Oportunidad histórica, respuesta insuficiente
En el Paquete Económico para el 2026, la Secretaría de Hacienda presentó su escenario macroeconómico para los próximos años. Se estima un crecimiento del PIB de 1.8–2.8% en 2026 y de 1.5–2.5% en los años siguientes, cifras optimistas frente a la baja inversión, la incertidumbre jurídica, y el débil potencial de creación de empleos, aunado a un entorno internacional desafiante. Estos niveles resultan inferiores al promedio histórico de crecimiento en el período 1994–2018, (el llamado período neoliberal) que fue del 2.3%.
El Paquete proyecta un déficit público de 4.1% del PIB en 2026, con una reducción gradual hacia 3%. Sin embargo, en un entorno de bajo crecimiento, la estabilidad fiscal dependería de un endeudamiento creciente que eleva los costos financieros y pone en riesgo el grado de inversión del país. El desequilibrio entre gasto e ingresos también debilita la confianza de inversionistas y calificadoras. Esto puede traducirse en mayores tasas de interés, encarecimiento del financiamiento y menor inversión productiva. A su vez, la incertidumbre fiscal incrementa la vulnerabilidad frente a choques externos y puede provocar volatilidad cambiaria e inflacionaria. El Presupuesto 2026 refleja claramente esta tendencia: la Secretaría de Bienestar aumenta 12.4% (27.6% del gasto administrativo), mientras Salud se reduce 3.2% y Seguridad 17.5%.
El Plan México no parece incidir en el fortalecimiento de la capacidad estructural de crecimiento de largo plazo, a pesar de las posibilidades históricas que se abren para el país en un entorno internacional en redefinición. El riesgo de diseñar el presupuesto con criterios políticos y no con base en necesidades estructurales es que se privilegien proyectos o programas de alto impacto electoral, pero de bajo impacto económico o social en el largo plazo. Ello está derivando en una asignación ineficiente de recursos que no resuelve problemas de fondo como baja productividad, insuficiente infraestructura, inseguridad o carencias en salud y educación.
México está desaprovechando la coyuntura internacional y la oportunidad de fortalecer su integración en Norteamérica para consolidar una mayor capacidad estructural de crecimiento, basada en el desarrollo tecnológico, la innovación productiva, la generación de mayor valor agregado, la formación de capital humano especializado y una inserción más competitiva en las cadenas globales de valor.
Para detonar un crecimiento sostenido se requieren inversiones en infraestructura, energía suficiente y limpia, certidumbre jurídica, seguridad y un marco regulatorio que fomente la inversión privada. Sin embargo, la prioridad presupuestal continúa siendo la expansión de programas sociales y el rescate de Pemex, lo que desplaza recursos de sectores estratégicos como salud, educación y seguridad.
Existen también distorsiones en los incentivos económicos: si los subsidios no se diseñan con enfoque en productividad, pueden desincentivar la formalidad y la búsqueda de empleo, profundizando la dependencia de transferencias públicas. Un esquema de gasto social rígido y creciente, sin respaldo en mayores ingresos, eleva la exposición a choques externos (tasas de interés, tipo de cambio, precios de energía), afectando la estabilidad financiera del país. Este tipo de decisiones debilita la credibilidad institucional y eventualmente provocará tensiones sociales.
México necesita un modelo de desarrollo sostenible que combine alto crecimiento, inclusión social y cuidado ambiental. Esto implica mayor inversión productiva, educación y salud de calidad, empleo formal, transición energética, gestión responsable del agua y fortalecimiento institucional con transparencia y certidumbre jurídica. Solo así será posible garantizar bienestar social sin comprometer la estabilidad financiera de largo plazo. El reto es encontrar un balance entre garantizar apoyos a los sectores más vulnerables y mantener finanzas públicas sólidas, en un entorno de crecimiento elevado y sostenible en el largo plazo.
En suma, las proyecciones económicas contenidas en el Paquete Económico 2026 reflejan una estrategia que privilegia el corto plazo y la rentabilidad política sobre el fortalecimiento de la capacidad productiva del país. México se encuentra ante una coyuntura internacional única para impulsar su integración en Norteamérica y reposicionarse como un actor competitivo en la economía global, pero está desaprovechando la oportunidad por falta de visión estructural. Sin un viraje hacia políticas que fomenten inversión, innovación, infraestructura y capital humano, el modelo actual corre el riesgo de volverse financieramente insostenible y socialmente vulnerable. La verdadera prioridad debe ser articular un crecimiento sostenido y de largo plazo que combine estabilidad fiscal con inclusión social, evitando que la inercia política comprometa el futuro de nuestro desarrollo.