Justicia defiende la estabilización de los jueces sustitutos como la solución para evitar el 'roto económico' de indemnizarles
El Ministerio de Justicia insiste en que la estabilización de cientos de jueces y fiscales sustitutos es la solución idónea para evitar el enorme 'roto económico' que supondría indemnizarles por los años en situación de interinidad, según trasladan a LA RAZÓN fuentes del departamento de Félix Bolaños.
Pero también para que la Unión Europea no imponga una sanción a nuestro país por la precariedad que sufren estos (y otros) empleados de la Administración Pública.
Estas fuentes ministeriales explican que es el remedio intermedio para mantener, al mismo tiempo, los criterios de mérito y capacidad en el acceso a las Carreras judicial y fiscal que ha blindado el Tribunal Constitucional con su jurisprudencia.
Desde Justicia exponen a este diario que España recibió el pasado julio una carta en que la Comisión Europea advertía de que tienen la obligación de regularizar de manera general a los empleados públicos interinos.
En una segunda misiva recibida el pasado octubre, -según las fuentes gubernamentales consultadas- las autoridades europeas confirmaron que aquellos que ejercen la función jurisdiccional como sustitutos también están incluidos en este requerimiento y no se puede hacer con ellos una excepción.
Frente a las críticas con las que la oposición y algunas asociaciones judiciales les han acusado querer 'colar' en la judicatura a afines al Ejecutivo y al PSOE, desde el equipo de Bolaños ironizan con que, siendo jueces que ya ejercen como sustitutos, habrían conseguido ese fin que les imputan, sin necesidad de que se produzca la estabilización.
Dado que -recuerdan- alrededor de 669 ya trabajan y dictan sentencias, y hay algunos destinos poco atractivos para los titulares que están eternamente cubiertos por este colectivo y que, sin ellos, estos juzgados no funcionarían.
Además de que, tal y como recuerdan las referidas fuentes ministeriales, los sustitutos son seleccionados por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, de los que 15 de 17 están presididos por magistrados conservadores, y es el Consejo General del Poder Judicial el que acaba autorizando, posteriormente, que presten este servicio.
En definitiva, lo que vienen a destacar es que el ministerio no interviene a la hora de seleccionar quién es el sustituto que, ahora, si supera un concurso-oposición y tiene a sus espaldas cinco años de experiencia, podrá acceder por este proceso extraordinario de concurso-oposición -prueba escrita y ponderación de méritos- a la Carrera.
Además, desmienten que vaya a afectar a los que ganan una plaza por oposición y adelantan que, si pueden, van a ofertar más puestos en el conocido como turno libre que las que hubo en las convocatorias anteriores.
Por otro lado, niegan que los sustitutos que se conviertan en miembros de la magistratura de pleno derecho vayan a tener la capacidad de pasar por delante de las últimas promociones a la hora optar a un nombramiento discrecional. Aseguran, en este sentido, que tendrán prioridad los que antes han accedido por oposición.