Todos contra la Comisión Europea
Las cosas se complican para la Comisión Europea en el proceso de negociación del Marco Financiero 2028-34 y de la nueva Política Agraria Común (PAC). Por el momento, cuatro grandes grupos del Parlamento Europeo, los populares, los socialistas, los liberales de Renew y los Verdes, han dirigido una carta a la presidenta Von der Leyen en la que rechazan uno de los instrumentos esenciales de su propuesta: los llamados Planes de Asociación Nacionales y Regionales. Exigen su modificación para comenzar las negociaciones, que tendrán un primer paso importante el próximo mes, durante la Cumbre Europea de Jefes de Estado y de Gobierno.
En una carta que enviaron el pasado día 30, los responsables de los citados grupos reprochan a la Comisión Europea que su propuesta de Marco Financiero, presentada en julio, incluya la creación de «un plan nacional por Estado miembro», contra el que el Parlamento Europeo ya se había pronunciado en mayo.
En esa carta, los eurodiputados dicen que «el Parlamento Europeo no puede aceptar esto como base para iniciar las negociaciones» y reclaman una modificación de la propuesta con una serie de condiciones. En el texto se hacen múltiples referencias a la PAC. Así, por ejemplo constatan que las asignaciones propuestas para esta política y la de cohesión «representan una reducción sustancial en términos reales» respecto a la situación actual y recogen una reivindicación del sector agrario español al reclamar que ambas políticas, así como las de pesca o interior, cuenten con partidas diferenciadas e independientes.
En el caso concreto de la PAC, los eurodiputados de esos grupos piden que se mantenga su carácter común y que no se renacionalice. Según ellos, las propuestas de Bruselas se traducirán en «decisiones nacionales centralizadas que pasan por alto las prioridades de la UE y menoscaban su valor añadido». El reglamento sobre Planes de Asociación Nacionales y Regionales, tal y como está redactado, conduciría «a la fragmentación de la solidaridad y a la financiación de 27 planes nacionales dispares».
Esta amenaza de rechazo parlamentario a elementos clave del proyecto de la Comisión Europea podría materializarse en la próxima sesión plenaria del 12 de noviembre. Mientras tanto, los ministros de Agricultura también han formulado duras críticas contra esas propuestas. Estos temen perder el control sobre los debates y las negociaciones de la futura PAC y han reclamado que todas las medidas que estén relacionadas con el sector agrario se agrupen en un solo texto jurídico y que este sea competencia del Consejo Agrícola, con el fin de garantizar la coherencia.
Sus críticas se dirigieron contra el comisario de Agricultura, Hansen, y este se limitó a indicar que había tomado «buena nota» de ellas y se comprometió a tenerlas en cuenta en las próximas negociaciones para asegurar que la PAC siga siendo una herramienta sólida y eficaz. El ministro de Agricultura de la República Checa advirtió que no quiere continuar con los debates de la PAC hasta que se resuelvan las cuestiones presupuestarias y la estructura jurídica de la misma.
Luis Planas, por su parte, señaló que las negociaciones propiamente dichas no podrán arrancar hasta que los jefes de Estado y de Gobierno debatan el asunto en la reunión que tendrán los días 18 y 19 de diciembre. Tras indicar lo anterior, el ministro sanchista de Agricultura reconoció por primera vez que no tiene las competencias en materia presupuestaria. Aquí radica uno de los principales interrogantes de la posición española. Es verdad que Planas ha rechazado la propuesta de la Comisión Europea sobre la PAC, pero, a fecha de hoy, no sabemos cuál es la posición global del Gobierno español sobre el conjunto de la negociación, comenzando por el Marco Presupuestario. Esto último es competencia de los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, y de Economía, Carlos Cuerpo, y al final será lo que diga Moncloa, en definitiva, lo que decida Pedro Sánchez. Que se sepa, este no se ha pronunciado al respecto.
La posición española, como la de los restantes socios, debe abordar en primer lugar lo relativo a los ingresos que tendrán las arcas comunitarias y la cantidad de dinero de la que dispondrán. Solo entonces, cuando se sepan los fondos disponibles, podrán entrar en cómo se distribuye el gasto. En este segundo punto, lo más importante será lograr que se mantenga la independencia de la PAC y que sus fondos continúen siendo sagrados.