Organizaciones de DDHH rompen relación con el Ejecutivo con duras críticas a Boric: “Aún no se pone los pantalones”

En un punto de prensa realizado en los jardines del ex Congreso Nacional, en la comuna de Santiago, la senadora Fabiola Campillai, la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social y la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna cortaron la relación con el Ejecutivo, ante la nula respuesta por parte del Gobierno a apoyar el Proyecto de Reparación Integral presentado en diciembre pasado al Presidente Gabriel Boric.

La senadora Fabiola Campillai elevó sus críticas al Mandatario señalando que “él se comprometió, en el Día de los Derechos Humanos, ante toda la gente, en público, a dar una respuesta en enero de este año sobre si patrocinaría o no. Ha pasado enero, febrero, marzo, abril y mayo, y aún no se ha puesto los pantalones ni le ha dado una respuesta a los sobrevivientes que fueron lamentablemente dañados en el estallido social”.

“(El Presidente) se comprometió con la justicia, se comprometió con una ley de reparación, se comprometió con un sistema de verdad. Sin embargo, el trabajo ha sido prácticamente nulo. No se ha trabajado por las víctimas, no se ha trabajado por los sobrevivientes”, sostuvo la parlamentaria acerca del trabajo realizado particularmente en la subsecretaria de Derechos Humanos.

A su vez, la exsubsecretaria de Derechos Humanos durante el primer año de la administración de Gabriel Boric y consejera del INDH, Haydee Oberreuter, destacó lo realizado por la senadora Fabiola Campillai y la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna: “Han llevado adelante (el trabajo) proactivamente y tienen todo el sentido del mundo, ya que son parte de una larga deuda que el Estado de Chile no ha sido capaz de honrar y que no queda tiempo para que este mandatario cumpla con su palabra“.

Asimismo, recordó la importancia de que exista un sistema y una ley de reparación: “Garantiza que las personas que fueron agraviadas tengan derecho a verdad y a justicia. Para ello se requiere, sin duda alguna, la creación de una comisión de verdad. Sin duda alguna”.

Por su parte, Carlos Astudillo, miembro de la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social, se mostró decepcionado del gobierno por no “cumplir con sus compromisos de campaña y, por el contrario, ha aprobado leyesen pro de la impunidad y en contra de los derechos humanos, como la Ley Nain-Retamal”.

Astudillo emplazó al Jefe de Estado de cara a su última cuenta pública: “Es la oportunidad de que el Presidente Gabriel Boric diga que va a apoyar una comisión de verdad y justicia y que también va a dar respuesta a lo que planteó este espacio: el proyecto de Ley de Reparación Integral que presentaron la senadora Fabiola Campillai y la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna. Presidente Gabriel Boric, le quedan pocos meses. La historia lo juzgará”.

¿Qué plantea el proyecto de Reparación Integral?

El texto establece un marco para la reparación integral de las víctimas de violencia institucional, en conformidad con los principios y compromisos internacionales, reafirmando el compromiso del Estado con la justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

La iniciativa abarca el período comprendido entre el 7 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2022. Se considera como víctimas a todas las personas que hayan sufrido violencia sexual, tortura, apremios ilegítimos, lesiones graves, gravísimas o menos graves, mutilaciones o castraciones, conforme a los delitos tipificados en los artículos 395 y siguientes del Código Penal.

La iniciativa incluye a las personas fallecidas en el contexto de movilizaciones sociales, cuando estos hechos hayan sido cometidos por agentes del Estado, sin importar si las víctimas participaban o no en dichas movilizaciones.

Además, el proyecto contempla la formación de una Comisión de Verdad y Reparación, integrada por siete miembros con reconocida trayectoria en derechos humanos. Tres serán designados por el Presidente de la República en ejercicio, y cuatro por las organizaciones de víctimas de derechos humanos surgidas del estallido social.

La comisión tendrá la tarea de definir un procedimiento de calificación de las víctimas, considerando antecedentes judiciales, informes médicos y otros documentos aportados por las víctimas, familiares u organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.