Juicio por YPF: el primer round dejó "golpeada" a una de las partes

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos escuchó hoy los argumentos de Argentina en su apelación contra el fallo de u$s 16.100 millones dictado en septiembre de 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el caso Petersen Energía / Eton Park Capital Management vs. República Argentina y YPF S.A.

Durante la audiencia, los abogados argentinos presentaron su defensa "con claridad, convicción y determinación", según informó la Procuración del Tesoro de la Nación. El núcleo del argumento: el tribunal estadounidense interpretó erróneamente el derecho argentino y construyó el fallo sobre "una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias".

Lo mismo hicieron los demandantes, que plantearon sus argumentos a favor de su posición. 

La audiencia fue áspera. Tanto que ni bien terminó la audiencia, las acciones de Burford Capital, fondo que compró los derechos a litigar de Petersen, caían un 9,9% en la Bolsa de Nueva York. 

La defensa argentina abrió su presentación con el cuestionamiento de que el juicio sea llevado a cabo en Nueva York. Para defender su postura, planteó que todas las instancias que se cuestionan por los demandantes fueron llevadas a cabo en Argentina, bajo leyes argentinas y que incluso la compra de acciones por las que se litigaba fue concretada en pesos. 

Los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson cuestionaron duramente algunas posturas de los demandantes. Uno de ellos incluso cuestionó: "Si lo diéramos vuelta, si fuese Estados Unidos, ¿cómo nos sentiríamos si se juzgara en Argentina?". 

El planteo argentino sostuvo que el incumplimiento está basado en las leyes locales y la continuación del juicio en Estados Unidos viola la ley de inmunidad soberana y las leyes locales. 

Además, destacaron que todos los amicus curiae fueron presentados a favor de la Argentina y plantearon que la ley de expropiación en su artículo 28 fija que ninguna acción de terceras partes puede impedir la expropiación ni sus efectos. 

Plantearon también que no se trataba de un juicio comercial, algo que, subrayaron, ya fue marcado por la Corte Suprema local que lo consideró un juicio correspondiente a la ley pública y no a la ley privada. 

"Subrayaron la importancia del caso para la República y sus habitantes, y apeló al sentido de justicia del tribunal y a la integridad del sistema judicial de los Estados Unidos", agregaron desde la Procuración del Tesoro. 

Los jueces se mostraron incluso sorprendidos de que no se haya tratado antes la no pertinencia del tribunal que había tratado el juicio en los últimos 10 años. 

Además, los magistrados fueron mucho más incisivos con los demandantes en términos generales, cuestionando no solo su planteo a la pertinencia de que el juicio se desarrolle en Nueva York, sino también recordando que la audiencia se trataba sobre la conveniencia del foro y no sobre otros aspectos del proceso judicial, insistieron en que los reclamos de los accionistas fueron atendidos cuando se alcanzó un acuerdo con Repsol e incluso cuestionando que no es "tan claro" que hubo un incumplimiento del contrato. 

La postura argentina es que el caso no es de derecho bursátil estadounidense ni refiere a la oferta pública inicial (IPO) de 1993, uno de los argumentos esgrimidos por los demandantes para defender la correspondencia de que el caso se lleve en Nueva York. Argentina mostró que las acciones fueron compradas por los demandantes quince años más tarde de la oferta pública, a través de operaciones privadas con Repsol, la compañía española que tenía la titularidad de la compañía cuando esta fue privatizada. 

Desde la Procuración subrayaron que se trató de operaciones "rodeadas de serias sospechas de corrupción" y que fueron concretadas con inversiones de capital mínimas que serían cubiertas con los propios rendimientos de la participación de la compañía. 

"Junto con Repsol, drenaron los recursos de YPF en el período previo a la expropiación mediante el pago de dividendos exorbitantes. Eran plenamente conscientes de que cualquier controversia relativa a la aplicación del estatuto de YPF debía resolverse conforme a la ley argentina y ante los tribunales argentinos, utilizando los remedios procesales y sustantivos previstos en nuestro ordenamiento jurídico", agregaron desde la Procuración. 

Mientras que la defensa argentina planteó que los demandantes nunca optaron por recurrir a los tribunales argentinos y presentaron su reclamo en Estados Unidos años después, algo incluso planteado por los jueces, los demandantes sostuvieron que la posibilidad de resolver los litigios en los tribunales argentinos es una opción planteada por la ley, pero no la única alternativa a la resolución de los conflictos. 

Argentina también planteó en un segundo momento discutir el monto y la tasa de interés. El argumento fundamental radica en que para el cálculo de la pena debería tomarse el tipo de cambio del día de la expropiación y no el del día de la sentencia (septiembre de 2023). El fallo en total fue por u$s 16.000 millones, pero hoy supera los u$s 18.000 millones por los intereses. La tasa vigente ronda el 8% y es considerada excesiva. 

"El verdadero impulsor de este litigio es Burford Capital, un fondo con sede en el Reino Unido dedicado a financiar litigios, que está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria", dispararon desde la Procuración y agregaron que el fondo adquirió el reclamo por 15 millones de euros, por lo que perseguiría una ganancia superior al 37.000%. 

"Burford Capital ha manifestado públicamente su intención de 'poner arena en los engranajes' del proceso de normalización de la Argentina, es decir, obstaculizar los esfuerzos del país por reinsertarse en los mercados internacionales de capital y participar plenamente en la economía global", agregaron desde el organismo. 

Desde el Gobierno se muestran optimistas de que la Corte de Apelaciones revertirá la decisión de la Corte del Distrito y reconocerá que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones. 

Se espera que los magistrados tengan una decisión hacia el primer trimestre de 2026. Sin embargo, por la resonancia del caso, podría haber novedades antes.