Procesamiento de García Ortiz: el juez allana el camino para tomar la decisión tras declarar los últimos testigos pendientes
El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga al fiscal general por revelación de secretos ha despejado el camino para tomar una decisión sobre el procesamiento de Álvaro García Ortiz por la filtración de datos reservados de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El juez Ángel Hurtado ha escuchado a cuatro periodistas que afirman que conocieron 24 horas antes de la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se produjo la filtración, que González Amador estaba dispuesto a alcanzar un acuerdo de la Fiscalía. Unos testimonios que solicitó García Ortiz al considerarlos determinantes para lograr el archivo del procedimiento.
Se trata de la última diligencia pendiente, que según aseguró (por si había alguna duda) el propio Hurtado el pasado día 23 al comienzo de la declaración de González Amador, era conveniente practicar "antes de que terminemos lo que se puede considerar la instrucción". No obstante, el juez aún debe pronunciarse sobre una petición de última hora de la también investigada Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid, que pretende que se reclamen los correos entre la defensa del novio de Ayuso y la Fiscalía y la Abogacía del Estado).
Los cuatro periodistas de "El País" han ratificado que tras enterarse su subdirector en fuentes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de un posible pacto de conformidad se pusieron en contacto con el abogado de González Amador, Carlos Neira, para intentar confirmarlo. Aunque este, según han puesto de relieve, no contestó a sus mensajes de WhatsApp ni al correo electrónico, por lo que no pudieron contrastar a través del letrado esa información.
A preguntas del instructor, el subdirector de "El País" ha explicado -según fuentes jurídicas- que no realizó el acta notarial hasta hace escasas fechas (pasados 14 meses de los hechos) porque fue entonces cuando la Abogacía del Estado remitió una carta al medio de comunicación instándoles a protocolizar sus mensajes y corroborar la noticia publicada en su día, que apuntaba que la información que le acusan de filtrar a García Ortiz ya no era un secreto cuando se divulgó la noche del 13 de marzo.
No disponían del correo del 2 de febrero
Según esas mismas fuentes, los periodistas han asegurado que no disponían del correo del 2 de febrero de 2024 objeto de la supuesta filtración, como tampoco contaban con el expediente tributario abierto a González Amador.
Los otros tres testigos se han ratificado también en el contenido de las actas notariales, explicando que fue su subdirector quien les facilitó el teléfono del entonces abogado del novio de Ayuso para que confirmaran si, como le habían indicado fuentes de la Fiscalía del TSJ de Madrid y de la Audiencia Provincial, y no de la Fiscalía General, González Amador había alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía reconociendo los delitos tributarios en un escrito a través de su letrado (que según González Amador se envió sin su consentimiento).
Los testigos han asegurado que no llegaron a contrastar con Carlos Neira si esa conformidad se había producido o si había pagado las cantidades supuestamente defraudadas. "No contestó al correo ni al WhatsApp", ha recordado uno de ellos.
Las acusaciones populares han puesto de relieve su extrañeza por el hecho de que esas gestiones no se encargasen a periodistas de tribunales del medio, sino a los de local. Según ha manifestado al respecto el subdirector de "El País", el encargo se realizó a varios periodistas de local, nacional y tribunales. Fuentes de las acusaciones apuntan que los testimonios de los cuatro testigos "son irrelevantes" porque "demuestran que no conocían el contenido del correo ni tuvieron acceso a esa información antes de la filtración" y hacen hincapié en que "solo se preguntó al abogado de González Amador por si había pagado" y el letrado "ni siquiera contestó".
Acta ante notario
El pasado día 23, cuando la instrucción parecía abocada al punto y final tras la toma de declaración ese mismo día a González Amador, el juez Hurtado accedió a la petición de la defensa del fiscal general y citó a testificar al exabogado del empresario y a cuatro periodistas que según la Abogacía del Estado, conocían ya los datos reservados del novio de la líder del PP en Madrid cuya filtración atribuye el juez a Álvaro García Ortiz.
Se trata del correo del 2 de febrero del pasado año, en el que el entonces letrado de González Amador trasladó a la Fiscalía que este -sin su consentimiento, según aseguró al jue- admitía los dos delitos fiscales que se le imputan y estaba dispuesto a cerrar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía (con el objetivo de reducir la petición de condena).
Según las actas notariales cumplimentadas por los cuatro periodistas de "El País", formalizadas hace solo unos días, el 12 de marzo de 2024 -un día antes de que el fiscal general reclamase insistentemente ese correo a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez (y esta a su vez al fiscal del caso, que se encontraba en un partido de Champions del Atlético de Madrid en el Metropolitano)- tuvieron conocimiento de que González Amador había admitido el fraude fiscal a través de su abogado.
Garantizar el derecho de defensa
Hurtado ya había rechazado la comparecencia de tres de esto cuatro testigos, pero pese a estar escasamente convencido de su utilidad, accedió a que comparecieran para garantizar su derecho de defensa -y evitar una posible causa de nulidad- porque cuando se negó a que testificaran no habían acudido al notario -como sucedió posteriormente- para levantar acta de sus testimonios. Y es que según afirman estos periodistas, contactaron con el abogado del novio de Ayuso para confirmar que se había producido por parte de su cliente ese reconocimiento del fraude tributario, del que habían informado desde la Fiscalía de Madrid al subdirector del citado medio de comunicación.
En esa resolución, Hurtado traía a colación una resolución del pasado 26 de febrero -confirmada por la Sala de apelación- en la que señaló los indicios existentes que apuntan que habría sido el fiscal general quien proporcionó ese correo del 2 de febrero a un periodista de la Cadena Ser "con posterioridad a las 21:59 horas" del 13 de marzo, minutos después de que se lo remitiese la fiscal superior de Madrid.