que le han pagado a él», explica el propietario, visiblemente afectado. Desde entonces, ha sido un rosario de enfrentamientos , amenazas y agresiones , culminando en un episodio violento que, según manifiesta, casi le cuesta la vida. En su última agresión, relatada por Telemadrid, Carlos recibió una pedrada desde una altura de nueve metros que le abrió una brecha en la cabeza . «Me han tirado piedras que no me han matado de milagro, es un intento de homicidio en toda regla. Me encuentro mal, con mucho dolor, todavía tengo un poco de mala visión en el ojo izquierdo», denuncia ante las cámaras. No es la primera vez que sufre agresiones. Los okupas, asegura, «son muy agresivos». Y no solo con él, sino también con los vecinos de la zona, tal y como manifiesta, incluso han rallado algunos coches del vecindario . Razón por la que Carlos vive en un estado constante de ansiedad y solo desea que «por Dios se vayan ya de mi vida de una vez». A la tensión del día a día se suma el riesgo de un posible desastre, ya que los okupas han realizado enganches ilegales a la red eléctrica , lo que preocupa al propietario. Teme que un cortocircuito o una sobrecarga puedan desencadenar un incendio que no solo destruiría su vivienda, sino que pondría en peligro a todo el vecindario. Asimismo, en el interior del edificio no solo viven los okupas, también otros inquilinos que cuentan con un alquiler legítimo. Uno de ellos ha relatado a Telemadrid el ambiente de violencia que se respira cada vez que Carlos intenta tomar medidas: «Hay mucha violencia entre el dueño y los okupas. Con nosotros no se meten, pero cada vez que viene él y corta la luz, estalla el conflicto». Por otro lado, Rogelio Gómez, gerente de la empresa de desokupación contratada por Carlos, tampoco se ha librado de las amenazas . «Ya tenemos vista para el desahucio, pero aún así, pues nos han intentado apuñalar, nos han tirado tapadas cantarillas. Hemos intentado hablar con uno de los okupas, pero sin éxito», asegura. El caso de Carlos no es único, pero ilustra con crudeza lo que está ocurriendo en muchos rincones de España . Mientras tanto, los propietarios sienten que las leyes no están de su lado, que el tiempo corre en su contra y que los okupas actúan con una impunidad que desespera. Porque la okupación no solo arrebata casas: roba tranquilidad , salud y, en casos como este, pone vidas en peligro .
