Más de 167 millones de euros de la Consejería catalana de Derechos Sociales podrían haber sido desviados a pagos indebidos. Así consta en el último informe de la Sindicatura de Cuentas autonómica (6/2025), emitido este miércoles, centrado en las prestaciones económicas de derecho subjetivo del ejercicio 2022 y cuyo objetivo trata de poner sobre la mesa «la eficacia, la eficiencia y la economía de la gestión» por parte del departamento de la Generalitat de las prestaciones sociales. Así, según la nota avanzada del informe, este concluye que «la falta de un seguimiento y control eficaces en la gestión de las prestaciones ha provocado la existencia de casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un volumen elevado de pagos indebidos –167,56...
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