Mientras la inmensa mayoría de la judicatura protestaba ayer por las reformas judiciales del Gobierno de Pedro Sánchez y anunciaban más medidas, en Andalucía la Junta se posicionaba contra la puesta en marcha de la nueva ley de justicia , una norma que tendrán que aplicar a una velocidad express y sin la financiación necesaria para ello. Es decir, sin tiempo apenas y sin el dinero necesario para ello. Es una norma, la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como 'ley Bolaños', cuya puesta en marcha supondrá un coste de 54,5 millones de euros. Nace sin consenso y sin la financiación estatal necesaria para ello. Por ello la Junta de Andalucía...
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