¿Qué participación ciudadana puede legitimar la elección judicial de hoy?

La pregunta clave hoy es la legitimidad, no la legalidad.

La legalidad del proceso electoral judicial no depende de ningún porcentaje de participación.

En teoría, podría votar apenas el 1% del padrón electoral y el proceso seguiría siendo legal.

Sin embargo, para analizar la legitimidad, es fundamental revisar los niveles de participación que han tenido otros procesos electorales y consultas en México.

Comencemos con ejemplos recientes: en las elecciones presidenciales del año pasado, aproximadamente el 60% del padrón acudió a votar, es decir, 6 de cada 10 ciudadanos con derecho participaron. En las elecciones intermedias de 2021, la participación fue del 52%. En elecciones donde solo se eligen legisladores, estos porcentajes suelen ser más bajos, reflejando menor interés ciudadano o percepción de impacto.

Además, han existido otros procesos de consulta con participación variable. En 2022, por ejemplo, la consulta para la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador convocó al 17.8% del padrón, respaldando mayoritariamente la continuidad del presidente. Sin embargo, aunque el resultado hubiera sido negativo para AMLO, no habría tenido efectos legales porque se requería una participación mínima del 40%.

En agosto de 2021, poco después de las elecciones intermedias, se realizó una consulta popular para decidir si se procesaba a expresidentes de la República. La participación fue apenas del 7.1%, lejos del umbral del 40% necesario para que tuviera validez jurídica. Estos ejemplos evidencian el desafío que representa lograr una participación amplia en procesos políticos complejos o polémicos.

Antes del gobierno de López Obrador, una consulta popular sí tuvo un impacto relevante en los hechos pese a su muy baja participación.

En octubre de 2018, Morena organizó una consulta para decidir sobre la suspensión de la construcción del aeropuerto en Texcoco, con una participación de 1 millón 67 mil personas, poco más del 1% del padrón electoral.

Basándose en ese resultado, donde cerca del 70% apoyó la suspensión, se decidió detener la obra, generando un antecedente cuestionado por la baja participación pero con consecuencias políticas de gran calado.

Si el Poder Legislativo (es decir, AMLO) hubiera confiado realmente en la participación ciudadana para la elección judicial, probablemente hubiera establecido un mínimo de votos para validar el proceso.

Sin embargo, la realidad indica que la participación difícilmente se acercará a la registrada en otras elecciones constitucionales de poderes públicos, por el carácter técnico y polarizante del tema.

Lo más probable es que el porcentaje de participación en la elección judicial oscile entre la observada en la consulta sobre expresidentes y la revocación de mandato, es decir, entre el 10% y el 20%. Este rango reflejaría tanto la controversia como la apatía política, y marcaría un escenario donde la legitimidad social de la elección podría verse seriamente cuestionada.

No obstante, la narrativa predominante será que, cualquiera que sea la cifra de votantes, esta elección es preferible a una designación directa realizada únicamente por la presidenta y los senadores, como ocurría antes con los ministros de la Corte, abriendo paso a un modelo supuestamente más participativo y transparente.

Como se mencionó, la legalidad y la legitimidad son dos conceptos distintos. Más allá de los cuestionamientos sobre posibles vicios en el proceso y de que se genere un Poder Judicial más alineado con el grupo en el poder, la probable alta abstención —producto de la controversia y la complejidad del proceso— dará al Poder Judicial que asumirá funciones el 1 de septiembre un “pecado original” que afectará su independencia y autoridad, y que podría derivar en un desgaste institucional durante los primeros años de su gestión.

En definitiva, la baja participación no solo limita la legitimidad social, sino que también pone en evidencia la necesidad de fomentar mayor educación cívica y mecanismos que acerquen a la ciudadanía a procesos judiciales y políticos que afectan el equilibrio de poderes en el país.

La elección judicial no debería ser solo un mero trámite legal, como lo va a ser, sino un acto con respaldo social claro y contundente, como no lo es.

Pero, es lo que tenemos, y lo que heredó AMLO.