Argentina: a dos años de la brutal represión en Jujuy, un informe de Amnistía Internacional expone la impunidad
A dos años del debate constitucional y las sucesivas protestas sociales que tomaron la provincia de Jujuy, Amnistía Internacional expone en el informe “Callar no es una opción: Jujuy entre la represión y la impunidad“, y que asegura que no ha habido avances concretos en la rendición de cuentas por la represión y la criminalización que caracterizaron la respuesta estatal a la masiva movilización social de la población jujeña en 2023.
“Este segundo aniversario del proceso de reforma constitucional ha estado tristemente marcado por la impunidad, lo cual es un reflejo de la estrategia estatal de silenciar a quienes se atreven a reclamar sus derechos. En todo este tiempo, la Provincia de Jujuy no ha dado respuestas sobre las tácticas implementadas con el claro objetivo de violar el derecho a la libertad de reunión pacífica en la provincia, tales como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, o las investigaciones para criminalizar a los manifestantes”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Lo anterior, añadiendo que “en este segundo aniversario del proceso de reforma constitucional ha estado tristemente marcado por la impunidad, lo cual es un reflejo de la estrategia estatal de silenciar a quienes se atreven a reclamar sus derechos. En todo este tiempo, la Provincia de Jujuy no ha dado respuestas sobre las tácticas implementadas con el claro objetivo de violar el derecho a la libertad de reunión pacífica en la provincia, tales como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, o las investigaciones para criminalizar a los manifestantes”.
Cabe recordar que, en menos de un mes, entre mayo y junio del 2023, se debatió y se aprobó una reforma constitucional regresiva en materia de derechos humanos, especialmente para los pueblos indígenas, a puertas cerradas y de forma express en la Legislatura de Jujuy, lo que llevó a miles de personas a las calles a manifestar su rechazo al texto propuesto y a reclamar por la falta de participación y consulta. Así, el informe de Amnistía Internacional expone cómo el Estado de Jujuy no solo dio la espalda insistentemente a los reclamos legítimos de participación, sino que también difundió el temor, la violencia y la intimidación a quienes alzaron la voz.
“El informe de Amnistía Internacional también evidencia la completa exclusión de los pueblos indígenas del debate sobre la reforma, en un contexto de despojo territorial y discriminación estructural en la provincia con la mayor proporción de personas indígenas del país. Primero, con la aprobación de la nueva constitución sin su consentimiento libre, previo e informado, como determina el derecho internacional de los derechos humanos, y luego con la prohibición normativa y la dispersión violenta de cortes de calle, restricciones desproporcionadas del ejercicio legítimo del derecho a la protesta”, recordó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
“El informe de Amnistía Internacional también evidencia la completa exclusión de los pueblos indígenas del debate sobre la reforma, en un contexto de despojo territorial y discriminación estructural en la provincia con la mayor proporción de personas indígenas del país. Primero, con la aprobación de la nueva constitución sin su consentimiento libre, previo e informado, como determina el derecho internacional de los derechos humanos, y luego con la prohibición normativa y la dispersión violenta de cortes de calle, restricciones desproporcionadas del ejercicio legítimo del derecho a la protesta“, sumó Belski.
Para esta investigación, la organización entrevistó a 111 personas, el 90% de ellas pertenecen a pueblos indígenas, donde al menos 91 personas participaron directamente en las protestas. La delegación también realizó reuniones con autoridades y remitió diversos pedidos de acceso a la información pública a entidades de la provincia. Además, el equipo de verificación digital de la organización relevó más de 50 registros fílmicos y fotográficos para analizar los hechos y el empleo de la fuerza por parte de los agentes policiales.
En su nuevo informe, Amnistía Internacional determinó que la policía provincial empleó el uso ilegítimo, arbitrario y excesivo de la fuerza con el propósito claro de despejar las protestas. En particular, la organización documentó el uso ilegítimo de gases lacrimógenos y de balas de goma, incluyendo el disparo de proyectiles de impacto múltiple cuyo uso debería ser totalmente prohibido de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. También se registró el empleo de armas no regularizadas, como resorteras, piedras, y látigos.
La represión dejó al menos 170 personas heridas, por lo menos diez de ellas con un impacto de bala de goma o de cartucho de gas lacrimógeno en la zona facial, tres de las cuales perdieron la visión de un ojo.