Dicen que Cataluña es una tierra de comercio y oportunidades. Lo que no dicen es que algunos se lo han tomado al pie de la letra y no han obviado ni un solo ámbito de negocio por explotar dejando la ética y la moral tirada en la cuneta. Es el caso de la Dirección de Atención a la Infancia y Adolescencia (Dgaia), organismo que pende de la Consejería de Derechos Sociales, encargada de gestionar a los menores tutelados y a los extutelados hasta que cumplen 23 años. La Consejería de Derechos Sociales, desde su fundación en 1988, ha cambiado tanto de nombre como de manos, pasando su gestión por CDC (actual Junts x Si), PSC y ERC. El pasado noviembre la Sindicatura de Cuentas presentó un informe en el Parlamento de Cataluña en el que señalaba irregularidades en las adjudicaciones de plazas a centros de menores gestionados por fundaciones y entidades del tercer sector entre los años 2016 y 2020, cuando ERC era la responsable del departamento. Concretamente se señalan 154 contratos de centros y cientos de millones de euros, en los que se utilizó injustificadamente la vía de emergencia para su adjudicación, es decir, sin licitar, a dedo, hablando en plata. Estas fundaciones y entidades del tercer sector señaladas por el órgano público tienen nombre propio. Muchas como la Fundació Resilis, Fundació Astres, Fundació Gentís, Fundació Infància i Família, Fundació FASI, Fundació Utopia, Eina Activa, Idària, Fundació El 7, Acciona't... se agrupan en Plataforma Educativa. Aunque existen otras que también se encuentran en el punto de mira cómo es la Fundació Mercè Fontanilles . Llegados a este punto, VOX se enfrenta a todo el arco parlamentario exigiendo en solitario explicaciones y las comparecencias de la cúpula de la de DGAIA y de la Derechos Sociales. Petición que fue silenciada por separatistas y socialistas, por lo que VOX decidió continuar la denuncia en redes sociales hasta que varios videos, los meses posteriores, llegaron a hacerse virales. En ese momento, y sin esclarecimiento alguno, por parte del Govern, ¡sorpresa!, se destituye a la directora y subdirector de la Dgaia sólo seis meses después de su nombramiento. Al ser preguntada por estos cambios, la Consejera, Monica Martínez Bravo, miente. Miente a VOX y a otros grupos parlamentarios en el pleno del Parlamento de Cataluña, justificándolos como parte del nuevo rumbo político «sin más». Algo olía a podrido dentro de la Dgaia por lo que VOX, al que, ahora sí, se le unen varios medios de comunicación y redes sociales, aprieta en su fiscalización y empieza a tirar del hilo. Hasta el momento están sobre el tapete cuatro tipos de presuntos delitos entre los que se encuentran, mala praxis, fraude, malversación y corrupción de menores con la consiguiente dejación de funciones por parte de las fundaciones y la administración pública. Delitos ya no solo señalados por la Sindicatura de Cuentas, sino también por la oficina Antifraude que investiga las grabaciones de un testigo protegido ex funcionario de la administración y por supuesto, por la fiscalía. Enumeramos: 1. Adjudicaciones opacas: Contratos millonarios otorgados sin licitación adecuada a organizaciones donde directivos tenían vínculos previos o actuales con determinados partidos políticos. 2. Alquileres inflados: Uso de fondos públicos para la creación de imperios inmobiliarios privados. Inmuebles que eran realquilados a la Generalidad de Cataluña para el acogimiento de tutelados y extutelados, principalmente menas, a precios desorbitados. Es el caso de la fundación FASI. Los alquileres pagados por FASI a Casa Equipaments eran desorbitados: entre 3.000 y 5.000 euros mensuales por pisos de entre 120 y 200 m², mucho más que el precio de mercado. Entre 2012 y 2015, FASI pagó 1,5 millones de euros en alquileres inflados a Casa Equipaments. 3. Mala praxis en el control de prestaciones: Casos en los que jóvenes extutelados siguen cobrando ayudas públicas pese a no cumplir requisitos, debido a omisiones señaladas por un testigo protegido como intencionadas de las fundaciones. El responsable de estas prestaciones es el servicio de seguimiento y valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados (SEVAP), que dirigía la unión temporal de empresas (UTE) Mercè Fontanilles – Fundación Resilis y que actualmente está siendo investigado por la Oficina Antifraude a raíz de unas grabaciones y denuncia de un extrabajador. 4. Dejación de funciones por parte de la DGAIA y las fundaciones subcontratadas con resultado de corrupción de menores: Es el caso de la niña de 12 años en régimen de guarda y tutela por la administración pública, que fue violada en repetidas ocasiones por un hombre y obligada a prostituirse a través de una aplicación de citas entre los años 2020 y 2021. La pasada semana, comparecieron en la Comisión de Derechos Sociales algunos de los ex responsables de la Dgaia para intentar desmadejar todo este embrollo. Desde Ricard Calvo hasta Oriol Amoros, pasando por el ex Consejero Chari El Homrani, todos vinculados a ERC. No obstante, lejos de esclarecer nada y haciendo un ejercicio de filibusterismo parlamentario consiguieron enredar aún más los hechos e implicar a nuevos «actores» de la manera más incoherente posible. Mientras muchos señalaban la aplicación del artículo 155 de la CE, como causante del desastre ocurrido en la DGAIA, otros, como Oriol Amoros, ex secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía del 2016-2020 y ex secretario general de Trabajo, Derechos Sociales y Familias del 2020-2021 y del 2022-2024 entre otros cargos públicos, atacaban también a la Sindicatura de Cuentas por el informe emitido. Lo cierto es que, ni la aplicación del art.155 en Cataluña es una razón para malversar (sino la consecuencia de la malversación reiterada por parte de ciertos políticos catalanes, entre otras cosas) ni la Sindicatura de Cuentas, nombrada por PSC, ERC y JUNTS, es un órgano de parte. La que aún no ha asomado la patita es la Consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo. La Sra. Martínez Bravo, elude sus responsabilidades y evita la fiscalización parlamentaria sin aparecer por la comisión de Derechos Sociales, esperando a que las aguas se calmen, en un intento de «evitar hacer ruido», como diría su jefe Salvador Illa, sin ser capaz de medir correctamente los tiempos políticos, ya que ahora, las aguas están más bravas que nunca. Su «golpe maestro» en todo este escándalo ha sido designar a otro alto cargo del mismo Departamento de Derechos Sociales como responsable de otorgar las subvenciones a las fundaciones y cambiar el nombre del organismo por Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y a la adolescencia, Dgppia, como si la nomenclatura, por sí sola, limpiase toda la basura que parece arrastrar este departamento. De auditar todos los contratos otorgados los últimos 20 años, buscar responsables y si, existe fraude y malversación, exigir que devuelvan lo robado tengan carnet de ERC, del PSC o de JUNTS, tal y como exige VOX, de esto, nada, de nada. Este es el final y lamentablemente, por el momento, ningún alto cargo «sabe nada» de lo que ocurre en la DGAIA y mucho menos admiten haberlo sabido cuando eran responsables de ella. A lo que VOX responde: MAL. Ma, los ex directores, los ex secretarios generales o ex consejeros por «pasar» por la gerencia de un área tan especial y delicada como es la tutela de niños y obviar las responsabilidades que su cargo requería, que no eran otras que salvaguardar la integridad física y emocional de esos niños. Mal por no percatarse o mirar hacia otro lado, si como señala la Sindicatura de Cuentas y Antifraude existió malversación y fraude por parte de fundaciones y otras entidades subcontratadas y mal por escudarse en la emergencia y en la aplicación del art. 155 en Cataluña para no licitar los contratos a fundaciones y olvidarse que ese dinero con el que parece que se lucraban algunos afines de partido, era la hucha de todos los catalanes. Con respecto a la Consejera: A Mónica, no le queda otra más que dimitir. Por completo desconocimiento de su propio departamento, por incapacidad de gestión, por mentir cuando han sido fiscalizado su trabajo…. En resumen, Mónica Martínez Bravo debe dimitir por incompetente. A la vista está que los títulos de los que alardea y que utiliza para ningunear al rival político, no le han servido para gestionar esto. María García Fuster es diputada de VOX en el Parlament
