Un año después de la devastadora dana del 29 de octubre, decenas de miles de personas siguen en riesgo. Así lo ha denunciado Amnistía Internacional , que alerta sobre la construcción de nuevas edificaciones en zonas inundables. Así lo ha advertido este miércoles la organización a partir de su informe 'Llueve sobre mojado. La dana: impactos de la crisis climática en un escenario de crisis estructural de vivienda', en el que destaca «la evidente falta de protección del derecho a la vivienda y la ausencia de una estrategia de adaptación adecuada frente al cambio climático», lo que a su juicio, «supone una vulneración clara de derechos humanos ». En esta línea, desde Amnistía Internacional señalan que «a pesar del contexto de cambio climático», las distintas administraciones han desarrollado un «ordenamiento jurídico» que, «de espaldas a la legislación sobre cambio climático», establece «limitaciones» pero «no impide la construcción de nuevas edificaciones en zonas inundables». Según recoge el estudio elaborado por la organización, la Comunidad Valenciana es la segunda región con mayor extensión de zonas inundables de España, donde habitan aproximadamente 600.000 personas. En concreto, los municipios valencianos de Paiporta y Catarroja, afectados por la riada de 2024, tienen todas las viviendas en áreas de riesgo de inundación. Asimismo, detalla que gran parte de la edificación en las localidades afectadas por la dana se realizó en zonas que fueron identificadas como inundables en 2003. Por ello, la investigadora sobre cambio climático y derecho a la vivienda de Amnistía Internacional en España, Marta Mendiola, asegura que «hay dos velocidades en la reconstrucción. Un año después, todavía no está aprobada la revisión del Patricova ni la reforma de las normas estatales de gestión de los riesgos de inundación, pero las autoridades autonómicas y locales han adoptado el urbanismo exprés , flexibilizando más que antes el urbanismo y desprotegiendo a la gente». A su vez, la ONG apunta que diversos estudios evidencian una «notable disminución» de la inversión en infraestructuras hidráulicas en la provincia de Valencia a partir de 2009, lo que señalan que es consecuencia de los «ajustes presupuestarios derivados de la crisis económica y financiera, reduciendo así la capacidad de prevención y mitigación de riesgos». Por otro lado, Amnistía Internacional denuncia que las personas afectadas por la dana han enfrentado «trámites complejos, información escasa o tardía, y escasez de vivienda social». Así, apunta que la ayuda máxima de la Generalitat de 800 euros mensuales resulta «insuficiente frente a los precios de alquiler en los municipios afectados, que aumentaron tras la tragedia». Además, especifica que las mujeres, especialmente las migrantes trabajadoras del hogar, «han sufrido exclusión en el acceso a estas ayudas». En esta línea, Marta Mendiola señala que «el agua no discrimina, pero en materia de vivienda llueve sobre mojado: la falta de políticas adecuadas hace que sean siempre las personas más vulnerables quienes sufran más. La solución no son solo las ayudas temporales y los parches: las personas afectadas deben recuperar sus derechos. La vivienda no es sólo un bien que se ha perdido. Es un derecho humano que sigue sin estar garantizado un año después de la dana». Por su parte, Teresa García del Vello, investigadora sobre derecho a la vivienda de Amnistía Internacional en España insiste en que «la crisis climática convierte cada tormenta en un riesgo mayor, pero el problema de fondo es estructural. La ausencia de planificación, la escasez de vivienda social y las políticas de construir de espaldas a los derechos de la gente garantizan que la próxima catástrofe vuelva a golpear con más dureza a quienes ya estaban en situación de vulnerabilidad». Según desprende el estudio, alrededor de 60.000 personas migrantes, muchas de ellas mujeres dedicadas a los cuidados, se han encontrado con «barreras estructurales para cumplir los requisitos de las ayudas», como el empadronamiento, el número de identificación de extranjero (NIE), un contrato de arrendamiento o la titularidad de una cuenta bancaria. Por ello, subrayan que «esa dificultad las discrimina de manera indirecta y les aleja de las ayudas y de su categorización como personas afectadas». Además, desde Amnistía Internacional señalan que las comunidades más marginadas han sufrido de manera «desproporcionada», incluidas personas migrantes y en situación administrativa irregular. En concreto, detallan que los barrios del Xenillet y La Mancha en Torrent muestran la «precariedad extrema previa» a la dana y el «agravamiento de vulneraciones posteriores», ya que «muchas» viviendas han sido demolidas «sin información suficiente sobre indemnizaciones, destino de los terrenos o alternativas habitacionales». Asimismo, desde la organización denuncian que la respuesta institucional ha sido «reactiva y fragmentada, sin enfoque integral que combine adaptación climática y protección del derecho a la vivienda». A su vez, Amnistía Internacional considera que esta descoordinación también se ha hecho patente de manera especial en la primera fase de diseño de ayudas, lo que ha afectado a la forma de transmitir y recibir la información de las ayudas y a la tramitación de las mismas. Por todo ello, desde Amnistía Internacional instan a las autoridades autonómicas y locales a realizar una moratoria que paralice los proyectos urbanísticos en los municipios afectados por la dana hasta la aprobación de la revisión del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana. También la organización demanda a medio plazo a las autoridades centrales, autonómicas y locales la revisión del sistema de protección social frente a los impactos de fenómenos meteorológicos extremos en España, así como la elaboración de un protocolo integral de ayudas que establezca un decálogo de medidas orientadas a reforzar la protección del derecho a la vivienda.
