La asociación Idiomas y Educación ha solicitado a PP y Vox -cuando es inminente la aprobación de los presupuestos autonómicos- una «revisión de datos» para comparar las notas de la asignatura de Valenciano porque temen una « conspiración » de sectores nacionalistas del profesorado para que los alumnos no alcancen el 7 y no obtengan el certificado automático de este idioma al concluir la escolarización. Como el requisito lingüístico para ejercer como funcionarios ha ejercido desde hace años una fuerte presión para fomentar el aprendizaje del valenciano -a su juicio- ahora desconfían de un posible boicot al contener la nueva Ley de Libertad Educativa ese derecho de los estudiantes al título oficial en las aulas, sin necesidad de examinarse aparte. «Muchos docentes, así como equipos directivos de los centros, cuentan ya con un buen historial de colaboración en la imposición lingüística en Educación», recuerdan, con el referente además de «otras comunidades autónomas con lengua cooficial, donde ha habido estudios que demuestran que el colectivo docente es el gremio más nacionalista». Ponen el foco en que abundan los «profesores que promueven la identidad y la división en las aulas, cuestión que no ocurría en la Comunidad Valenciana antes de que Compromís y PSPV llegaran con su ley rodillo, la de 2018 de imposición lingüística». Desde entonces, en este ámbito territorial «varios colectivos se han orientado a transmitir valores identitarios y de diferenciación con el resto de España en las escuelas valencianas», según su análisis. Idiomas y Educación considera precisamente que el «catalizador» del cambio en los docentes ha sido el requisito lingüístico, «al otorgarles ventajas que les van reconduciendo a transmitir el nacionalismo en las aulas ». Como síntoma más reciente, apuntan a docentes de lengua valenciana y de otras especialidades que se han visto «envueltos» en la « campaña de sectarismo » en los centros de la consulta de marzo a las familias para elegir el idioma de aprendizaje, con argumentos falsos para que los padres optaran por el valenciano, como aquellos relacionados con la Xarxa Llibres; con los certificados de valenciano; o incluso «llenando los centros de carteles que tomaban partido por este idioma y también con recomendaciones xenófobas para evitar inmigrantes en los grupos de aula», tal como publicó ABC . En esta misma línea argumentas, esta asociación nacida en Alicante interpreta que «la Comunidad Valenciana sigue la hoja de ruta de Cataluña » y para justificar esta afirmación señala a «un sindicato llamado STEPV, que ostenta la mayoría absoluta entre la representación sindical, y que ya ha mostrado su parcialidad y sesgo nacionalista, por lo que acaba condicionando a los consejos escolares de los centros, los que deciden las lenguas vehiculares y el programa lingüístico». De ahí que a la hora de revisar datos, como les plantea a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, reivindican justamente que se estudien los Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC). En concreto, recomiendan cuatro medidas aplicadas al análisis de datos para «detectar y evitar la deriva » en la aplicación de la Ley de Libertad Educativa. De entrada, comparar porcentajes de lenguas en la admisión en mayo (Bachillerato e Infantil) con los de la consulta de marzo cuando hubo una abstención de algo más del 40% (en la matriculación de ahora había que elegir obligatoriamente). «Las diferencias de porcentaje de esos datos serán buenos indicadores de la presión sectaria que se ejerció en marzo, de aquellos bulos y mentiras para la elevada abstención y para que los padres, ante esa manipulación, solicitaran valenciano», señalan, con énfasis en que puede haber ocurrido así «incluso a pesar de la poca información que ha llegado a los padres sobre el modelo de aplicación de lenguas en Bachillerato». El antes citado análisis de notas de valenciano, ya que resulta determinante ese 7 de barrera, misma calificación exigida también en la Ebau. «Se puede detectar si los profesores de valenciano han restringido la nota a los alumnos para dificultar la consecución de certificados», alertan. En tercer lugar, reclaman comparar con años anteriores la reclamaciones relacionadas con el valenciano, «con el objetivo es descartar que en los centros ocurran cosas, como que que los alumnos no alcancen sus objetivos en la materia de Valenciano, y se dificulte la consecución de los certificados de nivel». Finalmente, platean un análisis del programa de lenguas vehiculares , conocer en cada centro qué materias se vehiculan en valenciano y cuáles en castellano, curso a curso, materia por materia, para ver qué porcentajes se dan en un rastreo estadístico de cada centro, municipio, provincia y en el conjunto de la Comunidad. La meta apunta a ver si se están respetando los idiomas de aprendizaje y las materias troncales, es decir, que no hay «desajustes o deriva» en la aplicación de cada lengua base, en los términos que define la ley. Estas peticiones no quitan para que Idiomas y Educación valore positivamente algunas de las novedades recientes en la normativa, mientras otras no. «Felicitamos a la Conselleria por el modelo de Bachillerato y le pedimos que se aplique en todas las etapas educativas, al tiempo que criticamos su recomendación de que la asignatura troncal de Conocimiento del Medio se imparta en valenciano». Aparte de comunicarlo a los dos partidos (PP y Vox) por depender de ambos la política educativa, la asociación pretende darlo a conocer al resto de la sociedad.
