Con «carácter inminente» , la docena de agentes de la Unidad de Policía Adscrita (UPA) que hasta el momento se encargan de la seguridad estática en el Parlamento de Galicia y en la sede de la Xunta en San Caetano serán desplazados a otras áreas de actuación, como la protección de las víctimas de violencia de género, debido a la alarmante falta de refuerzos. Las cifras en este caso son elocuentes. De los 500 efectivos que deberían formar la plantilla de este cuerpo autonómico —creado en el año 1990— a día de hoy solo hay 339. Una anomalía que contrasta, además, con el aumento de las funciones de las que deben encargarse. En concreto, la UPA es responsable de la protección de autoridades y edificios autonómicos, de la investigación de los incendios forestales, de la lucha contra el furtivismo, de la protección del medio ambiente, de los traslados de los menores y de la protección de las víctimas de violencia de género, entre otras. Una larga nómina de la que, afirman desde la Confederación Española de Policía (CEP), «es imposible que se hagan cargo poco más de 300 personas». «Una plantilla de 500 agentes ya es insuficiente para todos los cometidos que se le han ido dando a lo largo del tiempo, pero con 200 agentes menos es imposible llegar a todo» reflexionan desde el sindicato, que pone el foco en que las labores que este cuerpo dejará de desarrollar en las sedes del Hórreo y de San Caetano pasará a manos de seguridad privada , «menos preparada y sin autorización, por ejemplo, para hacer un cacheo si fuese necesario ante cualquier sospecha». La polémica por la falta de efectivos en la Unidad Adscrita viene de viejo, aunque ahora se ha llegado a una situación límite que está afectando a decenas de policías que se verán desplazados de su puesto de trabajo de un día para el otro. Según datos del sindicato SUP, hace doce años que el Ministerio del Interior no convoca nuevas plazas, en un cuerpo con una media de edad que ya supera los 50 años , y en el que las bajas van en aumento. «Parte de las competencias que desarrollan no están ni firmadas» insisten desde la CEP para señalar directamente la «precariedad a la que se los condenó al habérsele ampliado sus responsabilidades estos años de manera considerable» . «Solo pedimos que las administraciones se pongan de acuerdo por el bien de la ciudadanía» recalcan para recordar que su formación es «muy superior» a la de un guarda privado. En la misma línea, portavoces del SUP estiman que «esto es una petición de hace muchos años», ante la que el Ministerio del Interior siempre ha hecho oídos sordos. Preguntados por la cuestión, desde el Ejecutivo gallego confirman la maniobra y explican que la Xunta ya advirtió hace tiempo «de la ausencia de respuesta» por parte del Gobierno central a las peticiones de Galicia para «llegar a un acuerdo consensuado que permita completar el cuadro de personal de la UPA». Apuntan, además, que avisaron de que este silencio «obligaría a la Administración autonómica a tomar decisiones y a hacer reajustes» , que en este caso afectarán directamente a sedes como la del Parlamento gallego. En el fondo del asunto están los costes de un servicio que se abonaba conforme a unos criterios «que ahora el Ministerio quiere cambiar». La Xunta, explican fuentes oficiales a este diario, pidió llegar a una propuesta de consenso entre ambas partes porque lo que el Gobierno central está exigiendo ahora es que Galicia asuma «el 50 por ciento de las nóminas y la totalidad del resto de gastos de la unidad» . Este acuerdo se traduciría en que el gasto de la Xunta escalaría de los 5 actuales a los 15 millones de euros. Pero la preocupación de los agentes gallegos ante el déficit de agentes va más allá de los cambios actuales. Temen que, llegado el momento, se prescinda también de los efectivos de la UPA que se encargan de la seguridad de las comisarías gallegas. De ahí que la CEP, por ejemplo, hayan activado ya reuniones con todos los grupos que conforman el arco parlamentario para ponerlos al corriente de la situación y buscar soluciones. Entre tanto, desde la Xunta reiteran que no es la primera vez que elevan la voz para advertir de esta situación. «Llevamos tiempo reclamando un pronunciamiento por parte del Gobierno, pero no tuvimos novedades» reseñan. Y, al tiempo, lanzan una crítica a la gestión del asunto con otras comunidades: «Nos quejamos del agravio a Galicia, donde seguimos sin respuestas, mientras que en Cataluña el Gobierno central se comprometió a ampliar los Mossos hasta los 25.000 efectivos en 2030» .
