Por abrumadora mayoría, Cámara aprueba AC contra Ulloa: “Un juez corrupto hace más daño que 100 delincuentes”

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la tarde de este miércoles la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, involucrado en el denominado caso Hermosilla, por presuntas conductas impropias e incompatibles con el ejercicio de la magistratura.

El libelo fue respaldado por 141 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Ahora, pasará al Senado, instancia que deberá decidir si Ulloa es removido de su cargo y queda inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.

El texto acusatorio fue impulsado por parlamentarios oficialistas tras conocerse que el magistrado mantuvo vínculos con el abogado Luis Hermosilla, actualmente investigado por tráfico de influencias y cohecho, y que habría recibido información confidencial por parte del juez.

Recordemos que el máximo tribunal de justicia había sancionado con suspensión al ministro Ulloa por dos meses, y determinó la apertura de un cuaderno de remoción por cuatro potenciales infracciones: la violación al deber de reserva por traspasar al abogado Luis Hermosilla información confidencial; vulnerar el deber de imparcialidad; actuar con falta de probidad y el tener una conducta impropia en designaciones, usando su relación con Hermosilla para fines particulares.

Sin embargo, al no alcanzar el quórum necesario, el Pleno de la Corte Suprema determinó que Ulloa no sería removido de su cargo.

A raíz de lo anterior, el pasado 7 de octubre parlamentarios oficialistas ingresaron una acusación constitucional contra Ulloa argumentando que el juez habría incurrido en conductas impropias e incompatibles con el ejercicio de la magistratura, utilizando su relación con Hermosilla para fines personales.

En la sesión de la Sala de la Cámara Baja, el abogado de Ulloa, Domingo Hernández, alegó que la acción no cumplía con los requisitos legales y cuestionó la participación de las diputadas Daniella Cicardini y Daniela Manouchehri, quienes son querellantes en el caso Audios.

Pese a ello, la Cámara rechazó la cuestión previa por 127 votos en contra, 1 a favor y 15 abstenciones, lo que permitió continuar con la tramitación.

La diputada Daniella Cicardani (PS), sostuvo que: “Cuando la gente dice que la justicia no es igual para todos, no se equivoca. La red Hermosilla demostró que ese mito urbano nunca fue mito”.

Así, emplazó a la Cámara señalando que: “¿Vamos a seguir permitiendo que la justicia chilena se arrodille ante el poder? Porque más daño le hace a nuestra sociedad un juez corrupto que 100 delincuentes sueltos. Por eso lo que está en juego no es un nombre, es la credibilidad de todo un sistema”.

Cicardini puntualizó que lo del ministro Ulloa no es un caso aislado, sino que “el reflejo de un Poder Judicial capturado por las redes de operadores donde los fallos se comentan en fiestas y los nombramientos se cortan entre amigos a través de WhatsApp”.

Por su parte, la diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, manifestó que lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía en la justicia y “con ello la solidez de nuestro Estado de Derecho”.

“El ministro Antonio Ulloa no enfrenta esta acusación por un error administrativo ni por un malentendido. Los antecedentes son claros y graves. Filtró información reservada, intervino en nombramientos judiciales y mantuvo vínculos impropios con un abogado hoy investigado por tráfico de influencias y cohecho. No son conjeturas, no son rumores, son hechos acreditados en una investigación penal y en los registros incautados a Luis Hermosilla”, complementó.

El diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser,  aseguró que el “sistema impulsa a que se produzcan irregularidades dentro lo que es el nombramiento de jueces. El hecho de que se haya diseñado como se diseñó empuja a los magistrados, empuja a la gente a buscar nexos, a hacer lo que llaman el besamanos para avanzar dentro de la estructura judicial y eso ha sido querido así por el sistema político”.

El candidato llamó al Parlamento a sacarse las caretas: “El hecho de que el Poder Judicial no sea plenamente independiente del Poder Político es la razón, o es una de las razones principales, por las cuales tenemos aquí este caso. El hecho es que si no fuese porque hemos mantenido la penetración del Poder Político en el sistema judicial un señor Hermosilla no habría tenido nunca la posibilidad de hacer lo que hizo”, afirmó. 

“La república no puede sobrevivir a malos jueces, no puede sobrevivir a un mal Poder Judicial y son muchos los magistrados que debieran estar ahí al frente acompañando al magistrado Ulloa, muchos que habiéndoseles confiado el aplicar las leyes, no lo han hecho como correspondía por una u otra razón”, cuestionó.

Por su parte, y en una escueta declaración a los medios de comunicación a las afueras del Congreso Nacional, Ulloa declaró que “lo único que voy a decir es que yo soy juez de la república y me someto a la institucionalidad. No digo nada más”.

Consultado sobre si el fallo le parece injusto, Ulloa enfatizó en que “hay que respetar la institucionalidad”. “Hay que ir al senado y se acaba la cosa”, cerró.

Tras la aprobación de la acusación, Ulloa quedó con arraigo nacional y suspendido de sus funciones hasta que el Senado se pronuncie, lo que se prevé que ocurra el próximo 10 de noviembre. Asimismo, se definió la comisión que presentará el libelo ante el Senado: Carolina Tello (FA), Eric Aedo (DC) y Daniel Manouchehri (PS).

Ahora será el Senado quien actúe como jurado y determine si el juez Antonio Ulloa será finalmente destituido del Poder Judicial.