Corte Suprema ‘desprotege’ a migrantes: ¿Perjudica a México? Estos son los países afectados
Los migrantes centroamericanos quedarán desprotegidos y en riesgo de deportación tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos retiró el derecho legal de vivir y trabajar temporalmente a medio millón de personas.
Entre los principales perjudicados serán inmigrantes centroamericanos, en particular de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El máximo tribunal autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a terminar con los programas de libertad condicional que daban a los migrantes.
Se trata del apoyo a una orden impulsada por el presidente Donald Trump para expulsar a los migrantes.
¿Quiénes serán los migrantes expulsados en apoyo a las medidas impulsadas por Trump?
Además de los migrantes originarios de los cuatro países mencionados, se prevé que la medida también impacte en las personas que entraron al país durante la presidencia de Joe Biden.
Biden protegió a migrantes al ampliar el uso de la libertad condicional en su gobierno.
Dicha medida fue una herramienta para admitir temporalmente a personas por razones humanitarias.
Se calcula que suman alrededor de 532 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes entraron a EU durante los últimos dos años; sin embargo, todavía no hay una cifra clara de cuántos han permanecido bajo ese estatus en el país.
Antes de terminar su mandato, Trump anunció que no extendería dichos permisos de estancia.
Organizaciones reaccionan ante la ‘mayor deslegalización’ de migrantes
Defensores de los migrantes condenaron la decisión del Supremo de EU de permitir al Gobierno Trump poner fin a la protección legal temporal para más de medio millón de migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, calificando el fallo como “la mayor deslegalización” migratoria en la historia.
Sin embargo, la decisión del Supremo de hoy es temporal y el litigio legal deberá continuar en un tribunal federal de Massachusetts.
En febrero pasado las organizaciones Justice Action Center y Human Rights First presentaron una demanda en nombre de los beneficiarios del programa conocido como CHNV y sus patrocinadores, junto con la organización Haitian Bridge Alliance, para detener la decisión de Trump de poner fin al beneficio.
La decisión representa “la mayor deslegalización de este tipo en la era moderna”, declaró en un comunicado Karen Tumlin, directora de Justice Action Center.
“La Corte Suprema ha permitido que la Administración Trump desate un caos generalizado, no solo para nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva, sino también para sus familias, sus lugares de trabajo y sus comunidades”, agregó la activista.
Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, destacó que la población afectada, la mayoría residente del sur de Florida, ha hecho todo lo que el Gobierno federal de EU les ha pedido, ya que ingresaron de forma legal al país con un permiso de estancia legal de dos años.
Anwen Hughes, directora de Estrategia Legal de Programas para Refugiados de Human Rights First, advirtió que la postura de los demandantes sigue siendo la misma: “la Administración Trump está actuando de forma arbitraria e ilegal para intentar revocar masivamente el estatus legal de medio millón de personas, y no lo toleraremos”, por lo que se proseguirá con la demanda.