El Constitucional se dispone a avalar la ley de amnistía con un tribunal fracturado

El Tribunal Constitucional (TC) celebrará desde el lunes un Pleno monográfico sobre la ley de amnistía donde se adentrará de lleno en el estudio de la ponencia redactada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, para responder al recurso presentado por el PP, que avala lo esencial de la norma jurídica. Se espera que la mayoría progresista apoye el borrador y que la sentencia llegue hacia final de semana, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

El debate se organizará por bloques temáticos, de acuerdo con las citadas fuentes. Comenzará analizando la petición del PP, del Senado y de los magistrados conservadores Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel que busca que el TC plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) al entender que la amnistía no tendría encaje en el derecho comunitario.

En el anterior Pleno, se analizaron dichas peticiones pero para descartar que el TC paralizara el debate sobre la amnistía a la espera de que el TJUE respondiera a las preguntas formuladas por otros tribunales españoles. Entonces, el cónclave emplazó a resolver el tema de fondo --si el TC planteará la suya propia-- en el seno de las deliberaciones que arrancarán el lunes.

Ante la insistencia de los solicitantes --PP y Senado presentaron recursos de súplica--, Montalbán añadió un nuevo pasaje a la ponencia donde descarta que el TC pregunte a la corte de Luxemburgo alegando que la ley está "íntimamente relacionada con cuestiones políticas subyacentes (...) que son eminentemente nacionales".

Una vez ventilado este asunto, los magistrados analizarán si nuestra Constitución permite la amnistía. Y, a continuación, se centrarán en si esta amnistía en particular es constitucional. Finalmente, estudiarán las tachas específicas que los 'populares' hacen a determinados artículos de la ley.

Cada bloque tendrá un debate donde se dará voz a todos los magistrados, por lo que los tiempos serán los que vayan marcando esas intervenciones. No obstante, las fuentes confían en que el TC pueda sentenciar el jueves o, a más tardar, el viernes.

El Pleno estará constituido por 10 de los 12 magistrados que lo forman habitualmente, con una mayoría progresista de 6 a 4. Esta aritmética, que ha funcionado de forma asidua en este TC, lleva a las fuentes preguntadas a asumir que el grupo mayoritario se impondrá para aprobar la ponencia sin cambios de calado.

Cabe recordar que el magistrado Juan Carlos Campo se apartó voluntariamente de todos los asuntos relacionados con la amnistía porque en los informes que firmó como ministro de Justicia para indultar a los condenados por el 'procés dijo que era "claramente inconstitucional".

A su baja se sumó la del magistrado conservador José María Macías, al aceptarse la recusación lanzada por la Fiscalía por entender que estaba contaminado para fallar sobre la amnistía porque como vocal del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó sobre la ley en el marco del trámite parlamentario.

La salida de Macías provocó un profundo malestar en el bloque conservador que ha ido 'in crescendo'. Las fuentes consultadas reprochan el "absoluto secretismo" con el que se gestó la ponencia de Montalbán, a pesar de que finalmente se dio a conocer su sentido en los medios de comunicación antes de que fuera repartida entre todos los magistrados.

Apuntan también a las sucesivos acuerdos adoptados por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, desoyendo las peticiones procedentes del sector minoritarío. En este sentido, recuerdan que primero descartó frenar la sentencia de la amnistía por el TJUE y después se limitó a habilitar lunes y viernes para este Pleno, cuando Arnaldo le pidió extender la deliberación a julio. Mientras que, del otro lado, ven en dichas solicitudes "maniobras dilatorias".

Con todo, el TC encara el debate sobre uno de los asuntos de mayor trascendencia de los últimos años --junto al 'procés' o el estado de alarma-- totalmente fracturado. No hay "una auténtica deliberación", reprochó Arnaldo a Conde-Pumpido en un escrito.

La ponencia, de 191 páginas, valida la amnistía argumentando que "el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente", rechazando de esta forma que la prohibición expresa de los indultos generales pueda extenderse por analogía a la amnistía, sobre la que la Carta Magna nada dice.

Respecto a la motivación de la amnistía, que el PP achaca a "una transacción política para asegurar la investidura" de Pedro Sánchez, Montalbán subraya que las leyes siempre responden a "criterios de oportunidad política", de modo que "su porqué es jurídicamente indiferente". Pese a ello, resuelve que esta ley no es un "capricho" porque busca "mayor paz ciudadana".

Solo da la razón al PP en tres cuestiones concretas: ve inconstitucional la "asimetría" para amnistiar a quienes apoyaron y se opusieron al 'procés'; que la ley incluya "una habilitación insólita" para continuar con las "actividades criminales en el futuro"; y que solo imponga escuchar a Fiscalía y a los organismos públicos perjudicados en las causas en el Tribunal de Cuentas para pedir su archivo.

Del escrito redactado por Montalbán, destaca que no habla del delito de malversación. Fuentes jurídicas explican que no lo hace porque el PP no lo pidió y que, lo más probable, es que haya que esperar a los recursos de amparo de los líderes independentistas para que el TC se pronuncie sobre este extremo.

Este punto es fundamental porque la interpretación que hizo el Tribunal Supremo (TS) del delito de malversación y de la afectación a los intereses financieros y económicos de la UE en el 'procés' es lo que ha impedido aplicar plenamente la amnistía al ex presidente catalán Carles Puigdemont y al que fuera su 'número dos', Oriol Junqueras.

Así las cosas, en el TS aguardan con cierta tranquilidad la sentencia del TC porque sus magistrados han hecho depender sus decisiones de la interpretación jurídica de la ley de amnistía, no de su constitucionalidad.

En consecuencia, fuentes jurídicas anticipan que, incluso con una ley declarada constitucional, se mantendrán las órdenes de detención contra Puigdemont y los ex consejeros catalanes Toni Comín y Lluís Puig, así como las penas de inhabilitación de Junqueras y los demás condenados por el 'procés', que llegan hasta 2031.

En cualquier caso, dado que lo previsible es que los líderes independentistas den la batalla en el TS para hacer valer una eventual sentencia favorable del TC, el TS ya dejó la puerta abierta en varias resoluciones a presentar su propia cuestión prejudicial al TJUE cuando llegara el momento oportuno.

Desde la sede de Domenico Scarlatti avanzan que, una vez dictada esta primera sentencia sobre la amnistía, el TC adoptará un perfil bajo, de modo que no retomará los demás asuntos relativos a la ley hasta la vuelta del verano.

Previsiblemente, continuará con los demás recursos --presentados por las comunidades autónomas donde gobierna el PP y el del Ejecutivo socialista de Emiliano García Page-- para seguir con las cuestiones --formuladas por el TS, el TSJ de Cataluña y la Audiencia de Madrid-- y rematará con los recursos de amparo.

Aunque el TC deberá detenerse en las novedades que plantee cada impugnación --alrededor de una treintena--, tendrá como guía esta primera sentencia porque los de Alberto Núñez Feijóo atacaron la ley al completo. Las fuentes calculan que el TC estará despachando asuntos relativos a la amnistía hasta el próximo año.