Los autónomos andan en pie de guerra por subida de las cotizaciones que ha planteado el Gobierno. En una entrevista con ABC, Ángel López Vallejo , presidente regional de CEAT, explica cómo les va a afectar el plan del Ejecutivo si es que finalmente se lleva a cabo. —A la vista del rechazo que ha tenido el anuncio de las subidas de las cuotas entre 2026 y 2030, ¿cree que en la reunión del Gobierno con los agentes sociales los temores del sector se verán reducidos? —Sinceramente, lo dudo. Cada vez que el Gobierno anuncia una modificación en el sistema de cotizaciones de los autónomos o en cualquier otro asunto relacionado con la empresa lo hace sin diálogo. Se limita a imponernos sus decisiones. La incertidumbre y el malestar no se van a reducir si no se abre un diálogo real y transparente. Lo que pedimos es previsibilidad, no cambios continuos que generan inseguridad y dificultan la planificación. —¿Qué supondría para los autónomos la propuesta del Ministerio de Seguridad Social? —Lo que busca el Gobierno, en teoría, es ajustar las cotizaciones a los ingresos reales, pero en la práctica lo que se plantea es una subida encubierta de impuestos. En definitiva, meter la mano en el bolsillo de los autónomos una vez más. Si la medida se aplicara con rigor, flexibilidad y justicia, podríamos entenderla, pero el problema es que esto es un castigo fiscal.. —¿En el caso de Castilla-La Mancha, ¿la subida puede tener peores consecuencias en las zonas afectadas por la despoblación? —Sin duda. Castilla-La Mancha tiene un tejido empresarial compuesto, en su mayoría, por microempresas y autónomos. En muchas zonas rurales, el autónomo es el único motor económico: el que mantiene abierto un comercio, un bar, una pequeña empresa de servicios o un taller. Cargarles con más costes puede suponer el cierre definitivo de muchos negocios. Es una medida que va en contra del discurso de lucha contra la despoblación que el propio Gobierno defiende. —¿Esta subida afectará en la misma medida tanto a los autónomos con rentas más altas como a los que van más ajustados? —No, pero eso no significa que sea justa. Aunque el sistema sea progresivo sobre el papel, la realidad es que los autónomos con rentas más bajas apenas tienen margen. Muchos ya están al límite. A ellos cualquier subida, por pequeña que sea, les puede hacer inviables. Lo lógico sería aplicar medidas de alivio, especialmente para quienes facturan menos o desarrollan su actividad en zonas rurales o sectores estratégicos. —Además de esta importante y vital cuestión de las cuotas, los autónomos tienen un largo listado de reivindicaciones: cese de actividad, cobertura por enfermedad o maternidad, jubilación… ¿Cree que el Gobierno va a terminar atendiendo estas reivindicaciones? ¿Cuáles son las diferencias con un trabajador por cuenta ajena? —El autónomo para el Gobierno sigue siendo un colectivo de segunda en materia de derechos y protección social. Las prestaciones por cese de actividad son casi imposibles de conseguir, las bajas por enfermedad tardan demasiado en reconocerse y las jubilaciones son notablemente más bajas. Llevamos años reclamando un sistema más equilibrado, pero el Gobierno responde con parches. En cuanto a las diferencias sobre las que me pregunta simplemente le diré que son abismales. Hay una ingente brecha de derechos entre un autónomo y un asalariado. Pero de esto no habla nadie. No interesa. —Si el panorama no mejora, ¿qué consecuencias puede tener en el mercado laboral este escenario? —Muy graves. Si se sigue castigando al autónomo, muchos cerrarán o pasarán a la economía sumergida. Y eso es un golpe directo al empleo, porque el autónomo no sólo trabaja para sí mismo, crea puestos de trabajo y sostiene el consumo local. Cada vez que un autónomo echa la persiana, pierde su empleo él y también sus trabajadores o proveedores. Necesitamos medidas que impulsen la actividad, no que la penalicen. —El Gobierno ha anunciado recientemente nuevos incrementos del Salario Mínimo Interprofesional. ¿Cómo afectan estas medidas a los autónomos y pequeños empresarios? —Cualquier incremento del SMI tiene un efecto dominó en las cotizaciones y los costes laborales. Para una gran empresa puede ser asumible, pero para un autónomo con uno o dos empleados puede suponer la diferencia entre mantener o despedir a alguien. El problema es que subir el SMI lleva aparejada la subida de las bases mínimas de cotización, así que ya sabemos que no es una medida que se adopte para ayudar a los trabajadores, sino que su único objetivo es recaudar más. — El Ejecutivo insiste en que España tiene uno de los sistemas de protección social más avanzados y que los autónomos se beneficiarán de un modelo más justo con las cotizaciones por ingresos reales. ¿Comparte esa visión? —No, en absoluto. Es un modelo que se vende como «más justo», pero en realidad es mucho más caro y más burocrático. Obliga a los autónomos a una constante revisión de sus ingresos, genera inseguridad jurídica y no tiene en cuenta la estacionalidad ni los gastos reales de cada actividad. En lugar de simplificar, el Gobierno complica cada vez más el trabajo de los autónomos. Y lo peor es que no mejora sus prestaciones en la misma proporción. —El Gobierno ha endurecido las inspecciones laborales y el control fiscal, alegando que hay fraude en el sistema de autónomos. ¿Cómo lo valora? —El fraude no se combate criminalizando al autónomo. Lo que vemos es una persecución desproporcionada. Las inspecciones se están usando más como una herramienta recaudatoria que como una vía para mejorar el sistema. El autónomo medio no defrauda, intenta sobrevivir. Lo que el Gobierno debería hacer es simplificar los trámites, reducir la carga fiscal y ofrecer incentivos al cumplimiento, no castigos. No entendemos que se incrementen los efectivos de la Inspección de Trabajo o de Hacienda y que no se incremente la Inspección Sanitaria para acabar con la lacra del absentismo laboral. —En los últimos meses, ustedes están poniendo el foco en el absentismo laboral ¿Qué valoración hace de esta situación? —El absentismo laboral es uno de los grandes problemas silenciosos de nuestro mercado de trabajo a los que nadie quiere poner solución porque se considera políticamente incorrecto. Nosotros hemos dicho basta porque en los últimos años ha crecido de forma alarmante y está poniendo en riesgo la viabilidad de muchas pequeñas empresas. No hablamos solo de ausencias justificadas que, por supuesto, son necesarias cuando hay una causa real, sino de un uso abusivo de las bajas y permisos que, en algunos casos, se ha convertido en una práctica normalizada. El problema es doble, ya que, por un lado, los autónomos y las pymes asumen el coste del trabajador que se ausenta y de su sustituto si es que lo encontramos. Y, por otro, tenemos que soportar la falta de control y coordinación entre las mutuas, la Seguridad Social y de las inspecciones sanitaria y de trabajo. Necesitamos una reforma profunda del sistema. Además, hay que cambiar la cultura del trabajo porque en España se ha confundido el derecho al descanso con la falta de compromiso. Si seguimos por este camino, muchas pequeñas empresas no podrán mantener sus plantillas. El absentismo no solo resta productividad; desmoraliza a los que sí cumplen y genera un coste económico que acaba pagando todo el país. —¿Considera que las políticas del Gobierno están teniendo en cuenta la realidad de los autónomos en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha? —No. Desde Madrid se legisla con una visión alejada de la realidad de los pueblos y las pequeñas ciudades. Aquí la economía depende en gran parte de los autónomos, de los talleres, del comercio local y de la agricultura. Si las políticas no se adaptan al territorio, lo único que consiguen es destruir lo poco que queda. Se habla mucho de 'España vaciada', pero parece que se legisla para vaciarla más. —El Gobierno anuncia planes de digitalización y ayudas a pymes y autónomos, pero muchos se quejan de que son complicadas de solicitar o ineficaces. ¿Qué opina? —Es un problema grave. Las ayudas existen en el papel, pero son inaccesibles. Se piden certificados, registros y trámites que muchos autónomos no tienen tiempo ni medios para gestionar. Lo vemos todos los días, hay líneas de ayuda que se devuelven porque nadie logra cumplir los requisitos. Necesitamos un sistema más ágil, con convocatorias simples, plazos razonables y asesoramiento real. —¿Qué cree que debería hacer el Gobierno para apoyar al autónomo? —Primero, estabilidad normativa. No se puede cambiar el sistema de cotización cada año. Segundo, una fiscalidad más justa, que reconozca los gastos reales y la estacionalidad de la actividad. Tercero, reducir la burocracia porque el autónomo no puede dedicar la mitad de su tiempo a hacer papeles. Si el Gobierno de verdad quiere apoyar al tejido productivo, debe escuchar y simplificar, no imponer más cargas. Y cuarto, que haga que nuestro sistema de prestaciones sea justo. —En suma, ¿cuál es su mensaje final? —Que el Gobierno deje de ver al autónomo como un limón al que hay que exprimir y lo empiece a tratar como el verdadero generador de empleo y riqueza en este país. Sin autónomos no hay economía local, no hay servicios, no hay futuro para los pueblos. Lo que pedimos no son privilegios, sino justicia y sentido común.
